Lilliana Sánchez Bolaños., Politóloga (Msc.).

Hace unos días, en el artículo El narcotráfico en la mira

exploramos a fondo el tema del narcotráfico en Costa Rica, destacando los desafíos y peligros que enfrenta el país. Hoy, tras el intrigante conversatorio organizado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), titulado “Crimen Organizado, narcotráfico y desafíos de seguridad en la Costa Rica actual,” quiero retomar algunos de los aspectos más destacados de este evento que revela una perspectiva sombría sobre el futuro de nuestro país.https://www.larevista.cr/lilliana-sanchez-el-narcotrafico-en-la-mira/

Bajo el título “Exjerarcas en seguridad advierten que Costa Rica va en ruta a ser uno de los países más violentos del mundo,” el periodista Mario Bermúdez del Semanario Universidad detalla las alarmantes proyecciones expresadas por exdirectores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y un viceministro de Seguridad. La premisa inicial es clara: la idílica imagen de Costa Rica como un país pacífico y sin ejército está en riesgo de transformarse a una en donde claramente se convierte en uno de los diez países más violentos del mundo.

El conversatorio en la ANEP revela una realidad preocupante para Costa Rica. Las advertencias de exjerarcas en seguridad son claras y apremiantes.

Gustavo Mata, Rafael Ángel Guillén y Álvaro Ramos compartieron su preocupación durante el conversatorio, haciendo hincapié en la ausencia de señales que indiquen una disminución en la crisis de violencia actual. De hecho, advirtieron que la tasa de homicidios podría aumentar aún más en 2024, alcanzando la escalofriante cifra de 1500 al ano. Estos expertos señalaron la necesidad urgente de acciones más enérgicas, abogando por dotar a las fuerzas policiales de mayores recursos y la adopción de una auténtica política de Estado.

Las palabras de Mata son un llamado de atención, recordando que a principios de este año advirtieron al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de invertir más en seguridad. Sin embargo, las cifras actuales son desalentadoras, con 786 homicidios ya registrados y la proyección de alcanzar los 930 al finalizar el año. La predicción para el próximo año, si no se toman medidas significativas, es aún más aterradora: 1.500 homicidios, un incremento del 44% en comparación con este año.

Ramos refuerza la gravedad de la situación al destacar que, en cualquier sociedad civil, un aumento del 44% en homicidios en una década sería extremo, pero en Costa Rica, este incremento se ha producido en tan solo un año. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, que alcanzó 12.6 en 2022, ya es considerada una epidemia. Si no se toman medidas, se teme que para 2024, esta tasa podría superar el índice de 25, ubicando a Costa Rica entre las diez sociedades más violentas del mundo sin conflictos bélicos.

La urgencia de Guillén refuerza la necesidad de detener esta escalada de violencia, destacando que, de no lograrse, el próximo año será aún peor, con un aumento pronosticado en la contabilidad de muertos. El consenso entre los expositores es claro: se requieren medidas más enérgicas, especialmente en términos de asignar mayores recursos a las organizaciones policiales.

Guillén cuestiona la capacidad de la policía para enfrentar a grupos criminales con recursos y armas casi ilimitados, especialmente cuando se les proporcionan recursos escasos. Además, resalta la amenaza de vetar iniciativas clave, como quitarle al OIJ el pago de impuesto de valor agregado (IVA), por criterios fiscales.

Ramos subraya que no se pueden escatimar recursos en materia de seguridad y exige decisiones más firmes. Critica la falta de contención, prevención y asignación de recursos necesarios para abordar esta epidemia. Mata agrega que la crisis actual no se resolverá con propuestas superficiales, como escáneres o proyectos gubernamentales; se necesita una auténtica política de Estado, una hoja de ruta respaldada por expertos y una inversión significativa en recursos para la policía.

Los exdirectores pintan un panorama sombrío, describiendo una transformación del modelo criminal desde la delincuencia común de los años 80 hasta un crimen organizado impulsado por lo que llaman “un tsunami de cocaína.” Mata destaca la inquietante realidad de reclutamiento de niños y jóvenes como sicarios, una situación inimaginable hasta hace poco.

Ramos señala que el principal motor de los homicidios es la guerra por controlar el mercado local de la marihuana, representando alrededor del 82% de los casos. Sin embargo, advierte sobre un problema aún mayor: el “tsunami” inminente de fentanilo y drogas industriales que podría desencadenar una lucha por el control del mercado de drogas.

El impacto de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se intensifica con la presencia de minicarteles en el Atlántico y diez estructuras importantes en el Gran Área Metropolitana, sumando complejidad a la situación. Guillén concluye llamando a un gran debate nacional, destacando la necesidad de acciones más allá de lo presupuestario, incluida la gestión de la creciente población carcelaria.

El conversatorio en la ANEP revela una realidad preocupante para Costa Rica. Las advertencias de exjerarcas en seguridad son claras y apremiantes. Es hora de que el país enfrente de manera decisiva esta crisis, implementando medidas efectivas y coordinando esfuerzos a nivel nacional. La seguridad de Costa Rica está en juego, y la respuesta de las autoridades y la sociedad en su conjunto será fundamental para evitar el sombrío destino que se vislumbra en el horizonte.