Lilliana Sánchez Bolaños, Politóloga MSc.
Los pueblos indígenas son herederos y practicantes de culturas únicas y formas de relacionarse con las personas y el medio ambiente. Han conservado características sociales, culturales, económicas y políticas que son distintas a las de las sociedades en las que viven. A pesar de sus diferencias culturales, los diferentes grupos de pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes relacionados con la protección de sus derechos como pueblos distintos y buscado el reconocimiento de sus identidades, sus formas de vida y su derecho a las tierras, territorios y recursos naturales tradicionales por años; sin embargo, a lo largo de la historia, siempre se han violado sus derechos.
Los pueblos indígenas son, posiblemente, uno de los grupos de personas más desfavorecidos y vulnerables en el mundo hoy en día. La comunidad internacional reconoce ahora, que se requieren medidas especiales para proteger los derechos de estos pueblos.
En Costa Rica somos deudores históricos que de generación en generación hemos trasmitido dos perversidades de la Colonia: el racismo y la exclusión económica-cultural contra nuestros indígenas.
El Estado en nuestro país se obliga a la aplicación de los estándares de los derechos humanos precisados por tratados y acuerdos internacionales, como por ejemplo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue avalada por nuestro país en el 2007. Asimismo, se concretó una iniciativa que la comunidad internacional sigue celebrando, en particular la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, al generarse en nuestro medio un Mecanismo General de Consulta a los Pueblos Indígenas.
Este Mecanismo significó preguntarle a dichos Pueblos cómo debían ser consultados y elaborar junto a ellos un reglamento de cómo consultarlos. El producto de dicho esfuerzo fue un decreto ejecutivo del anterior gobierno que firmó el ex presidente Solís, y de acatamiento obligatorio para todas las instituciones que conforman el Poder Ejecutivo. De esta forma el país cumplió con una de las recomendaciones que la Relatoría Especial sobre los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas le hiciera al país en el 2012. El asunto se tradujo en etapas claras, sencillas y debidamente normadas. Fue un trabajo de dos años en la que participaron un poco más de 5.000 indígenas de todas las comunidades étnicas junto a las autoridades del gobierno central.
Sin embargo, hoy, han pasado 25 años sin que la demanda fundamental de autonomía de los Pueblos Indígenas haya sido atendida por la Asamblea Legislativa. Que el Congreso no haya votado el proyecto Ley de Autonomía Indígena, expediente 14.352, constituye la más grave violación a los derechos humanos hecha a los Pueblos Indígenas de Costa Rica.
Y es ahí, dónde surge la pregunta sin respuesta: ¿Por qué la Asamblea Legislativa no ha cumplido con sancionar un derecho humano fundamental de una parte de su población urgida de su pleno goce? Hay derecho a preguntarse razonablemente sobre el estado de una cultura racista que todavía persiste en la sociedad costarricense de manera no manifiesta, no explícitamente racista, sino una que de manera velada se ha transmitido, producto del hábito y la costumbre, en las formas de pensamiento y en el actuar de la sociedad costarricense, prejuicio que claramente involucra a las diputadas y a los diputados.
Porque una de las manifestaciones más claras de racismo, radica en la subestimación del “problema indígena”, puesto que con negativas actitudes de toda índole que advierten que el asunto no es urgente porque nuestros indígenas siguen siendo considerados como algo marginal, de poco interés y a lo que no se le da solución.
O es que el cumplimiento de los derechos humanos no es prioridad en nuestro país a pesar de que todos los Gobiernos han luchado por hacerlos valer. O es que no existe voluntad política en el tema indígena.
Debemos subrayar que si a justicia es pronta y cumplida, cómo es posible que en 25 años la indiferencia de los legisladores hacia los pueblos indígenas y el cumplimiento del derecho internacional por parte del país deja mucho de desear.
La pésima calificación de la Asamblea Legislativa como Primer Poder de la República hace ver la poca urgencia que se tiene en esa Institución “donde la soberanía del pueblo es depositada” para dar cumplimiento a nuestros pueblos indígenas es innegable. ¿Cuánto de la lentitud institucional tiene un componente cultural racista, consciente o inconsciente, capaz de entorpecer el cumplimiento de una legislación esencial que demanda cumplimiento?.
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