Luis Fernando Allen Forbes, Economista y Administrador de Empresas

La política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto social y económico derivado de la pandemia del COVID-19 y, al mismo tiempo, proporcionar el impulso necesario para lograr una reactivación de la actividad económica que permita guiar al país hacia el desarrollo sostenible.

 A los aumentos del endeudamiento público observados durante la última década, se suma el hecho de que, debido a la pandemia, los países enfrentan caídas en la recaudación tributaria como consecuencia de la contracción en la actividad económica para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia.

Esto supone un duro golpe para las finanzas públicas de Costa Rica,  que según las proyecciones de Hacienda, confirmó el cierre del déficit fiscal del 2020 en 8.3% como porcentaje del PIB.  Asimismo la deuda total del Gobierno Central cierra ligeramente por debajo de la proyección inicial la cual era de 70,1% del PIB que al final del año fue de 69,7% del PIB.

El gobierno debe detener los niveles de endeudamiento, y dejar de pensar en nuevos impuestos, así como financiar privilegios, pensiones con cargo al presupuesto y una serie de instituciones del sector público  que no cumplen ninguna función pública ni social.

Desde el punto de vista empresarial, cualquier impuesto, se traduce en aumento de los costos de producción y con ello se desincentiva la inversión. Al caer la inversión, aumenta el desempleo, se desacelera el crecimiento económico y cae la recaudación.

Asimismo si se analiza al asalariado, cuando le suben los impuestos significa que comprará menos bienes y servicios que antes, lo que se traduce en una disminución del ingreso disponible del asalariado y, por tanto, implica un empobrecimiento per se.

El gobierno continúa sin un plan para la reactivación económica, lo único para reactivar inmediatamente, es reducir la carga tributaria de las empresas,  siguiendo el principio de la Curva de Laffer, que al bajar los tributos se incrementa la recaudación fiscal, se fomenta la inversión, se reduce el desempleo y se desincentiva la evasión fiscal.

Es muy evidente que el Poder Ejecutivo no tiene intención alguna de reducir el gasto público sino todo lo contrario. Por tanto, depende de la Asamblea Legislativa contenerlo. Muchos se oponen a la reducción del gasto público porque asumen que esto causaría desempleo masivo

El gasto público corresponde a la cantidad que el gobierno gasta, menos sus ingresos. Por un lado, el gasto público incluye pagos por transferencias hechas a las familias, como subsidios al desempleo. Por otro lado, el ingreso del gobierno incluye los impuestos, que representan la mayoría de los ingresos.

Finalmente, un incremento del gasto público podría ser usado para estimular la economía, pues el producto interno bruto aumenta con este. Por otro lado, una reducción del gasto público reduce el ritmo de crecimiento del producto interno bruto.