Lilliana Sánchez: El derecho humano de acceso al agua

No permitamos que los derechos humanos sigan muchas veces siendo de “metirillas”.

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Lilliana Sánchez Bolaños., Politóloga (Msc.).

La Constitución Política es el pilar de todo nuestro ordenamiento jurídico.  La norma más importante, de la que se derivan todas las demás.  Por eso, algunas naciones protegen a nivel constitucional, sus riquezas más preciadas.

En el caso de Costa Rica, nuestra Carta Magna de 1949 incluye como patrimonio de la nación bienes de gran valor e importancia como los hidrocarburos, los minerales radiactivos, los yacimientos de carbón, las fuerzas hidroeléctricas o el espectro radioeléctrico.

La reforma aprobada reconociendo el derecho fundamental al acceso del agua potable es histórica. Han pasado más de dieciocho años para que pudiera ser realidad lo que la Sala Constitucional afirmó en muchas de sus resoluciones. Por ejemplo:

V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en Costa Rica (…)” (Voto No. 200412263, de 29 de octubre de 2004).

Al fin, en la sesión del Plenario Legislativo de este miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó en su último debate el proyecto de Reforma Constitucional para Reconocer y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua (expediente 21.382).

La reforma agrega el siguiente párrafo al Artículo 50 de la Constitución Política:

“Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.”

El mayor aporte de la reforma, tal y como lo establece su redacción, es que el uso prioritario del agua será el abastecimiento para el consumo humano y el marco legal deberá ajustarse a tal disposición.

Este artículo de igual forma protegerá a la gente más pobre, como afirmó la Diputada Paola Vega del Partido Acción Ciudadana (PAC):

 “Hoy por hoy, la gente más pobre es a la que más le está costando acceder al agua y es la que está teniendo más problema para poder satisfacer sus necesidades. (…) Establecer el derecho humano al agua y darle esta herramienta a nuestra Sala Constitucional para que pueda implementar justicia ambiental es esencial”.

El cumplimiento de este derecho fundamental deberá ser la prioridad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillas para permitir el verdadero acceso de las personas al agua. El acceso al agua de todos los costarricenses, de todos los lugares del país.

No permitamos que los derechos humanos sigan muchas veces siendo de “metirillas”.

 

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