Leonardo Garnier: Los dilemas y las contradicciones de la “alerta roja”.

Reitero lo que dije al principio: los ciudadanos no somos expertos, y no somos gobierno. No nos corresponde responder estas preguntas. Pero nos corresponde hacerlas.

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Leonardo Garnier Rímolo, Economista (Dr.).

Empiezo por aclarar que este no es mi campo y no pretendo saber si corresponde o no declarar “alerta roja” en el país ante la enorme presión que la pandemia del COVID-19 está poniendo sobre el sistema de salud, que se ve sobrepasado por el acelerado aumento en los contagios, las hospitalizaciones y las muertes. Es el tipo de decisión que compete al gobierno y a los expertos. Pero escribo esto precisamente porque, como ciudadanos, vemos posiciones distintas entre autoridades – por ejemplo entre los gerentes de la Caja Costarricense de Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) – y, más grave aún, vemos contradicciones en las propias posiciones de la CNE.

En efecto, el jueves 30 de julio de 2020 – hace poco menos de un año – cuando en el país se detectaban alrededor de 500 nuevos contagios por día y teníamos unas 200 personas hospitalizadas (38 en cuidados intensivos), el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, advirtió que si la situación seguía empeorando hasta amenazar con el colapso del sistema de salud, habría que declarar “alerta roja”.

Hoy la situación es mucho más crítica. El país está identificando más de dos mil nuevos contagios por día, cuatro veces más que en aquel momento; hay 1.300 personas hospitalizadas (466 requiriendo cuidados intensivos), muy por encima de la capacidad óptima del sistema de salud. El promedio diario de muertes es el más alto de toda la pandemia, y sigue aumentando. En estas condiciones, los gerentes de la CCSS han solicitado públicamente al gobierno la declaratoria de esa “alerta roja” que permitiría atender mejor esta emergencia y, sin embargo, la CNE rechaza la solicitud con argumentos que no solo contradicen a los gerentes de la Caja sino que contradicen también lo dicho por el propio Alexander Solís hace once meses.

De acuerdo a lo que Solís sostiene hoy – y a diferencia de lo que decía entonces – no corresponde decretar “alerta roja” por la emergencia de la COVID-19 ya que eso representaría que el país se declare en estado de “desastre natural” y las medidas que se tomarían provocarían el “cierre” del país. Solís prácticamente descartó que se vaya a realizar esta declaratoria ya que, según él, declarar alerta roja implica que se tomen decisiones en contra de las libertades individuales y comerciales, e incluso se tendría que impedir ingresos y salidas del país. ¿Y entonces por qué lo veía viable hace once meses?

Y la cereza en el pastel, Solís cerró su argumento casi renunciando al cumplimiento de sus responsabilidades, al preguntarse: “¿Qué ganamos nosotros cerrando el país si la gente no nos va a  hacer caso?”

Yo, más  bien, me pregunto cuál es la diferencia entre julio 2020 y mayo 2021. ¿Por qué en aquel momento el jerarca de la CNE consideraba que ante un inminente colapso del sistema de salud habría que decretar alerta roja para poder enfrentarlo adecuadamente y hoy, cuando efectivamente estamos viviendo ese inminente colapso, don Alexander nos dice que “no corresponde” decretar alerta roja? ¿A cuál Alexander Solís le creemos, al de julio del 2020 o al de mayo del 2021?

Reitero lo que dije al principio: los ciudadanos no somos expertos, y no somos gobierno. No nos corresponde responder estas preguntas. Pero nos corresponde hacerlas.


 

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