Lilliana Sánchez: La prohibición de participación política a los funcionarios públicos

Todos somos responsables de esta situación económica porque hemos sido copartícipes de no actuar para detenerla y muchos, en su presupuesto familiar han logrado déficits negativos para su propia calidad de vida y la de los suyos.

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Lilliana Sánchez Bolaños., Politóloga (Msc.).

En esta época de elecciones municipales se hace fundamental el recordar la prohibición constitucional y legal que tienen los funcionarios públicos de participar en política electoral.

A pesar de que la participación política es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política (Artículos 1,26,90,93,95,98), la misma Carta Magna es clara al establecer que en el caso de los funcionarios públicos e instituciones estatales este derecho, se encuentra limitado entre otros por los siguientes aspectos:

  1. Un proceso electoral no puede ser equitativo si se permite al poder público, ejercido por medio de las instituciones y funcionarios del Estado su favorecimiento a determinado partido político o candidato de su preferencia.

Nuestra Constitución Política reitera la imparcialidad por parte de los funcionarios públicos en los procesos electorales (Artículos 95 inciso 3 y 102 inciso 5).

  1. Los empleados y funcionarios públicos deben comportarse de acuerdo con la neutralidad estatal frente a las tendencias políticas.

Los servidores públicos deben llevar a cabo sus tareas con imparcialidad, pues manejan recursos que pertenecen a todos los habitantes; pero además, si utilizaran bienes públicos para fines político-electorales romperían con la equidad de los competidores, otorgando ventajas institucionales en favor de un candidato o de una tendencia partidaria, y distorsionando, por ende, su posibilidad de elegir libremente y sin presiones.

Es por ello que la beligerancia política de los funcionarios públicos es una conducta ilícita.

Finalmente cabe destacar que el funcionario público responsable de cometer beligerancia política recibe la sanción de despido sin responsabilidad patronal y, además, se le inhabilita para ocupar cargos públicos. Por ello, resulta vital que empleados y funcionarios públicos conozcan qué se les permite y qué se les prohíbe en términos de participación política, a fin de que no incurran en una conducta con consecuencias gravosas por ignorancia de la ley.

Por su actualidad es importante señalar que en el artículo 146 del Código Electoral aparece regulada la restricción a la participación política de los servidores y funcionarios públicos.

 

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