Lilliana Sánchez: Un nuevo paso en los derechos de los adultos mayores

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Lilliana Sánchez Bolaños., Politóloga (Msc.).

Recordando una vieja historia podemos afirmar que nuestra sociedad costarricense discrimina a los ancianos:

“Cuando Buda era todavía Príncipe de Sidarta, encerrado por su padre en un magnífico palacio, se escapó varias veces para pasearse en un coche por los alrededores. En su primera salida encontró a un hombre achacoso, desdentado, todo lleno de arrugas, canoso, encorvado, apoyado en un bastón, balbuceante y tembloroso. Ante su asombro, el cochero le explicó lo que es un viejo: “Qué desgracia, explicó el Príncipe, que los seres débiles e ignorantes, embriagados por el orgullo propio de la juventud, no vean la vejez, volvamos rápido a cada. ¿De qué sirven los juegos y las alegrías si soy la morada de la futura vejez”.

En Costa Rica, como en muchas partes del mundo, no solo se discrimina la edad avanzada, sino que se olvida la muerte.  En la sociedad actual de consumo, se ha sustituido la conciencia desdichada por una conciencia feliz, reprimiendo todo sentimiento de culpa. Esta sociedad, escudada en los mitos de la expansión y la abundancia, trata a las personas de edad, como ciudadanos de segunda categoría.

El pasado miércoles 6 de junio, el país ha dado un paso hacia adelante en la eliminación de esa discriminación. Se ha aprobado el expediente No. 19.438: “Ley que penaliza el abandono de los adultos mayores”.

Es fundamental para nuestro país el lograr concientizar sobre los adultos mayores quienes fueron los que realmente forjaron a Costa Rica. ¿Por qué no reconocerle a la población adulta mayor todo ese trabajo?, ¿Por qué se les agreden y humillan?

En el VII Congreso Internacional de Gerontología coordinado por la Universidad de Costa Rica (UCR) se dieron a conocer los últimos datos sobre la violencia y agresiones que reciben una buena parte de nuestros adultos mayores.

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor informó que tan solo de enero a junio de 2019, se recibieron 390 consultas sobre situaciones de abuso y conflictos. Su Presidenta Ejecutiva hizo ver que en el pasado Congreso Internacional de Gerontología, realizado en el 2017, ya se registraba un aumento de los casos de violencia cercano al 20 % anual.

En los consultorios jurídicos de la Universidad de Costa Rica, se brindaron 598 atenciones durante el primer semestre del 2019 ante diversos tipos de maltrato que variaban de los físicos, sexuales y psicológicos, hasta los de carácter patrimonial, negligencia y abandono.

No debemos olvidar que Costa Rica está ante las puertas del aumento más grande de adultos mayores y, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados, sigue débil para enfrentar lo que será una inevitable bomba de tiempo. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se calcula que este grupo poblacional concentrará a más de un millón de personas para el 2050.

El Doctor Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la UCR dijo en una entrevista en mayo de 2019:

“Para muchos, los adultos mayores estorban y son descartables. Este es un tema ingrato, en el sentido de abandono, maltrato, abuso y negligencia. Si el país no logra transformarse para enfrentar el escenario que se le avecina, lo que nos espera es un futuro incierto, con calamidades como las que he visto, prácticamente, en toda América Latina”.

Es por estas razones que la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa ciertamente es un paso significativo en el cumplimiento de los Derechos Humanos de los adultos mayores al establecer al fin, sanciones penales  contra el abandono de esta población por parte de sus hijos, prioritariamente.

En síntesis la reforma al Artículo 142 bis del Código Penal establece que:

“…Artículo 142 bis.-  El que abandonare a un adulto mayor, al colocarlo en estado de desamparo físico o psicológico, sea abandonándolo a su suerte o en un centro médico, sanitario u hospitalario y sea una persona a quien deba mantener o cuidar, será reprimido con prisión de uno a tres años.

La pena será de prisión de tres a seis años, si el abandono se diere por un hijo por consanguinidad o adopción.  Si como consecuencia del abandono ocurriere la muerte, la pena será de seis a diez años de prisión.

Caminamos hacia el cumplimiento de los Derechos Humanos de la población más vulnerable de nuestra sociedad: nuestros viejos, quienes hicieron posible no solo la vida de todos sino la construcción de un país de paz y solidaridad.

 

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