Leiner Vargas Alfaro, Economista (Dr.)

Desde los recónditos rincones de Latinoamérica hasta las calles de San José, la exclusión financiera ha sido un tema de constante debate, una sombra que se cierne sobre millones de consumidores financieros vulnerables. A lo largo de los años, muchos han culpado a las regulaciones sobre los topes de usura de las tasas de interés como la principal causa de este fenómeno. Sin embargo, la experiencia costarricense nos proporciona una perspectiva matizada sobre el tema.

Primero, es imperativo reconocer el peligro del crédito “gota a gota”, un sistema informal que, en ausencia de regulaciones formales, ha devastado a familias enteras, confiscando sus activos y amenazando su integridad física. Estos sistemas no sólo son predadores, sino que están a menudo respaldados por entidades que se benefician de la desesperación de los consumidores, adquiriendo bienes a precios de remate tras forzar la bancarrota de las familias endeudadas. En este escenario, establecer un tope a las tasas de interés actúa como un escudo protector para los consumidores más vulnerables, impidiendo que caigan en las redes de estos prestamistas inescrupulosos.

La regulación en Costa Rica ha demostrado, contrariamente a algunas críticas, que no induce a la exclusión financiera. Al contrario, al establecer topes de usura, se promueve una mayor responsabilidad por parte de las instituciones financieras. Esto se traduce en una mejor gestión del riesgo, un equilibrio entre los costos de administración y el estudio de los créditos entregados, y finalmente, una reducción del riesgo sistémico. Estas prácticas saludables, a su vez, fomentan una mayor inclusión financiera, al permitir que más consumidores tengan acceso a créditos formales y justos.

Es cierto que existen voces que argumentan que estas regulaciones limitan la oferta crediticia, especialmente para aquellos consumidores considerados de “alto riesgo”. Pero, en muchos casos, estos argumentos provienen de entidades que desean explotar las vulnerabilidades de los consumidores, y no deberían tomarse a la ligera.

El verdadero desafío para Costa Rica y otros países de la región no es decidir si regular o no las tasas de interés, sino cómo abordar las causas subyacentes de la exclusión financiera. La creciente desigualdad, la falta de educación financiera y las barreras de acceso a servicios financieros formales son problemas profundamente arraigados que requieren soluciones integrales. En lugar de retroceder a un pasado de usura y explotación, debemos avanzar hacia un futuro de inclusión social y productiva.

La experiencia costarricense nos muestra que no debemos ceder ante narrativas simplistas. Las regulaciones sobre topes de usura no son el enemigo; pueden ser, de hecho, una herramienta crucial para proteger a los consumidores y fomentar un sistema financiero más justo y equitativo. Es hora de que Costa Rica y toda Latinoamérica se concentren en las soluciones reales para la exclusión financiera, y no se dejen distraer por falsas dicotomías.

 

Publicado originalmente en La República