Luis París Chaverri, Ex Embajador.
Promover el descrédito de la clase dirigente inculcando en la ciudadanía la idea de que todos son ineptos, vividores y corruptos, es una práctica peligrosa que valida las voces antisistema y le da impulso a los populistas y demagogos de cualquier calaña.
Ese irresponsable discurso, utilizado profusamente por algunos políticos para descalificar al adversario, en el tanto que genera desconfianza, tiene como resultado un inconveniente desmerecimiento de la propia actividad política, de la trascendental actividad que se ocupa del bienestar de la persona humana y de la creación de las condiciones sociales que permitan a los ciudadanos su desarrollo libre y pleno.
El desprestigio de los políticos y la política ha permitido el acceso al poder de populistas charlatanes e incompetentes en no pocas naciones alrededor del mundo, sumiéndolas en graves crisis económicas y socavando las libertades públicas y los derechos humanos de sus habitantes.
Aunque se debe reconocer que a ese desprestigio también contribuyen los actos deshonestos de políticos inescrupulosos, su generalización es, a todas luces, improcedente y burda.
La suspicacia de los ciudadanos en sus dirigentes alimenta el escepticismo sobre la validez de nuestro sistema de representación y sobre la legitimidad de las instituciones democráticas, crea un recelo en la sociedad que la hace susceptible a los cantos de sirena del populismo de cualquier signo y a sus eventuales desastrosas consecuencias.
Recordemos que en las elecciones del 2018 se estuvo cerca de que una alternativa populista lograra triunfar, con el surgimiento de un candidato de perfil autoritario y mesiánico, el que por fortuna se desinfló antes de la primera ronda; pero es bueno no olvidarnos de ello porque fue una señal de que una considerable porción de nuestro electorado es permeable por el discurso demagógico de la antipolítica.
Con ocasión del trámite y aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el debate público fue innecesariamente encarnizado, al igual que ha sido la discusión sobre su implementación y cumplimiento.
Especial relevancia sobre este tema han tenido los pronunciamientos de la Corte Plena y las declaraciones de su presidente, el magistrado Fernando Cruz. La posición asumida por ese poder de la República ha sido adversada, en algunos casos con argumentos respetables y bien fundamentados jurídicamente, pero en otros los ataques han sido de una virulencia desproporcionada e inadecuada, recurriendo también al escarnio y las descalificaciones de tipo personal.
No cabe duda, por lo que se publica en la prensa y en las redes sociales, que este episodio le ha producido un serio daño a la imagen del Poder Judicial y a su presidente, quien -a título individual- ha debido asumir la defensa, no siempre de manera afortunada, de una posición, por demás, colegiada.
El desprestigio de los altos jueces y de la institución que representan tiene consecuencias aún más graves que el de los dirigentes políticos, porque daña uno de los cimientos de mayor importancia de una democracia, de un Estado de derecho.
Esta discusión sobre el tema fiscal y las decisiones de los magistrados, que lamentablemente degeneró en un verdadero zipizape, debe hacernos recapacitar en la necesidad de elevar el nivel del debate público, de hacer más respetuoso, más civilizado el intercambio de criterios y la discusión sobre los principales asuntos que como nación debemos resolver. No es satanizando al que piensa diferente, ni desprestigiando a la clase dirigente, como vamos a solucionar los problemas del país.
Si queremos evitar la consolidación de peligrosas opciones populistas, no debemos seguir exacerbando el discurso descalificador, catastrofista, pesimista, ni los sentimientos de rencor, odio o revancha, ni dividiendo a nuestra sociedad
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