Los ojos en la Sala Constitucional

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La mirada ahora está puesta en los magistrados de la Sala Constitucional. Ellos son los encargados de resolver una consulta de constitucionalidad planteada por diputados de  de Restauración Nacional, Frente Amplio e Integración Nacional. Esta será la tercera vez -al menos en los últimos 20 años- en que este tribunal deberá dictar una resolución sobre una reforma fiscal.

La Revista conversó con la abogada, Cristina Rojas, sobre el papel de la Sala Constitucional en decisiones tan relevantes para el país, lo cual con su experiencia desmenuzaremos.

“Yo creo que la actitud de los magistrados tiene que ser de gran prudencia, los diputados no pueden condicionar un fallo que tiene que emitir la Sala Constitucional ahora”, dijo Rojas.

Asegura que los legisladores deben de también ser prudentes, “porque de lo contrario sería una presión indebida sobre otro poder de la República, además, acordémonos que los diputados aprobaron esta reforma fiscal a pesar de un dictamen de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa que decía que requería 38 votos, entonces ahí solo eso da mucho que pensar”.

Cristina Rojas fue enfática en que la independencia de Poderes se debe respetar sí o sí, y no es algo con lo que se puede jugar.

“Nosotros vivimos en un Estado democrático de derecho y hay un orden jerárquico de las leyes y está el orden jerárquico de los diferentes órganos que además tienen sus órganos jerárquicos. En este caso, hay independencia de Poderes; el Poder legislativo, Ejecutivo y Judicial, y en este caso si la Corte emite un criterio está haciendo precisamente en cumplimiento de sus funciones de carácter constitucional”, afirma.

La Corte Plena decidió que el plan fiscal necesitaba el voto de 38 diputados y, ¿por qué 38 y no 29? porque, según los magistrados, se afectaba el funcionamiento del Poder Judicial.

De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Política, si un proyecto de ley afecta la organización o funcionamiento del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa para insistir en aprobar alguna iniciativa de ley que tenga ese impacto requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los diputados, es decir 38 votos.

“Aquí no es que se esté violentando ningún Poder ni que se estén arrogando más poderes de los  que deberían de tener, están simplemente cumpliendo un mandato legal. El que quiera hablar de otras cosas está socavando el régimen de derecho que nos rige, la leyes están hechas para que se cumplan. En este caso le corresponde cumplirlas a la Sala Constitucional”, enfatizó Cristina Rojas.

Desde la última vez que la Sala dictó una resolución sobre un plan fiscal (Administración Chinchilla Miranda), las cosas han cambiado, y hoy el país está urgido de un plan tributario para no caer en una crisis económica. La presión en las calles, los grupos interesados (algunos a favor y otros en contra) le ponen el ojo a los altos jueces.

“La tensión es palpable en todo el país obviamente, y hay muchos grupos de interés que de todas las clases sociales interesados en el resultado de esto, me imagino que así como hubo manifestaciones y toda clase de exposiciones de criterios en el momento en el que se estaba trabajando el asunto en la Asamblea Legislativa, así será ahora ante el Poder Judicial”

“Es cierto que hay demasiados intereses en juego, además, que ya están empezando incluso a aflorar intereses nuevos que antes estaban solapados, por ejemplo, ya se oye con más frecuencia algo que que ya sabíamos todos, que esta reforma fiscal es absolutamente insuficiente y por ende deben venderse instituciones estatales”, indicó.

Proyecto fiscal en el banquillo

El diputado de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank está entre quienes enviaron el proyecto en consulta a la Sala, habiendo dicho que:

“Presentamos la consulta porque queremos buscar el rostro humano a este proyecto. Estamos convencidos de que este proyecto violenta el principio constitucional de justicia tributaria al obligar a los dos deciles más bajos de la sociedad, que ganan unos menos de ₡50.000 y otros menos de ₡100.000, a pagar un impuesto que sobrepasa sus posibilidades”.

Dentro de los puntos que consultan los legisladores están: si se viola el principio de justicia tributaria el gravar con un impuesto del 1% la canasta básica, incluir dentro del 8% del Producto Interno Bruto establecido en el artículo 78 de la Constitución Política para la educación estatal, recursos destinados a la primera infancia y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Sin embargo, no se consultó sobre el trámite que se le dio al proyecto 20.580. Esto no significa que los magistrados no lo puedan hacer, de acuerdo con el artículo 101 de la Ley Jurisdicción Constitucional.

“La Sala evacuará la consulta dentro del mes siguiente a su recibo, y, al hacerlo, dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional. El dictamen de la Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado. En todo caso, el dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de constitucionalidad”.

Mientras se espera el trámite ante la Sala Constitucional, el presidente Carlos Alvarado  ha hecho múltiples llamados a los diputados y magistrados para que piensen en el futuro del país.

“Mi objetivo es proteger a Costa Rica porque esa es mi responsabilidad como gobernante de todos los costarricenses, incluyendo a los que hoy se oponen a la reforma fiscal”, dijo Alvarado al diario La República.

‘A pellizcarse’

En caso de que la Sala Constitucional anule el trámite de la reforma fiscal (aunque este no fuera consultado a los altos jueces) no sería algo nuevo, pues en los gobierno del expresidente Abel Pacheco y la expresidenta Laura Chinchilla también se dio la misma situación.

De haberse concretado los intentos de reforma fiscal en esas Administraciones, la situación actual del país sería diferente en muchas esferas, comenzando por la disminución de la deuda, racionalización del gasto y mejoras en la recaudación, pero esto quedo en el papel después de varios años de trabajo y discusión en la asamblea Legislativa.

“Ahí lo que se tiene que hacer en ese caso (en caso de que se anule el trámite) es que los diputados se pellizquen y vean a ver quiénes los están asesorando y segundo, que vean a ver con el Poder Ejecutivo, que es el que tiene el mayor interés en que se apruebe esta reforma fiscal, cómo enmienda los errores. Pero usted no le puede pedir a la Sala Constitucional que diga que no hay errores cuando si los hay, eso en el caso de que ellos se pronuncien en ese sentido”, manifestó la jurista.

Algo que se podría ver de modo simplista, no lo es tanto, ya que el país entero está a espera de la conclusión de la reforma fiscal discutida y aprobada por el parlamento. Pero, sectores importantes de la sociedad como los sindicatos que permanecen en huelga por varias semanas oponiéndose al proyecto, como los empresarios que presionan por su aprobación y el gobierno que al parecer no cuenta con “plan B”, articula medidas financieras y monetarias para mantener su solvencia a flote.

La inhibitoria

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, adelantó su inhibitoria ante la consulta planteada por los congresistas.

“Yo no formaré parte de la Sala Constitucional en caso de que la consulta llegue a la Sala”, “…siendo el presidente, frente a un caso de tanta trascendencia no debo mojarme como magistrado de la Sala Constitucional”, agregó.

Esto generó reacciones, por ejemplo, el analista Juan Carlos Hidalgo publicó en su cuenta de twiter: “¿Por qué mejor no renuncia Fernando Cruz de su magistratura, se lanza a presidente o diputado en un partido político y propone tal cosa?”.

Antes de que se diera a conocer la decisión de Cruz, algunos diputados entrevistados por La Nación consideraron que el presidente de la Corte Suprema, Fernando Cruz, debía inhibirse ante la consulta facultativa planteada por el Congreso.

“Lo que ha sucedido es una vergüenza nacional. En el país no reconocen el respeto, para quienes tienen la obligación de cumplir con lo dispuesto en la ley. Recordemos que estos señores se van para la casa y no hubo mayor consecuencia. Es más, se van para la casa a disfrutar de una pensión, mientras los costarricenses debemos vivir con las consecuencias de tan penosas acciones”, dijo la diputada Mileidy Alvarado.

Por su parte Nielsen Pérez, diputada del Partido Acción Ciudadana, manifestó que:

“requerimos una reforma profunda al Poder Judicial, las curitas son necesarias como una medida inmediata y a corto plazo, pero las cirugías también son necesarias para poder tener un Poder Judicial legitimado y robustecido”.

Los magistrados tienen 30 días para dar respuesta sobre esta consulta definitiva sobre el futuro de la reforma fiscal.

 

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