Leiner Vargas: Empleo público y reforma del Estado

Estoy más cercano a una posición de cambio que incluya y no excluya a los trabajadores. Estoy más cercano a la necesidad de concertar las transformaciones con los actores, sindicatos, universidades, la CCSS y el Poder Judicial entre otros.

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Leiner Vargas Alfaro, Economista (Dr.).

Estamos viviendo tiempos de cambio, algunos como resultado de las transformaciones tecnológicas y poblacionales de la época y otros, como parte de un ajuste natural de las instituciones y organizaciones sociales ante las nuevas demandas de la ciudadanía. Interpretar y adecuar dichos cambios, de manera que impacten positivamente a la sociedad y no se conviertan en instrumentos de poder y de profundización de la desigualdad y la exclusión social, es la responsabilidad de los líderes de turno en la sociedad. No en pocas ocasiones la evolución social muestra retrocesos y tenemos rezagos entre las demandas y los cambios propuestos, este es el principal desafío cuando se quiere intervenir en materia de reforma del sector público y en particular, algo tan sustantivo y endeble como el empleo público.

Ejercer la dirección y la profundidad del cambio es esencial para lograr los propósitos y cumplir los objetivos propuestos. Alinear las transformaciones sociales con la cautela de una gacela y con la habilidad de un castor, es la única forma para no derribar de tajo, el proceso histórico construido en sociedad. Es por eso por lo que mi crítica a la llamada ley de empleo público fue siempre la misma, la poca o escasa coherencia entre los objetivos propuestos y las herramientas o instrumentos para su aplicación. No se trata de oponerse a la brava o de plantearse como lo han hecho algunos, una sacada de clavo contra los colaboradores públicos. Se trata de valorar adecuadamente los objetivos y alinearlos a los instrumentos que tiene la legislación.

Veamos un par de ejemplos. El tema de la masa salarial público y sus disparadores. Se sigue pensando que la ley de empleo público corregirá dicha situación. Empero, este hecho ha sido ya legislado y con gran profundidad en el capítulo 3 de la ley de reforma fiscal del 2018. Es sin duda alguna la regla fiscal y los instrumentos de control del gasto asociados suficiente para disminuir y cancelar los disparadores del gasto, sobre todo las anualidades, los sobresueldos y la dedicación exclusiva, además de la necesidad de mantener una razón de crecimiento muy baja hasta alcanzar las cifras de equilibrio de la deuda propuestas. Para quienes argumentan que la reforma al empleo público propuestas tienen un impacto fiscal favorable, debo decirles con todo conocimiento que no será así, que la imposición a la fuerza del salario único no significa ni en el corto ni en el mediano plazo un ahorro sustantivo en la planilla, dado que los derechos adquiridos seguirán existiendo y que por el contrario, para las categorías de salario inferiores al salario de mercado (algo no existente ni claro aún) se seguirá el patrón de crecimiento en espiral. De tal manera que los instrumentos propuestos en la ley de empleo público no atienden a la necesidad de reducir las diferencias salariales ni tampoco en reducir el gasto, simplemente asumen de principio que el salario único es bueno y punto. He de decirles a los que apuntan con tanto entusiasmo a la OECD que no existe en este tema ni siquiera un acuerdo internacional, los diferenciales de salario entre los empleados públicos de la OECD dan cuenta de múltiples modelos y no de un modelo exclusivo o de mejor práctica en este ámbito.

Un segundo tema al que pareciera le dan suma importancia quienes apuestan por la ley de empleo público, la igualdad entre las instituciones del sector público. Quisiéramos sumar a los trabajadores como si fueran peras o bananas que se compran en el mercado. Entonces un profesional de justicia, uno de la CCSS o del TSE, peor aún, un profesor universitario debería ganar lo mismo si tienen el mismo título o años de experiencia. Esta falacia de agregación presume y asume que el mercado emparejaría los salarios, algo que es total y absolutamente falso. Los salarios de mercado, si es que esa categoría es verificable y medible no son tan simples como los precios de las naranjas o del café que nos tomamos en la esquina. La racionalidad de quienes aspiran a fijar límites o topes a la baja asumen que los mercados laborales son absolutamente perfectos, transparentes y además, de plena información. Déjenme decirles que esto sólo ocurre en la mente de algunos liberales de extrema derecha y en mal formados economistas de panfleto.

La verdad es que la institucionalidad e imperfecciones de los mercados de trabajo son ampliamente conocidas y referenciadas en la ciencia económica, de tal forma que la fijación de topes o precios de mercado es solamente una falacia. Si bien debería existir racionalidad en las diferencias salariales de diferentes oficios y profesiones, la igualación de profesiones, funciones o actividades con topes salariales impuestos solo provocaría mayores imperfecciones del mercado laboral público. El pretendido instrumento de igualdad se podría convertir en una espada de Damocles para la funcionalidad pública.

Queda en evidencia que los instrumentos propuestos en la ley no van en la dirección de los objetivos y propósitos de esta. Queda ahora la noción o discurso de cambio, ¿hacía adónde? o ¿con que propósitos? Algunos quisieran atribuirle a la ley de empleo público una especie de versión de ajuste al sector público, que tampoco tiene. La inconstitucionalidad asociada con ella ha dejado de manifiesto que la reforma pretendida de eliminar o reducir la autonomía no tiene fundamentos legales. Tampoco la centralización propuesta en la entidad de MIDEPLAN. Si bien se podrían algunos elementos del articulado propuesto para remendar la ley y salir del paso, lo cierto es que el remedio podría ser peor que la enfermedad.

Estoy más cercano a una posición de cambio que incluya y no excluya a los trabajadores. Estoy más cercano a la necesidad de concertar las transformaciones con los actores, sindicatos, universidades, la CCSS y el Poder Judicial entre otros. Soy un claro promotor de la descentralización y de la democracia, entendiendo que debe de haber límites y proporcionalidad en los temas abordados. Cierto es que los zapatos de Lorenzo no tienen por qué quedarle a Lorenza, aunque su nombre suena y se parece tanto. Estoy de acuerdo en ordenar y abordar el tema del empleo público, empero, debe de ser de forma pragmática y transparente, poniendo el instrumento correcto al objetivo deseado. Lo que han hecho con la actual ley en discusión es la forma menos correcta de intentar adaptar o reformar el Estado.

El desarrollo institucional costarricense ha sido sólido para soportar tanto el populismo como el centralismo y autoritarismo. Es cierto, requerimos cambios y adaptaciones para avanzar en este siglo XXI, todo a su debido tiempo y sobre bases sólidas. Sin embargo, la ley de empleo público ha sido una desacertada propuesta de centralización y opresión social que claramente se aleja del estilo y del ser de la sociedad costarricense y de su constitución. Es hora de concertar e integrar en un verdadero cambio de modelo público, pero inclusivo y sostenible, donde el colaborador público sea valorado en su dimensión y acorde con su aporte al valor público. Es hora de dejar atrás lo actuado y retomar el camino costarricense de ser y actuar.


Publicado originalmente en La República

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