Lilliana Sánchez Bolaños., Politóloga (Msc.).

Costa Rica se encuentra en el centro de una discusión internacional en relación con el crimen organizado, la legitimación de capitales y el narcotráfico. Estados Unidos mantiene a este país en su lista de naciones con altos niveles de narcotráfico, mientras que la Unión Europea lo clasificó en su lista gris de países que no cumplen con los estándares de fiscalidad del bloque.

Estos acontecimientos han sacado a relucir una serie de debates y tensiones internas que arrojan sombras de duda sobre las políticas públicas y la voluntad política del gobierno costarricense.La inclusión de Costa Rica en la lista de países con alto narcotráfico por parte de Estados Unidos ha suscitado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La Unión Europea ha incluido a Costa Rica en su lista gris de naciones que no cumplen con los estándares de fiscalidad.

Ante este escenario, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley destinado a poner al país en conformidad con la legislación internacional en relación con la lucha contra el lavado de dinero y la fiscalidad. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves decidió vetar el proyecto de ley, lo que generó un debate intenso y polarizado en la esfera política costarricense. Cámaras empresariales como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y la Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (AmCham), Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) así como varias organizaciones y partidos políticos han expresado su apoyo al proyecto de ley y han manifestado su descontento con el veto presidencial.

Por otra parte, los sindicatos de la administración pública han denunciado lo que ellos denominan el desmantelamiento de las operaciones de la Policía de Control de Drogas -una rama especializada en la lucha contra el narcotráfico- en las fronteras del país. Las autoridades ha respondido con criterios administrativistas poco convincentes y ambiguos.  Esta denuncia ha añadido una nube de complejidades a la situación, ya que cuestiona la eficacia de las acciones gubernamentales en la lucha contra el crimen organizado, situación inédita en materia policial.

En medio de estas señales contradictorias, surge una pregunta importante: ¿hasta qué punto está comprometida la voluntad política del gobierno costarricense en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero?

La respuesta a esta interrogante es crucial, ya que determinará la capacidad de Costa Rica para abordar los desafíos que enfrenta en materia de seguridad y cumplimiento de estándares internacionales. En un momento en que la comunidad internacional está observando de cerca a Costa Rica, es esencial que el país encuentre una solución que satisfaga a todos los actores involucrados y que garantice un compromiso genuino en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero.