Luis Antonio Sobrado González: El número 36 de la RDE – Meditaciones sobre la democracia

La degradación del debate político es otro signo claro de la crisis democrática en que estamos insertos. 

Luis Antonio Sobrado González, Abogado (Dr.)

Una de las huellas de mi paso por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que más orgullo me da es haber sido director de su Revista de Derecho Electoral (RDE) desde su fundación, allá en 2006. De esta “hija”, que está a punto de tener cédula de identidad, no he querido desligarme del todo: integro su Consejo Científico Externo y el pasado mes de agosto me correspondió presentar su número 36.

Cuando hace 18 años discutíamos sobre la pertinencia de crearla, éramos conscientes de la necesidad de abrir un espacio que alentara y divulgara los estudios electorales, ante el vacío que se evidenciaba en nuestro medio.

Sin falsa modestia, afirmo que yo era una persona idónea para comandar ese esfuerzo.  Mi rol docente de casi 4 décadas, en el ámbito del Derecho Constitucional y del Electoral, me facilitó propiciar “un punto de encuentro y retroalimentación entre la organización electoral y la academia”.

En el número 30 de la RDE, mi amigo Hugo Picado y yo hacíamos un balance del camino andado, en el que concluíamos del siguiente modo:

“… la RDE no solo ha contribuido a llenar un vacío doctrinal preexistente, sino que se ha convertido en una publicación referencial de los estudios electorales en Costa Rica, además de albergar un significativo acervo de investigaciones sobre los sistemas electorales latinoamericanos y del mundo.

La RDE fue creada con el doble propósito de incentivar el estudio jurídico electoral en Costa Rica y divulgar las investigaciones de académicos y funcionarios electorales nacionales y extranjeros. Los datos desglosados en este trabajo, derivados de los 29 números publicados de la RDE, hacen pensar que la publicación ha mantenido una ruta apropiada para cumplir esos objetivos.

La RDE ha puesto a escribir a los funcionarios electorales costarricenses que, de otra manera, no divulgarían el producto de su conocimiento y experiencia, ha recopilado investigaciones de costarricenses y extranjeros sobre sistemas electorales, ha sabido navegar en las aguas de una rama del derecho que exige el diálogo con aportes interdisciplinarios y, finalmente, como producto del TSE, mantiene el impulso para seguir enfrentando nuevos retos como publicación académica”.

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El número 36 de la RDE honra una tradición de calidad sobresaliente.  Es también fiel a los propósitos originales de la publicación y a su filosofía general. Veamos:

Se observan, en primer lugar, sus secciones habituales.  Una “autora invitada”, 2 “contribuciones desde el TSE”, 6 “contribuciones externas”, una “recensión jurisprudencial” y un par de “reseñas bibliográficas”.

El carácter interdisciplinario se evidencia al contar con 4 estudios jurídicos, 3 de orientación politológica y 2 históricos.

En cuanto al perfil de los autores, predominan los abogados (7 aunque 4 de ellos ostentan adicionalmente formación en ciencia política y una es también educadora); a ellos se suman 2 informáticos y una socióloga. De ese conjunto, 6 son funcionarios públicos (2 forman parte de la familia electoral) y 4 académicos. En donde sí hay un desbalance es en punto al origen nacional de los investigadores: tan solo 2 son extranjeros.

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Si nos propusiéramos encontrar un sentido de unidad dentro de la diversidad temática de las contribuciones, concluiríamos que se trata de diferentes meditaciones en torno a la democracia.

En esa línea, resultan claves las de mis grandes amigos Macarena Barahona y Gustavo Román, académicos de altos quilates y reconocimiento nacional e internacional.

La primera de ellos se ocupa de la guerra de 1948 y de la represión resultante contra los vencidos, a pesar de lo pactado en Ochomogo y en la Embajada de México. La autora nos invita a mirar críticamente la versión tradicional de esos hechos, escrita por los vencedores.  En esa línea revisionista también se inscribía “Las elecciones olvidadas” de su colega y amiga Carolina Mora.  Este último artículo, publicado hace algún tiempo en esta misma Revista, redescubre dos comicios, celebrados en 1949. Estos solo pueden entenderse como una maniobra para legitimar la ruptura del orden constitucional y justificar su restauración con la exclusión política de los vencidos en la guerra; exclusión que durará una década (para el calderonismo) y casi dos más (en el caso de los comunistas).  Convendría leer conjuntamente ambas aportaciones, que lucen como dos actos de una misma tragedia teatral.

El repaso histórico de Macarena se complementa con la reflexión que hace, en el mismo número de la RDE, Rafael Sánchez. Esta se enmarca en la otra tragedia política del siglo XX: la dictadura de los Tinoco. Y también se refiere a algo prácticamente desconocido: la emisión de “billetes” para financiar el alzamiento contra la dictadura, así como la de “bonos” para, luego, fondear las aspiraciones presidenciales de Julio Acosta (fórmula novedosa para la época).

Los hechos del 48 marcarán la historia política de las segunda mitad del siglo XX. Fue el clivaje que separó el comportamiento electoral de los costarricenses en dos grandes bloques a partir de la elección de 1958, estructurados alrededor de los liderazgos de la guerra y con clientelas leales y apasionadas.

Del modelo constitucional de 1949 emerge una Costa Rica distinta. Una que, sin desmontar la reforma social de los cuarenta, agrega la abolición del ejército.  Esto libera recursos públicos que, visionariamente, son redirigidos a salud y educación públicas, sentando con ello las bases de una incipiente clase media. Asimismo, se diseña una sólida institucionalidad electoral que contribuirá a dotar al país de estabilidad política, alta calidad de sus procesos electorales y sólida adherencia democrática de la población.

La realidad del siglo XXI costarricense es otra.  No en vano las primeras elecciones de la centuria se caracterizarán por el fin del bipartidismo histórico y por un creciente ausentismo electoral, que refleja la evaporación de las lealtades partidarias. El descenso de la participación va de la mano con el aumento de la desigualdad social y del enojo ciudadano, lo cual desemboca en un claro debilitamiento de la convicción democrática.

De modo especial, en ese contexto somos testigos de una iracunda clase media.  De esa que se empobreció con la crisis de los 80`s y -nuevamente- con la pandemia.  Que debió destinar una proporción cada vez mayor de sus recursos a salud y educación, ante el envilecimiento de los respectivos servicios públicos. Que, ante la saturación de los profesionales en el país, ha dejado de contar con la titulación universitaria como vía segura de movilidad social.  Que no fue rescatada por los programas de ajuste estructural y demás componentes de la receta neoliberal. Que se le ha terminado de convencer que la llave de la felicidad es consumir compulsivamente, pero el sistema le niega el dinero suficiente para hacerlo.

La degradación del debate político es otro signo claro de la crisis democrática en que estamos insertos.  A la irrupción religiosa en la política (particularmente intensa en los comicios de 2018), se suman las maniobras sistemáticas y cada vez más refinadas de desinformación electoral y se culmina, luego de las elecciones de 2022, con la entronización del discurso populista, la normalización del lenguaje violento, la descalificación de la prensa  crítica y el uso del poder para vendettas políticas.

Tristemente, nos emparejamos con otros países latinoamericanos, cuyos líderes sostienen una popularidad (aparentemente incombustible) creando un clima de confrontación permanente.  Quizás este clima y el furor de esos líderes valida y retroalimenta el enojo individual del ciudadano.

Macarena nos situaba en 1948 como punto de partida de este número de la RDE.  El punto de llegada lo suministra Gustavo Román. Escribiendo tres cuartos de siglo después, él llama la atención sobre la crisis de la democracia y sobre cuatro falsas salidas que doctrinariamente se han propuesto. Nada más pertinente en el momento actual.

Con su lucidez acostumbrada, Gustavo propone, como alternativa, profundizar la formación en democracia, proteger al periodismo, introducir reformas en pro de la equidad comicial y disminuir significativamente la desigualdad social.

Sobre el fortalecimiento de la formación en democracia, yo apuntaría dos desafíos concretos que debería asumir el IFED.

En primer término, procurar que el curso de ciudadanía digital responsable (CDR) sea un recurso disponible permanentemente y no solo en época electoral; esto, atendiendo a que, concluida la elección presidencial del año pasado, fue deshabilitado y no fue sino hasta hace pocos días que la ciudadanía pudo aprovecharlo nuevamente.

Sobre la relevancia de la alfabetización digital, como modo de contrarrestar la desinformación en redes sociales, en una conferencia que impartí hace pocos meses concluía del siguiente modo:

“Un curso como el CDR no es la panacea.  Aun contando con canales de alfabetización digital e información suficiente y confiable, un pueblo puede hacer escogencias equivocadas … Al fin y al cabo, todo oficio se aprende cometiendo errores; el de ciudadano también.  Y se aprende más de los errores que de los aciertos.

El consuelo es que la democracia obliga a la alternancia en el ejercicio del poder. ¡Porque no hay un mal (gobierno) que dure 100 años, ni cuerpo (social) que lo resista!

Pero la alfabetización digital mitiga los riesgos, especialmente si el pueblo tiene algo de formación política y aprende a manejar sus frustraciones con madurez.  Y no solo me refiero a las que derivan de nuestros propios dramas individuales.  También a las lógicas frustraciones que permean el tejido social en realidades como las de Centroamérica, que permanece en el top de las sociedades más desiguales, inseguras y corruptas del mundo.  Tierra más que fértil para sembrar el discurso populista y las tentaciones autoritarias”.

El segundo desafío del IFED es, según mi punto de vista, abrir una línea de investigación justamente sobre populismo y autoritarismo.  Ese es el fantasma que recorre el mundo, Costa Rica incluida. Para contrarrestarlo, primero hay que entenderlo a profundidad.

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Como sano contrapunto a las plumas privilegiadas de Macarena y Gustavo, el nuevo número de la RDE incluye sendos artículos de dos jóvenes promesas.  Me refiero a Adolfo Lara y María Fernanda Zumbado.

Sus artículos provienen de las tesis de licenciatura con que, hace muy poco, se graduaron en la Facultad de Derecho de la UCR. También tienen en común referirse a temas de igualdad e inclusión: como buenos “millenials”, esa deriva les apasiona de modo particular. Parecen tener claro que la democracia es inclusiva o no es democracia.

El primero de los autores aborda, a la luz del sistema interamericano de derechos humanos, los derechos políticos de las personas transgénero en el país; y lo hace con sana actitud crítica respecto de pronunciamientos del TSE.  La segunda, por su parte, hace un estudio de derecho comparado latinoamericano respecto del voto penitenciario.

Finalmente, comparten el hecho de haber trabajado su tesis con el acompañamiento docente mío y el de Diego Brenes. Este, en su condición de subdirector de la RDE, siempre ha sobresalido por estimular a los que hacen tesis destacadas en Derecho Electoral para que publiquen en ella.

En el caso de María Fernanda, de quien nos correspondió dirigir su tesis (primero él y luego yo), personalmente indicaba en la respectiva carta de aprobación que “… estamos en presencia de un trabajo riguroso y con una notable utilización de los recursos de información disponibles. Detrás de él hay mucho trabajo y esfuerzo personal, así como una acertada conducción de su primer director.  La recurrencia en tiempos recientes de este tipo de investigaciones -caracterizadas por su excelencia y profundidad- es también expresión del giro curricular que ha experimentado la Facultad y de su maduración, al haber incorporado el Derecho Electoral como parte de los saberes jurídicos dignos de ser enseñados en nuestra Casa de Estudios”.

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El tercer segmento de artículos está conformado por otros dos aportes de carácter jurídico.

José Mario Achoy, joven autor también, reflexiona sobre el régimen disciplinario a que están afectos los funcionarios de elección popular, poniendo de manifiesto el tratamiento diferenciado según la naturaleza del cargo.

Su análisis nos recuerda que, por mandato constitucional, el ejercicio de la función pública está sujeto al principio de probidad y que su trasgresión provoca distintos tipos de responsabilidad. En la órbita disciplinaria, esta responsabilidad puede alcanzar incluso el fin anticipado del mandato representativo.

Más aún: la idoneidad y eficacia de ese régimen disciplinario hace a la esencia de la democracia. Tal y como reza la Carta Democrática Interamericana, son “componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, (y) la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública”.

Nancy María Quesada, por su parte, escribe sobre la imposibilidad de inscribir a los primeros votantes desde el “cierre” del padrón electoral (4 meses antes de los comicios). Con entusiasmo inclusivo, se rebela contra el mandato legal que solo permite su inscripción si han solicitado cédula de identidad con antelación, pudiendo recogerla a partir del día de su decimoctavo cumpleaños.  Funda su criterio adverso con argumentos de constitucionalidad y propone avanzar con ese cambio por vía reglamentaria.

La contribución de Nancy es otro ejemplo de espíritu crítico y de sana discusión académica, dado que el TSE (por decisión mayoritaria) ha entendido que esa modificación solo es posible por disposición de ley.

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El cuarto y último grupo de artículos, según la segmentación con que he ido tejiendo mis comentarios, es también relevante.

Lo es porque nos recuerda la importancia de no quedarse en el “deber ser” normativo, a lo que tendemos los juristas. Claro que la norma importa.  Pero, para comprender verdaderamente a la democracia y las instituciones políticas, hay que indagar sobre su comportamiento real.  Buscar, a partir de evidencia empírica y metodología científica, cómo es su verdadero “ser”, en el sentido histórico concreto. Particularmente interesante es analizar cómo esa realidad plasma o singulariza ese “deber ser” jurídico. De qué modo se orienta por (o se distancia de) él.

Bajo esta orientación empírica y con base en la “ciencia de datos”, Francisco José Mora analiza el comportamiento del electorado en la segunda ronda electoral de 2018. Análisis que permite comprender mejor los alineamientos políticos que supuso.

Francisco Bermeo y Ana Salvador son dos académicos ecuatorianos que, por su lado, revisan cómo el tipo de fórmula electoral que se escoja impacta la representación resultante y, en especial, si facilita u obstaculiza la visualización parlamentaria de las minorías políticas. Utilizan, como marco de análisis, las elecciones de 2017 y 2021 para conformar la Asamblea Nacional de su país. Un aporte que, por cierto, nos recuerda el ensayo titulado “Matemáticas electorales” de Diego Brenes, que se publicara hace algún tiempo en esta misma Revista.

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Como lo adelantaba, el número 36 de la RDE es una sesuda meditación sobre la democracia. Desde diferentes ángulos, perspectivas científicas y orientaciones metodológicas. Con una valiosa combinación de investigadores jóvenes y maduros, así como de contribuciones externas y de funcionarios electorales.

Reflexión que no omite abordar la crisis de la democracia en el mundo actual y sus delicados retos.  Esto me parece la valía primordial del número.  El hacernos reflexionar sobre la democracia, pero sin acudir al mito legitimador.  Incluso con crudeza, se alza la voz para evidenciar el hueco en donde estuvimos hace 75 años y las amenazas a la convivencia democrática que hoy enfrentamos. Y esto es particularmente de destacar, porque quedarse callado nunca ha resuelto los desafíos democráticos.

Lo sabemos quienes hemos sido víctimas de hordas vociferantes en redes sociales, orquestadas con sentido político.  Quienes, en ese áspero y desabrido entorno, hemos sido difamados y calumniados por el sencillo hecho de ser fieles a nuestros deberes.  Quienes hemos recibido incluso amenazas de muerte, como consecuencia de maniobras de desinformación. Y especialmente quienes, en medio de todo ello, no recibimos aliento público ni apoyo explícito alguno.

Es por eso oportuno recordar las conocidas palabras de Martin Niemöller:

Primero vinieron por los socialistas,

y yo no dije nada, porque yo no era socialista.

       Luego vinieron por los sindicalistas,

y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.

       Luego vinieron por los judíos,

y yo no dije nada, porque yo no era judío.

       Luego vinieron por mí,

y no quedó nadie para hablar por mí”.

 

Alguna vez dije, con convicción, que la adherencia democrática está inscrita en el ADN de los costarricenses. Hoy no lo creo. Se trata, más bien, de una condición frágil, que pueda naufragar si no la cuidamos. Confío que este número de la RDE llame a la reflexión; y que la reflexión convoque a la acción de esa mayoría de ciudadanos responsables.

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Para concluir, felicito a los autores de este número de la RDE y al TSE, por mantener el esfuerzo de tantos años en pro de consolidar un espacio invaluable de divulgación de estudios sobre democracia y elecciones.

La RDE goza de buena salud.  La mala noticia es que ésta nos advierte que la democracia costarricense, en cambio, muestra síntomas preocupantes de enfermedad.

 

[*] Costarricense. Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente. Tiene casi cuatro décadas de ser profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Costa Rica y desde 1993 coordina la respectiva Cátedra de su Facultad de Derecho, donde actualmente ostenta el rango de catedrático. Exmagistrado propietario del TSE de Costa Rica (1999-2021), en el que ocupó su presidencia (2007-2021) y dirigió su Revista de Derecho Electoral. Con anterioridad a su ingreso al TSE, había desempeñado otros cargos públicos en la Procuraduría General de la República y en el Ministerio de la Presidencia. Autor de los libros La justicia electoral en Costa Rica (San José́: IJSA, 2005), Democratización interna de los partidos políticos en Costa Rica (San José́: FLACSO, 2007), Elecciones y democracia (San José: IFED/KAS, 2014), El TSE y la justicia electoral (San José: IFED, 2018), Anécdotas de generosidad (Apple Books) y de numerosos artículos en revistas especializadas.  Dirección electrónica: lsobrado@icloud.com.

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