Luis Bonilla Guzmán: Es hora de que los demandantes en juzgados de cobro paguen por el servicio

¿Consideran justo que todos los ciudadanos que pagamos impuestos, financiemos los Juzgados de Cobro, cuyos beneficiarios son bancos privados, bancos públicos, garroteras y prestamistas, entre otros?

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Luis Alonso Bonilla Guzmán, Abogado.

Los Juzgados de Cobro, cuyos principales usuarios activos (demandantes) son personas físicas y jurídicas adineradas y, los usuarios pasivos (demandados) son personas vulnerables, en el tanto, la mayor parte de los demandados son gente pobre, están enquistados en el Poder Judicial.

Estos Juzgados de materia cobratoria tienen un circulante en trámite de 545,549 expedientes y un circulante en ejecución de 202,609 expedientes.

Tomando en consideración que el circulante en trámite total del Poder Judicial en el año 2019 fue de 813,852 expedientes, los casos en trámite de los Juzgados de Cobro corresponden a un porcentaje de un 67 % del circulante total en trámite del Poder Judicial (Agrario, Civil, Constitucional, Contencioso Administrativo, Contravenciones, Familia, Notarial, Penal, Penal Juvenil, Pensiones Alimentarias, Trabajo, Tránsito y Violencia Doméstica).

Para expresarlo en términos sencillos: Una materia odiosa, que va en detrimento de los más desfavorecidos, ocupa un porcentaje altísimo del circulante judicial, además, requiere de gran parte del presupuesto de este Poder de la República para funcionar.

Por otro lado, es irónico que responsabilidades legales que el Legislador ha asignado al Poder Judicial, hayan sido aprobadas sin contenido presupuestario.

Esas responsabilidades sin contenido presupuestario son: las Oficinas Anticorrupción, Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, Bienestar de los Animales, Nuevo Código Procesal Agrario, Justicia Restaurativa, Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas y la Ley Procesal de Familia.

Es evidente que la mayor parte de esas responsabilidades, corresponden a materias con un alto componente social, a diferencia de la jurisdicción de Cobro Judicial, en la que los sujetos pasivos generalmente pertenecen al sector más débil de la sociedad.

¿Consideran justo que todos los ciudadanos que pagamos impuestos, financiemos los Juzgados de Cobro, cuyos beneficiarios son bancos privados, bancos públicos, garroteras y prestamistas, entre otros?

Ya es hora de que se modifique la ley, para que los demandantes en los juzgados de cobro paguen por el servicio. ¿No les parece?

 

 

 

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