Luis París: La intencionalidad del decreto UPAD

Lamentablemente, las consecuencias de este desaguisado del gobierno, de esta premeditada intención de obtener información personal y sensible de los ciudadanos, no sólo las sufrirán los funcionarios involucrados, sino que incidirá negativamente en la gobernabilidad del país.

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Luis París Chaverri, Ex Embajador.Luis Paris Chaverri 

El decreto ejecutivo que creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y que la autorizaba a acceder a información confidencial de los costarricenses, no fue simplemente el resultado de una “torpeza política” o un error producto de una “omisión de lectura”, ya que su texto es claro en plasmar una intencionalidad, a todas luces contraria a nuestro ordenamiento jurídico, que ya había tenido manifestaciones previas. 

 

La profusa información que los medios de comunicación nos han proporcionado sobre este escándalo -el cual ha acaparado la atención del país en los últimos días y ha sumido al gobierno en una grave crisis política que tendrá  graves consecuencias- evidencia que personas cercanas al presidente, asesores de su confianza, promovieron la creación de una instancia para el análisis de datos que pudiera tener acceso a información confidencial de los costarricenses.

 

Varios fueron los intentos que desde el despacho presidencial se hicieron con el objetivo de materializar tal idea.

 

Primero trataron de crear una Dirección de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (DADIA), con la propuesta de un decreto ejecutivo en el que, al igual que con el de la UPAD, se incluía la intención de obtener información confidencial de los ciudadanos, propuesta que no fue aprobada por el Ministerio de Planificación (Mideplan).

 

Al fracasar en ese primer intento, plantearon una nueva propuesta para crear una Unidad Presidencial de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (UPADIA), que tampoco prosperó, hasta que finalmente lograron su objetivo con la promulgación del controvertido decreto ejecutivo, obviando, la obligatoria autorización de las instancias técnicas del Mideplan.

 

Los persistentes trámites del equipo de análisis de datos, adscrito directamente a la presidencia, así como las numerosas gestiones que para ellos realizó la directora del despacho presidencial, no dejan la menor duda del conocimiento, consentimiento y respaldo del presidente Carlos Alvarado. 

 

También se tiene debidamente acreditado que varias entidades públicas, como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se negaron a proporcionar información sensible o confidencial, o a firmar convenios de cooperación que esos funcionarios les habían solicitado o propuesto.  

 

De esa manera, la intencionalidad de acceder a información confidencial no sólo quedó claramente plasmada en la letra del decreto ejecutivo No. 41996 MP-Mideplan (artículo 7), sino que también se evidencia en las múltiples gestiones que realizaron desde esa unidad y desde el despacho del presidente de la República.

 

Por los visos de ilegalidad e inconstitucionalidad del citado decreto, la decisión del presidente de anularlo fue necesaria, oportuna y correcta, pero este acierto fue opacado por sus torpes declaraciones en las que señala al sector financiero, a los partidos de oposición y a la prensa como partes interesadas en dañar la imagen del gobierno, pretendiendo así minimizar la propia responsabilidad y revelando su falta de humildad y prudencia.

 

La crítica a los partidos de oposición fue especialmente inoportuna porque afecta la adecuada interlocución que su gobierno debe mantener con esos grupos para poder avanzar en importantes y urgentes proyectos para el país. Además es injusta y malagradecida por cuanto desconoce el apoyo que esas fuerzas le han dado desde el inicio de su gestión.

El ejercicio de una oposición responsable, criticada por algunos de cogobierno, le otorga autoridad moral a esas agrupaciones para ejercer su derecho a un adecuado control político y exigir que en este tema se llegue hasta las últimas consecuencias.

 

Lamentablemente, las consecuencias de este desaguisado del gobierno, de esta premeditada intención de obtener información personal y sensible de los ciudadanos, no sólo las sufrirán los funcionarios involucrados, sino que incidirá negativamente en la gobernabilidad del país.

 

 

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