Los políticos tienen la culpa de la crisis ¿Qué hacer con ellos?

…el 80% de la población ha perdido su confianza en los partidos políticos

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Eduardo Carrillo Vargas.  (Ph.D. Administración).

¿Se equivocaron los políticos? En el corto plazo no, pero en el largo plazo los políticos que han gobernado en décadas recientes son los responsables del desastre en que hoy se encuentra el país ¿Qué piensa la población? Algunos indicadores del Latinobarómetro 2017 lo revelan: Satisfacción con la democracia: 46%; se gobierna para el bien de todo el pueblo: 16%; somos una democracia plena: 6%; se gobierna para los más poderosos: 79%; confianza en nuestras instituciones: Tribunal Electoral 46%, Poder Judicial 43%, Gobierno 25%, Congreso 20%, partidos políticos 20%.

La democracia misma está en crisis. Sus mayores fortalezas se encuentran en su contenido liberal: libertades civiles y derechos humanos. Esto, para quienes se encuentran en pobreza (hoy 1 millón cincuenta mil compatriotas), sufren la creciente desigualdad y el creciente económico no ofrece oportunidades o empleo por insuficiente crecimiento, es un privilegio solo para quienes disfrutan de ingresos medios y altos. De alguna forma, las debilidades de la democracia son más claras en el funcionamiento de nuestro Estado. Es posible que muchos de nuestros males requieran un total rediseño institucional. Después de todo, nuestra Constitución Política (CP) data de 1871 con reformas introducidas en 1949.

Los indicadores que antes compartimos reflejan el estado de ánimo nacional. Es notable que el 80% de la población ha perdido su confianza en los partidos políticos. En realidad, ninguno de los muchos que hoy buscan nuestros votos tienen propuestas coherentes con los problemas de la coyuntura actual ¿Qué hacer? Tres cosas podrían ayudarnos a superar la crispación social:

  1. Esperar que las dos comisiones que ha nombrado el Gobierno, una sobre el Estado y otra sobre la Administración Pública nos dé un sentido de dirección sobre el Estado que debemos reconstruir.
  2. Sustituir la recriminación de una sociedad que critica y acusa y otros que se defienden y contraatacan por un diálogo nacional focalizado en soluciones y correctivos para superar una crisis super diagnosticada.
  3. Intentar, en el corto y mediano plazo, crear las bases para el “buen gobierno”

Sobre el punto 3, sugiero que hay dos elementos que podrían ofrecer cuando menos el inicio de la recuperación del “buen gobierno”, uno que cumpla con el compromiso adquirido y sancionado en elecciones populares y que, a la vez, entregue a la sociedad los productos del desarrollo y del bienestar social. Me refiero un Gobierno con visión de Estado y dos elementos críticos del modelo de gestión que hoy tenemos: dirección y ejecución.

Visión Estado. El facilismo nos ha llevado a plantear soluciones desde el Gobierno Central y solo con los recursos que tiene a su disposición. El mito de la independencia del régimen de autonomía hace que el Ejecutivo limite las soluciones a los graves problemas nacionales que nos aquejan. Hay sustento formal para que, en el esfuerzo de desarrollo, se incorpore la totalidad de los recursos del Estado, que hoy superan los ¢20 billones, equivalentes al 77% del PIB nacional. La autonomía, como la define el artículo 188 la CP es administrativa. La función de Gobierno tiene alcance estatal y corresponde ejercerla al Poder Ejecutivo. Es una consecuencia de nuestro carácter de Estado Unitario, respaldada por el principio de RECTORÍA. Además, es la base para crear condiciones que

garanticen la igualdad ante la Ley contenida en el artículo 33 de la CP. No hay componentes desiguales como lo pretende el Poder Judicial para mantener privilegios discriminantes (ver jurisprudencia relevante AQUÍ).

Dirección. El Estado es siempre una empresa compleja, pero a diferencia de la organización de mercado que persigue el lucro de unos pocos, su meta última es el bienestar de toda la población. En nuestro caso, lo integran más de 330 entidades públicas, de las cuales más de 80 se encuentran en algún régimen de autonomía. La fuerza pública laboral supera los 300 mil funcionarios, sin un sistema serio de evaluación del desempeño. Hoy hemos visto que el Poder Judicial, parte del Gobierno Central, se declara independiente en materia salarial, que la CCSS dice que para ellos no aplica la regla fiscal, según el artículo 73 de la CP que, por cierto, no dice nada en ese respecto. Por su parte las universidades públicas se sienten al margen de algún control que conlleve responsabilidad en la ejecución del recurso público que se les asigna. De alguna forma, esto ocurre con más de 80 entidades públicas en algún régimen de autonomía. Cada cual quiere ir por camino propio, lo que produce dispersión y un despilfarro descomunal.

Nos anuncian reformas a la organización macro Estatal. Pero, en cualquier caso, todas las entidades estatales deben obedecer a una direccionalidad que es parte central de la función de Gobierno (de nuevo, responsabilidad del Poder Ejecutivo). El instrumento para ello son las Políticas de Estado (PE), de las que, en general, carecemos. Sin este instrumento el caos está siempre presente y los recursos no llegarán a traducirse en bienestar social. Lo que pasa con la Administración Pública es que no hemos entendido que es una combinación de elementos políticos y técnicos. Las PE son esencialmente políticas con un fuerte componente de equidad. Pero su diseño, alcance y control tiene elementos técnicos importantes. Quienes tienen esa responsabilidad (presidente y ministros) deberían contar con un pequeño equipo de expertos altamente calificados, para que apoyen no solo el diseño de PE, sino también los instrumentos para controlar su ejecución. El presidente y sus ministros deberían entender que su labor tendrá éxito, solo si parte de buenas PE. Y que, saber para donde vamos es una fuente de tranquilidad política y social.

Ejecución de la política pública. Si bien este es otro componente político del modelo de gestión pública, en la ejecución domina el aspecto técnico. Es la movilización de procesos y recursos, en tiempo y espacio, para generar los productos del desarrollo (bienes y servicios), bajo criterios de equidad (definida por las PE) y eficiencia (costos razonables). De nuevo, la gestión pública es de enorme trascendencia por su proyección a toda la sociedad. Por ello y muchas otras razones, la ejecución debería estar comandada por gerentes de gran conocimiento y experiencia. Además, deberían ser estables, en función de resultados (definidos por la política pública). Con los medios digitales que hoy tenemos a disposición, debería ser posible tener un sistema de control (productos, procesos, costos y resultados) que se aplique sin interferencias politiqueras.

Conclusión. Estos dos elementos son los ejes del “buen gobierno”. Si sabemos a dónde vamos y qué queremos lograr; y, si tenemos las tecnologías y los demás componentes para asegurar resultados en condiciones apropiadas de oportunidad, calidad y costo, habríamos dado un salto cualitativo importante. Volviendo al título de estas notas, no tendríamos nada que hacer con los políticos fracasados, porque con buenas PE, buenos mecanismos de control para su ejecución, y gerentes y equipos de trabajo de alto nivel para ejecutarlas, son mayores las posibilidades de que el programa de gobierno se cumpla. Tal vez el principio para volver a creer en los políticos, en la política y en la democracia.

 

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