Lilliana Sánchez: Elecciones y pandemia

En la actualidad, como se ha manifestado en los últimos 30 años, las precauciones sanitarias podrían coadyuvar al desinterés de los ciudadanos hacia la política.

0

Lilliana Sánchez Bolaños., Politóloga (Msc.).

En pocos meses el COVID-19 ha trastocado aspectos fundamentales de la vida social y presentado grandes retos para los sistemas democráticos del mundo al restringir reuniones y encuentros públicos, dificultando el goce de los derechos cívicos y políticos.

No resulta entonces sorprendente que los procesos electorales hayan sido una víctima inmediata e inevitable de la pandemia. Las elecciones constituyen grandes acontecimientos sociales que movilizan a millones de personas. No existe ningún otro ejercicio estatal, nacional o territorial que presente el mismo grado de magnitud operacional, de participación multitudinaria y de complejidad jurídica y procesal. Los procesos electorales son la operación más costosa y gravosa desde el punto de vista administrativo y logístico para una democracia.

Las elecciones deben garantizar simultáneamente transparencia, seguridad, integridad y un carácter inclusivo en todas sus etapas. En el momento actual en donde la pandemia ha logrado poner a prueba los sistemas democraticos se imponen nuevos mecanismos de gestión ya que la principal amenaza a la salud pública que surge de estos procesos es la exigencia de que los votantes sufraguen en centros de votación de modo presencial, generalmente en un mismo día. La convergencia en dichos centros y la manipulación del material electoral que puede haber sido tocado por otras personas, sumada a la necesidad de confinamiento en espacios muy concurridos mientras se intenta mantener la distancia social puede resultar difícil, e incluso imposible, lo cual se ha tornado súbitamente en un nuevo desafío, así como en una posible amenaza grave para la salud pública e individual. El requisito de la presencia física en los centros de votación presenta riesgos para cada una de las personas que sufraga y para el personal electoral, además de posibilitar la propagación del virus en forma exponencial y exacerbar sus efectos infecciosos en el país.

Las profundas restricciones necesarias para hacer frente a la pandemia constituyen retos para la democracia, ya que pueden limitar las esenciales dimensiones participativas que poseen los comicios. El brote de la enfermedad coarta el simbolismo y la recurrencia del ritual social por el que los votantes de una nación, quienes únicamente cuentan con el poder del sufragio individual, determinan quiénes serán sus representantes.

Es así como la pandemia constituye la mayor prueba a los sistemas democráticos ya que se expone de manera indiscriminada las fortalezas y debilidades del contrato social entre la ciudadanía y los gobernantes que ha elegido. Se exhiben la calidad y la capacidad de rendición de cuentas de los sistemas e instituciones de gobernanza, la competencia y fortaleza del gobierno para dar respuesta a la crisis y la eficacia de las decisiones que ha tomado a fin de resolver la emergencia.

Los extraordinarios retos y la incertidumbre que generó el COVID-19 implican que los encargados de la toma de decisiones son objeto de una creciente presión para determinar la forma de gestionar los efectos y consecuencias de la pandemia respecto de los plazos y secuencias de las elecciones. Las decisiones que adopten no pueden tomarse a la ligera, dado que podrían comprometer la salud pública y moldear el estado de la democracia de sus países, por muchos años.

Es en épocas de crisis y de vulnerabilidad individual y colectiva que la ciudadanía se dirije a sus gobernantes en búsqueda de acciones, apoyo y protección que se ejecuten de modo expeditivo. El gobierno que no toma medidas adecuadas y oportunas pierde rápidamente su credibilidad, legitimidad y popularidad, además de perder votos.

Algunos de los retos más comunes que pueden afrontar los encargados de la toma de decisiones que consideren la viabilidad de la celebración de procesos electorales durante una pandemia pueden ser resumidos de la siguiente manera:

  1. Mecanismos que aseguren niveles suficientes y fiables de participación electoral y que garanticen la representatividad y legitimidad de las instituciones democráticas resultantes.
  2. Mecanismos para proporcionar un entorno de votación seguro para quienes emiten sus sufragios y para el personal electoral, además de minimizar los riesgos sanitarios relativos a todas las operaciones electorales que exigen interacciones en persona (tales como la inscripción de votantes, las campañas electorales y los procesos de sufragio, escrutinio y observación electoral, entre otros).
  3. Mecanismos que, aún en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia, permitan la celebración de un proceso electoral transparente y con rendición de cuentas que goce de altos niveles de integridad.
  4. Mecanismos que aseguren que todas las etapas y operaciones que componen el proceso electoral tengan un carácter incluyente y sean seguras para los integrantes de grupos especialmente vulnerables a la enfermedad, (por ejemplo la población adulta mayor o las minorías étnicas).

El virus no puede convertirse en la excusa para que los gobiernos pongan en marcha políticas clientelistas como ha ocurrido en algunos países (Brasil, El Salvador) para lograr sus objetivos por una vía rápida. La lucha contra la pandemia ha hecho posible que en estos casos el estilo caudillista y el mensaje populista hayan prevalecido.

En nuestro país debe celebrarse el proceso electoral el primer domingo de febrero y la segunda ronda el primer domingo de abril de 2022. El Artículo 102 de la Carta Magna es claro por lo que será el Tribunal Supremo de Elecciones como la Institución encargada de las elecciones la que establecerá el debido proceso, el cual, deberá ser presencial ya que no ha sido habilitado el voto por correo.

Dentro de diez meses nuestro país realizará la mayor movilización física, que incluyó en la primera ronda del año 2018 a más de 2 millones de personas, lo que puede representar un riesgo independientemente de la intensidad de la pandemia en ese momento. En diversos medios de comunicación, el Director del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, quien coordina las medidas con el Ministerio de Salud ha afirmado que no se puede prever que en ese momento no existirá riesgo.

Desde el mes de Octubre pasado se han dictado los Lineamientos que deben cumplir los partidos políticos tanto para las Asambleas como para las Convenciones. Se deben cumplir tanto las normas de higiene como el voto secreto. Cuando no se requiera la presencialidad, puede realizarse de forma virtual.

Las autoridades electorales esperan unos meses para emitir los lineamientos más apegados a la tendencia de la pandemia con el fin de evitar el riesgo de tener que modificar las reglas, agregando más incertidumbre al proceso electoral.

En la actualidad, como se ha manifestado en los últimos 30 años, las precauciones sanitarias podrían coadyuvar al desinterés de los ciudadanos hacia la política. La última encuesta del Centro de Investigaciones Políticas de la Universidad de Costa Rica señala que un 87% de la población se declara ajena a los partidos políticos. (UNIVERSIDAD DE COSTA RICA-CIEP, Estudio de Opinión, Abril 2021).

Sin embargo, ante ese deterioro en el apoyo a los partidos políticos y las tensiones en el debate público, quizá, los costarricenses nos llevemos una sorpresa y se aumente la participación, pues en muchos casos se ha llegado a la conclusión de que ambientes polarizados incitan más al voto como ha demostrado el investigador Ronald Alfaro de la Universidad de Costa Rica. (ALFARO, Ronald: “DIVIDE Y VOTARÁS”, Universidad de Costa Rica, 2019).

Esperemos que a pesar de las circunstancias adversas que tenemos, el sistema democrático salga fuerte y se permita ser más democracia.


COVID-19
Suscribase COVID-19

También podría gustarte Más del autor

Comentarios

Cargando...
La Revista es un medio de opinión libre y gratuito, pero necesitamos su apoyo, para poder continuar siéndolo Apóyanos aquí
Holler Box