Lilliana Sánchez Bolaños., Politóloga (Msc.).

En la actualidad nuestro país se encuentra en una crítica situación en materia de narcotráfico lo que ha generado lo que ha generado preocupación en la población y ha llevado a cuestionar la falta de políticas del gobierno de Rodrigo Chaves para abordar este problema. La cercanía del país con los países productores de cocaína del hemisferio sur y la presencia de dos extensas costas permiten que Costa Rica sea utilizado como un “puente” entre los países de mayor oferta y demanda de esta droga.

La falta de tecnología apropiada para la revisión de containers en las fronteras terrestres con Panamá y Nicaragua permite que los cargamentos de droga transiten libremente.

Además, tres de los cuatro únicos escáneres que están en el puerto del Caribe se encuentran fuera de servicio, lo que permite que la droga salga libremente hacia Estados Unidos y Europa.

El otro puerto importante en el Pacífico es administrado por un financista de la campaña de Chaves y socio de la administración del puerto, cuyo flujo marítimo hacia Estados Unidos y Asia es permanente.

La problemática se ha agudizado al retirar el gobierno a la policía de control de drogas, cuerpo especializado y con experiencia en esta materia de los puertos, lo que ha generado mayor preocupación por parte de la población.

La Fiscalia ha iniciado una investigación ante los señalamientos hacia el gobierno por presuntos intentos de negociar con grupos del narcotráfico. Según la publicación de el diario el Universal de México, el Presidente de la República habría decidido abrir negociaciones con organizaciones criminales ligadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

En los últimos anos, la situación de inseguridad en el país ha empeorado llegando a un aumento del 66% en los homicidios en la última década. Las disputas entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico ya no se quedan en los barrios marginales ni en las regiones costeras por donde más pasa la cocaína hacia el norte, se registran en lo que va del año más de 700 asesinatos, situación nunca antes vista.

Frente a esta situación de inseguridad, el aumento de la pobreza y la desigualdad de las últimas dos décadas, los recortes presupuestarios que limitan a los cuerpos policiales y la influencia de bandas internacionales ponen contra las cuerdas al país que se ufana de haber abolido el ejército hace 75 años y haber dedicado esos recursos a inversión social.

La respuesta del gobierno ha sido la instalación de escáneres en todas las fronteras para dificultar la entrada de la droga al territorio nacional y así bajar la criminalidad, pero no pareciera ser una prioridad en su agenda.

La población sin embargo sigue preocupada por la falta de políticas efectivas para abordar el problema del narcotráfico en el país. La falta de tecnología apropiada para la revisión de containers en las fronteras terrestres y la falta de escáneres en el puerto del Caribe son solo algunos ejemplos de la falta de acción del gobierno en este tema.

La situación de Costa Rica en materia de narcotráfico es crítica y ha generado preocupación en la población que ha llegado a cuestionar el interés del Gobierno en ejecutar acciones que conlleven a la solución de la problemática. Mas bien, muchas de esas acciones han seguido la estrategia del avestruz que en lugar de solucionar se esconde. Sin embargo, esta forma de abordar el tema conlleva a que en algún momento estalle una profundización de la situación imperante.

Se impone una política de Estado responsable por cuanto las consecuencias pueden ser duraderas y perniciosas. La lacra del narcotráfico es un ataque a la dignidad humana, a la paz y la convivencia civilizada.