Lilliana Sánchez Bolaños., Politóloga (Msc.).

Desde la llegada al poder del Presidente Chaves Robles en mayo de 2022, el manejo de la publicidad gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), a estado sometida a un escrupuloso examen. Se han presentado críticas continuas, denunciando irregularidades y arbitrariedades, lo que ha llevado a la Asamblea Legislativa a establecer una Comision de Investigación Especial a efecto de analizar y aclarar las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo.

La preocupación fundamental es la falta de transparencia en el proceso de adjudicación de contratos, muchos de los cuales se han realizado violentando las disposiciones legales vigentes ante todo de la Ley de Contratación Administrativa.

El SINART ha cancelado contratos con medios de comunicación tradicionales, sin justificación técnica ni financiera aparente, otorgando nuevos contratos a medios alternativos, muchos de los cuales son afines con el gobierno.

Estas acciones se han interpretado como represalias políticas por parte del presidente Chaves Robles a los medios de comunicación que definen, como se hace en una democracia, posiciones diferentes a las expresadas por el gobernante.

La ex ministra de Comunicación, Patricia Navarro, ha declarado ante la Comisión de Investigación que el mandatario le ordenó cancelar contratos con radios, diarios y televisoras, acusándolos de ser “medios vendidos”.

La intervención de la Contraloría General de la República (CGR) ha aumentado la desconfianza en la gestión de la publicidad gubernamental. La Institución ha rechazado dos veces el presupuesto del SINART debido a inconsistencias y ha criticado duramente el proceso de adjudicación de contratos, alegando falta de transparencia e incumplimiento de la normativa vigente.

La recopilación de pruebas por parte de la Comisión investigadora de la Asamblea Legislativa sugiere la participación directa del presidente Chaves en la toma de decisiones sobre la publicidad gubernamental. Testimonios de la ex Ministra Navarro, el ex Presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, y la Presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, han destacado la injerencia del mandatario en la cancelación y adjudicación de contratos.

El presidente Chaves ha argumentado que sus medidas buscan democratizar la distribución de publicidad, otorgando acceso a otros medios de comunicación. Sin embargo, se ha cuestionado esta afirmación, ya que se alega que las nuevas adjudicaciones se basan en la lealtad y la conformidad con las directrices políticas gubernamentales en las líneas editoriales de estos medios.

La gestión de la publicidad gubernamental es fundamental para la salud de una democracia. Debe utilizarse para informar a la población sobre los servicios públicos y las políticas gubernamentales, no para fines políticos que pongan en peligro la libertad de expresión y el pluralismo informativo.

La Comisión investigadora de la Asamblea Legislativa debe continuar sus análisis para lograr aclarar los hechos y determinar si se han cometido irregularidades. El pueblo costarricense tiene el derecho de saber cómo se gasta su dinero y de exigir que la publicidad gubernamental se utilice de manera transparente y responsable.