Leiner Vargas: Regulación del precio del arroz, técnica o política

Pretender defender al consumidor haciendo que pague menos que los costos medios calculados puede resultar mucho más caro para dicho consumidor a la vuelta de la esquina. Es por eso por lo que, cada día nos quedamos con menos productores e industriales del arroz en el país.

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Leiner Vargas Alfaro, Economista (Dr.).

Históricamente el país ha regulado el precio, la calidad y las condiciones técnicas de producción, industrialización y comercialización del arroz. La segunda y tercera categorías regulatorias no ha sido objeto de gran debate público, ciertamente los productos alimentarios requieren llegar a los consumidores bajo los mejores estándares de calidad e inocuidad y deben mantenerse normas coherentes al producir, empacar, almacenar y distribuir la producción. Empero, la regulación de precios ha sido objeto de innumerables críticas, de mitos y realidades. Quiero concentrarme en esta última y en los avatares recientes que ponen a las autoridades del MEIC, nuevamente en la picota.

Sobre este particular de la regulación del precio del arroz, vale la pena separar el debate de las causas o razones para regular el precio, en contraposición con la forma, método o procedimiento para ejercer dicha regulación. Tradicionalmente, hemos aprendido en los libros y manuales de economía que la mejor manera de regular es el propio mercado, por lo que la regulación será siempre un segundo o tercer mejor, lo ideal sería el adecuado funcionamiento de los mercados. Sin embargo, no es poco común la existencia de fallas sistémicas de los mercados, muy en particular, los mercados agroindustriales y de productos básicos como el arroz. De ser así, lo conveniente sería una adecuada regulación.

Las cadenas de producción, industrialización y comercialización de los productos agrícolas como el arroz pueden tener entre otras, problemas de alta concentración o participación de mercado en pocos productores, integración vertical de las actividades productivas, concentración excesiva del mercado en pocas empresas y en general, alto poder o margen de discriminación frente a los consumidores por grupos de comerciantes o mayoristas. A lo anterior, podemos agregar fallas en los mercados de suministros y de semillas, problemas de almacenamiento y tratamiento postcosecha y muy comúnmente, la alta vulnerabilidad del consumidor, al tener pocos sustitutos el producto en cuestión, sobre todo, en los rangos bajos y medios de la distribución del ingreso. Lo anterior, lleva implícitamente a la necesidad de utilizar la regulación de precios y tratar de generar un mejor equilibrio del que se lograría a través de los mercados imperfectos. La relevancia de hacer regulación consiste en tener un resultado social mejor que el que resultaría de un mercado imperfecto. De esta forma, un precio justo, sería aquel que mantenga la producción y brinde al consumidor el menor costo de oportunidad medio posible. Para lograr lo anterior la regulación de precios debe de ser transparente, consistente y darse en tiempo y lugar, sin rezagos de costos o de tiempo.

Si bien existen varias formas o metodologías regulatorias, el país apostó desde hace muchos años por el mecanismo de construcción del costo medio o tasa de retorno, como se le conoce más técnicamente. Dicha metodología regulatoria ha sido la forma predominante en los mercados regulados por ARESEP y muy en particular, en el mercado del arroz de Costa Rica, que se encuentra a cargo del Ministerio de Economía MEIC. Dicha metodología regulatoria parte del reconocimiento de los costos medios de la cadena agroindustrial y un margen de retorno a la inversión, que sea equivalente al costo de oportunidad sobre la inversión de capital asociado con la actividad económica del arroz. La aplicación correcta del modelo regulatorio de precios, parte en primer momento, de un adecuado diseño de los coeficientes de costos fijos, variables, financieros y de capital, así como, la mayor precisión posible en la contabilidad regulatoria asociada, para llegar al valor del costo medio de la producción del arroz. El tercer factor calve para tener éxito en la práctica regulatoria es aplicar la regulación en tiempo y lugar, sin rezagos de costos o de tiempo y sobre todo, siguiendo al pie de la letra lo que indique la técnica asociada de costos y sus resultados. De no ajustarse a la técnica, la regulación podría ser un mal aún peor que los resultados imperfectos del propio mercado.

No nos cuestionamos en este artículo si existen otras metodologías regulatorias o si tenemos dificultades para encontrar los valores de los coeficientes del modelo regulatorio, temas que he tratado en otros momentos, sobre este y otros mercados regulados en su precio. Quiero cuestionarme más bien, las tentaciones a que puede llevar la metodología de costos al actor político o entidad regulatoria. Es bastante común escuchar hablar bien de la técnica cuando lo que se mide es una rebaja o corrección a la baja en los precios regulados. Bombos y platillos y hasta la foto de las autoridades para anunciar a la ciudadanía la caída de los precios. Empero, en muy pocas ocasiones los políticos se sienten felices cuando lo que se anuncia es un alza en el precio regulado, sobre todo, si estamos cerca o en vísperas de las elecciones. Sobre esto último, se intenta no en pocas veces de negociar un precio político, más que utilizar la técnica correcta regulatoria. Esta forma de regular termina siendo el peor de los resultados para el consumidor y para los agentes y el funcionamiento del mercado.

Este es el drama de momento en el mercado del arroz. El precio regulado ha sido de gran ayuda para los consumidores en los años y meses recién pasados. Sin embargo, la escalada de costos que viven los mercados internacionales de granza y de arroz pilado, así como, el encarecimiento de los fletes marítimos y la logística de importación, pone un alto estrés sobre los parámetros del modelo regulatorio. Los cálculos de CONARROZ, entidad técnica encargada de contabilizar los coeficientes del modelo actual, dan cuenta de la necesidad urgente de subir un 12.56 por ciento en el precio final al consumidor, aspecto que claramente es un golpe al bolsillo de los costarricenses. Ya sea que se compre en el mercado local o se importe, los costos de la granza, principal materia prima para producir el arroz, han subido o deben subir, por lo que intentar parar la corriente o detener temporal y ficticiamente el aumento de precios del arroz, significa una pérdida económica para alguien, significa afectar la credibilidad en la regulación y como tal, afectar la inversión y los resultados de mediano y largo plazo del mercado.

Ciertamente los modelos regulatorios no son perfectos, pero ejercer la regulación debe de llevar un compromiso de transparencia y de consistencia en el tiempo. Asumir precios políticos o fijar precios distintos a los recomendados por la técnica regulatoria elegida, sólo aumentará la incertidumbre y provocará pérdidas o cierre de los negocios e inversiones. Al fin y al cabo, la regulación por costos lleva implícito la necesidad de subir o bajar los precios en tiempo y lugar, no importa si es políticamente deseable o no lo es, la policía mezclada con la regulación es una mala práctica que debería evitarse a toda costa, sobre todo cuando está en juego la seguridad alimentaria del país.

Pretender defender al consumidor haciendo que pague menos que los costos medios calculados puede resultar mucho más caro para dicho consumidor a la vuelta de la esquina. Es por eso por lo que, cada día nos quedamos con menos productores e industriales del arroz en el país. Concentración del mercado de granza aún más y por supuesto, alto poder de mercado de los grupos industriales más grandes, ante la posibilidad de quiebras de las industrias pequeñas no integradas con el agro. Si queremos evitar entonces que se profundice las fallas del mercado existentes, la regulación del precio debería darse en tiempo y lugar, debería reflejar los cambios en los costos medios del mercado y sujetarse, al criterio transparente y correcto de la entidad técnica encargada. La regulación política de precios puede ser al final del día más costosa y dañina para el consumidor al ser ruinosa para quien produce, industrializa o comercializa el arroz. En tanto no se cuente con otra forma de hacer la regulación, las autoridades deben de seguir la técnica y atender los resultados del modelo existente.


Publicado originalmente en La República

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