Laura Chinchilla y Ottón Solís: Fisco del país entre intereses, decisiones tardías y falta de liderazgo político

“Las reformas fiscales son las que más ponen a prueba la voluntad y capacidad de negociación de las autoridades de un gobierno y de los líderes de oposición".

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Anauim Valerín Pérez, setiembre  2017.   El periódico La Nación publicó este domingo un artículo de dos figuras de nivel de la política costarricense, la expresidenta Laura Chinchilla y el actual diputado y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís.

El artículo hace un llamado a tomar conciencia nacional sobre la crisis fiscal que enfrenta el país, donde los supuestos líderes en esta materia deberán apartar los intereses políticos, electorales y presiones de distintos gremios para buscar el bien común en el ámbito fiscal, porque si Costa Rica continúa bajo esta encrucijada llegará al abismo.

Argumentan uno de los párrafos del texto:

“Las reformas fiscales son las que más ponen a prueba la voluntad y capacidad de negociación de las autoridades de un gobierno y de los líderes de oposición. Todos los sectores buscan proteger sus rentas y que sean “otros” los que paguen el sacrificio, desplegando un intenso cabildeo para quedar por fuera de las nuevas obligaciones”.

A partir del 2010 Costa Rica debía entrar en negociaciones dentro del poder legislativo y diversos sectores para dar respuesta al déficit fiscal que alcanzaba el 4,9% y una deuda pública que se elevaba al 34% del PIB.

Pero todo este panorama, durante el mandato de Laura Chinchilla, existió un compromiso en un proyecto de ley para reformar el fisco, trabajando intensamente con equipos del gobierno y donde el PAC solicitó introducir la renta global, universal, disminución del impuesto al valor agregado (IVA) en servicios de salud, educación privada, mayor progresividad en renta e impuesto a dividendos de zonas francas para proyectos a instalarse a partir del 2015. Cuyos estudios estimaron una recaudación del 1,5% del PIB.

Sin embargo, detonó costos políticos porque debían enfrentarse a sectores cercanos, afirmando que:

“…pese a que según un Estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR determinó la progresividad de la reforma propuesta, siendo que un 73% de la recaudación recaería sobre el 20% de más altos ingresos, los detractores de la reforma parapetados detrás de la izquierda y de la derecha legislativas y apoyados por un sector de la prensa, desplegaron una efectiva estrategia de ataque a esta.”

Aunque se logró aprobar otras leyes fundamentales como lo es la Ley de Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Aduanera, que permitió efectividad en el cobro de impuestos y la Ley de Transparencia Fiscal posibilitando el intercambio de información tributaria con autoridades del exterior, sin embargo, la Ley Solidaria Tributaria no se aprobó por golpe constitucional, dejándole la tarea al Gobierno que asumió su poder en el 2014.

“Seis años después de que en setiembre del 2011 anunciáramos nuestra disposición a llegar a acuerdos, el país se encuentra sin reforma y en un escenario fiscal peor que el de entonces; el déficit se acerca al 6% y la deuda pública asciende a un 46 %, del PIB”, afirma el escrito.

Tanto Laura Chinchilla como Ottón Solís, arremeten contra la actual administración por el tiempo político perdido y sus consecuencias, donde partidos políticos de oposición no se dispondrán a negociar sobre el fisco del país a tan solo cinco meses de la elección nacional.

ARTÍCULO GENERADOR DE CONSCIENCIA

El panorama expuesto en el artículo de estos dos grandes de la política nacional y que han estado responsablemente detrás de este tema por años, exige de opiniones para enriquecer un escrito de tal calidad.

Carlos Carranza politólogo, catedrático de la UCR nos comenta más a fondo sobre este tema:

“Si bien puede haber objeciones para grupos importantes, las cuales hay que escuchar y hay que atender en alto grado, también hay que entender que si no se hace este esfuerzo Costa Rica se vería sumido en una crisis fiscal en los próximos meses, y fundamentalmente a partir del 2018 o 2019, cuando podría haber insolvencia por parte del Estado”.

Según organismos internacionales el país tiene una capacidad fiscal limitada, solo contamos entre el 13 % al 15% del PIB para utilizarlo en fines de gasto público y desarrollar actividades fundamentales para el país como infraestructura, salud, vivienda entre otras áreas estratégicas esenciales.

Afirma, Carranza que a la par de este escenario, el Ministerio de Hacienda en el presupuesto del 2018 recalca que uno de los componentes importantes es el pago de la deuda, causando en primera instancia el impedimento de utilización de recursos para otras acciones fundamentales y el Gobierno deberá captar al mercado para hacerle frente a la situación.

“Entender esto es fundamental, ya que esta carta firmada por estos dos seguidos ciudadanos demuestra que, por encima de banderas políticas, está el interés por la Patria, el interés nacional y sobretodo que el país debe seguir fortaleciendo, el desarrollo”.

Por lo que, el país deberá entrar en reformas grandes como lo es empleo público, reestructuración de instituciones públicas, así como la efectividad del sector público, para desarrollar un plan presupuestario con requerimientos reales para el desarrollo del país y mejoramiento en la inversión pública.

“En síntesis, podríamos indicar que es un esfuerzo que hay que apoyar y que debemos unir a todos y todas los costarricenses”, cierra Carranza.

 NO ES UNA CRÍTICA, ES LA REALIDAD

Pablo Barahona, abogado y analista político, afirma desde dos puntos de vista el artículo de dos políticos de alta factura.

En el primer panorama, denota que estos son políticos de primer nivel que muestran una realidad de la actual administración:

“En ese tanto se puede decir en un punto de vista más superficial, uno diría que es una sacada de clavo, un recordatorio, echada en cara, una crítica desde luego dirigido esto al Gobierno de Luis Guillermo Solís y del PAC, lo que no sería contradictorio con la tesis que ha sostenido Ottón Solís desde inicio de Gobierno”.

Un recordatorio al poco compromiso de la administración Solís Rivera, como Barahona afirma “con urticaria por la presión de los sectores, de ciertas minorías y poco comprometido a asumir el costo político para grandes proyectos”.

En segunda instancia, tanto Ottón Solís como Laura Chinchilla en el artículo expresan el compromiso en esta materia, así como la poca comprensión de diferentes sectores e intentaron prevenir la crisis que enfrenta este Gobierno, pero demostró la administración una respuesta tardía a decisiones oportunas, con un discurso que ha confirmado su falta de congruencia.

“Aun así está claro que el capital político con Luis Guillermo Solís a estas alturas no alcanza, quizá jamás alcanzó, sobre todo por su poca experiencia en el nivel de juego político legislativo, Solís nunca fue diputado, nunca le tocó ser asesor legislativo, nunca estuvo cercano a esas líneas y nunca entendió que un presidente en proyectos nacionales tiene que implicarse personalmente con todo su capital político, y este era uno”.

Evidencia una gestión que no pudo sacar su tarea, donde Barahona finaliza destacándolo como uno de los mayores fracasos de la administración Solís.

Un camino que requiere liderazgo político, unión de partidos políticos, priorizar en el bien del país, dejar de preocuparse por sus propios intereses y que en este momento los votos lo ganen con propuestas que cumplirán una vez que adquieran la administración de la República.

Los costarricenses están cansados, pero también el país debe unirse y tomar consciencia de que este es un tema prioritario, en donde los datos han demostrado que desde el gobierno de Arias hasta el de Solís, Costa Rica disparó sus gastos en un 83% sin tener dinero para pagarlos ¡BASTA DE BUFONADAS! 

YA es cuando la transparencia y claridad, así como madurez política deberán adueñarse de las fuerzas gremiales para una solución definitiva. Medidas firmes en la reforma fiscal para elevar la carga fiscal y redistribuir solidariamente las obligaciones fiscales, así como la contención y racionalización del gasto.

El bienestar social debe estar por encima de cualquier interés, el compromiso se basa en que Costa Rica no sufra de inestabilidad económica, que podría tomar por sorpresa a los costarricenses. Recordando la frase del artículo: “más costoso será el reclamo de la historia a quienes sigan evadiendo esta responsabilidad”.

 

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