Lilliana Sánchez: El panorama social de América Latina, un reflejo de nuestro país

Lilliana Sánchez Bolaños., Politóloga (Msc.).

El ultimo Estado de la Nación demuestra que nuestro país no se aleja en nada del Informe de la CEPAL sobre el Panorama Social de América Latina del 2022. En primer lugar se observaba desde el año 2015 en toda la región latinoamericana un deterioro en los niveles de bienestar, un estancamiento en los avances de los logros educativos y una leve alza de la pobreza.

La pandemia de COVID-19 generó una crisis social profunda que se ha prolongado por tercer año. La región no ha logrado avanzar hacia la recuperación por sus impactos sociales y retornar a los niveles de 2019 anteriores al inicio de la misma. Los países de América Latina se han mantenido expuestos a un inestable escenario geopolítico y económico mundial marcado por una conjunción de crisis continuas en particular la guerra en Ucrania lo que ha conducido a una desaceleración del crecimiento económico y a una lenta generación de empleo, fundamentalmente de empleos de calidad, junto con fuertes presiones inflacionarias que han decantado en el incremento del precio de los alimentos y la energía, y caídas importantes en la inversión.

Vemos que tras la expansión del 6,5% del PIB en la región en 2021, para 2022 la estimación de crecimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es del 3,2% del PIB y se proyecta que en 2023 alcance solo el 1,4% (CEPAL, 2022). La elevada inflación, especialmente en el componente alimentario de la canasta de consumo, afecta con mayor intensidad a los quintiles de menores ingresos, con impactos también en los estratos de ingreso medio más vulnerables. Estos factores se suman a otros riesgos en curso, como el incremento en la frecuencia de desastres y los impactos de la emergencia climática (CEPAL, 2021).

Este contexto puede traer como consecuencia un retroceso en el desarrollo social de América Latina y un escenario de inestabilidad en los planos social, económico y político. Es urgente entonces el consolidar políticas sociales inclusivas para proteger y garantizar el bienestar de la población y el ejercicio de sus derechos. Particularmente la FAO ha alertado sobre el incremente de la inseguridad  alimentaria y nutricional ante el alza de los precios de los alimentos. Datos de este organismo entre 2021 y 2022 el hambre afecta a más de 56,5 millones de personas en la región (49,4 millones en América Latina y 7,2 millones en el Caribe). Se prevé que el alza en el precio de los alimentos incremente la malnutrición, con aumentos de la desnutrición, del sobrepeso y la obesidad.

Se destaca que en el año 2020, el 21% de la población de América Latina (117,3 millones de personas) y más del 50% de la población del Caribe (13,9 millones de personas) no podía costear una dieta saludable (FAO y otros, 2022). Es previsible que, como resultado del actual contexto, estas cifras hayan aumentado, afectando así, en particular, a niñas, niños y adolescentes, dados los graves efectos que la malnutrición tiene en el desarrollo integral de estos y el ejercicio de sus derechos.

Según estimaciones de la CEPAL la pobreza afectó en el 2022, al 45,4% de las personas menores de 18 años de América Latina, 13,3 puntos porcentuales por encima del promedio correspondiente a la población total ya que este sector enfrenta un mayor riesgo de padecer inseguridad alimentaria al vivir en hogares que no pueden cubrir una canasta básica de alimentos. El brindar la protección social universal generando las condiciones plenas de sus capacidades continua siendo una deuda pendiente en toda la región.

Como lo menciona el informe esta es la crisis silenciosa sobre todo en materia de educación que no fue abordada como parte de la respuesta inmediata a toda la situación que profundizó las desigualdades educativas preexistentes. Esta crisis, junto con las privaciones críticas que enfrenta la infancia y los riesgos de incremento de la inseguridad alimentaria, pone en riesgo el desarrollo y bienestar de toda una generación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y produce un “efecto cicatriz” que mina las oportunidades de desarrollo en la región. (CEPAL, 2022).

Frente a este panorama podemos señalar algunos procesos urgentes de respuesta:

1.- La recuperación de los procesos educativos y la transformación de este sector, así como una mayor inversion en la primera infancia.

2.- Los procesos de cambio en el ámbito laboral acorde con dichos procesos educacionales.

3.- Un proceso de desarrollo sostenible con igualdad.

4.- Debemos avanzar con urgencia en la construcción de Estados de bienestar con  una institucionalidad social fortalecida, capaz de brindar garantías básicas de bienestar y abordar las desigualdades estructurales.

Para lograr este proceso de construcción debemos de tomar en consideración los desafíos de sostenibilidad financiera que requieren de la discusión de criterios de progresividad, planificación, voluntad política y amplios consensos para la construcción de pactos sociales y fiscales en toda América Latina con el fin de avanzar hacia el desarrollo social inclusivo.

Hoy, la desigualdad es la norma de nuestros países, mañana toda la región debe de lograr el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, 2030 fundamentalmente  su lema: “Qué nadie se quede atrás”.