Luis Paulino Vargas Solís, Economista.

Dice el expresidente Carlos Alvarado que la reforma fiscal que él lideró, no pretendía debilitar los diversos programas públicos de tipo social, sino, y, por el contrario, más bien buscaba fortalecerlos. Así lo afirma en una entrevista para La Nación. Se refiere, evidentemente, a los brutales recortes que viene aplicando el gobierno de Rodrigo Chaves, los cuales están provocando un grave retroceso social.

Desconozco si Alvarado nunca entendió los verdaderos alcances de ese plan fiscal, o si sencillamente intenta embaucarnos apelando a una narrativa falsa y engañosa, cometido en el cual no falta quienes deseen acompañarlo. Si, incluso, hay personas que le atribuyen estatura de gran estadista, dotado de una prodigiosa mirada de largo plazo. La verdad es que, un examen más detenido y riguroso puede ayudar a esclarecer la realidad alrededor de esta chanfaina.

Dos grandes componentes

El plan fiscal de Alvarado, tenía dos grandes componentes: la ley 9635 (“Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”) aprobada en diciembre de 2018, y la 10.159 (“Ley Marco del Empleo Público”), la cual fue enteramente concebida durante la administración Alvarado, pero aprobada en marzo de 2023, siendo ya Rodrigo Chaves el presidente. Esta última está teniendo negativas consecuencias sobre todas las instituciones públicas, porque -como ya se ha comprobado- dificulta gravemente la contratación y retención de personal altamente calificado. Baste tener en cuenta este detalle para empezar a percibir lo frágil y vacilante que resulta el pedestal sobre el que quieren colocar al “gran estadista”.

En lo que sigue solo me referiré a la primera (la 9635), la cual, siendo una norma sumamente compleja, tiene, sin embargo, dos partes principales: la reforma tributaria y la regla fiscal.

La reforma tributaria

El énfasis se puso sobre los sectores medios de profesionales asalariados (en gran parte del sector público), y los estratos de ingresos bajos (mediante la introducción del IVA). Solo muy marginalmente se tocó a los grupos más ricos. Ese diseño impuso un techo muy bajo: no cabía esperar más que un limitado crecimiento de los ingresos, y eso es lo que los datos de la realidad nos muestran. El hecho es que esa reforma ya dio lo que podía dar y agotó sus posibilidades, y, de hecho, ni siquiera logró devolver los ingresos tributarios, medidos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), a sus niveles de 2007 y 2008, cuando llegaron a tocar el 14,9%. En su mejor momento, o sea, el año 2022, cuando tuvo a su favor un inusitado repunte de la inflación, la reforma de Alvarado tan solo alcanzó el 14,1%. Y, claro, puestos a buscar pretextos, ahora podrán decir que la recaudación tributaria está siendo afectada por la baja del dólar y la deflación de precios, lo cual, aun siendo cierto, no le quita un gramo de validez a la cuestión que aquí es clave: ese 14,1% del PIB del 2022, marca posiblemente un techo que solo bajo circunstancias inusualmente favorables podría mejorarse, y, de darse tal resultado, será solo por un margen muy pequeño.

La regla fiscal

Puesto que, desde el punto de vista de los ingresos, las posibilidades eran limitadas, el énfasis inevitablemente se trasladaba al recorte del gasto, y con más fuerza aún, cuando, en 2020, Carlos Alvarado decidió firmar un acuerdo con el FMI, que prácticamente escribía en piedra metas fiscales bastante astringentes. Se abrían así las compuertas para que cayéramos en un círculo vicioso de grosero retroceso social.

Voy a omitir detalles técnicos, inevitablemente engorrosos. Básicamente intentaré clarificar la lógica, sumamente dañina, bajo al cual opera esa regla:

  1. Tengamos claro, como punto de partida, que las necesidades y demandas que el sector público debe atender crecen naturalmente, conforme crece la economía, aumenta la población y nuestra sociedad se hace más compleja y diversa. Como mínimo, los presupuestos públicos deberían crecer a la par del crecimiento de la economía, lo cual sería posiblemente insuficiente, ya que la complejización que la sociedad experimenta, va alcanzando, con el tiempo, niveles y expresiones que exceden del crecimiento cuantitativo de la economía, generando, en consecuencia, demandas multiplicadas y más exigentes, para la institucionalidad pública. Carece de toda viabilidad creer que la cuestión pueda resolverse a punta de más eficiencia, cuando desde antes de esta reforma, ya era claro que las capacidades del sector público se quedaban cortas con respecto a las necesidades que debía atender.
  2. La regla fiscal impone un límite al crecimiento del gasto, el cual tiene el efecto de que este se queda rezagado con respecto al crecimiento de la economía y, más en general, con relación a la ampliación y complejización de las demandas sociales. Al pasar los años y prolongarse esa situación, la brecha tiende a crecer y, entonces, se agrava la atrofia de las capacidades de respuesta del sector público.
  3. La restricción opera, en principio, sobre los llamados gastos corrientes, de los cuales, ya en la administración Alvarado, se hablaba con irresponsable ligereza, como si fuera algo accesorio, casi prescindible. Eso es falaz, puesto que esos gastos son los que posibilitan el funcionamiento cotidiano de las instituciones y la prestación habitual de los servicios. La restricción sobre ese tipo de gastos, inevitablemente provoca que decaiga la calidad y cobertura de los servicios.
  4. La restricción va siendo más y más asfixiante, conforme la magnitud de la deuda pública (medida como porcentaje del PIB) sea más alta. En el caso más fuerte (cuando ese porcentaje exceda del 60%), el límite se aplica no solo a los gastos corrientes, sino también a los de capital (o sea, a la inversión pública), implicando, además, congelamiento salarial. En esa situación hemos estado desde 2022 hasta la fecha.
  5. Esto necesariamente provocaría un serio deterioro en los servicios públicos, el cual se iría agravando conforme pase el tiempo. No hay forma de impedirlo. Quizá se podría reforzar las becas estudiantiles desfinanciando al OIJ y a la policía, o quizá se podría intentar relanzar los programas de vivienda popular dejando desnudos los Parques Nacionales y el arte y la cultura. Pero obviamente todas esas serían falsas soluciones.
  6. Todo esto tiene perniciosas consecuencias en el corto plazo, pero, no nos quepa duda, sus consecuencias negativas se proyectan al mediano y largo plazo. Cada una de estas decisiones va minando el terreno sobre el que se asienta la democracia y la paz social de Costa Rica, va dejando un acumulado de necesidades insatisfechas, de rezagos y posposiciones en proceso de agravamiento. Cada una va colocando un peso muerto sobre el futuro de Costa Rica. De ese hueco no vamos a salir en muchos, muchos años.

A modo de conclusión:

  1. Cierto: ante el problema fiscal algo había que hacer. Pero eso no significa que cualquier cosa fuera igualmente aceptable. Alvarado decidió “hacer algo”, y optó por una salida fuertemente regresiva.
  2. Chaves recibió esta herencia, no ha sido capaz de mejorarla en nada y más bien decidió aplicarla en su peor versión.
  3. Nos urge poner bajo control el cuantioso fraude fiscal y lograr que los sectores muy ricos tributen como tales. Mientras no existan las condiciones políticas que lo hagan posible, el retroceso social continuará.
Luis Paulino Vargas Solis

Por Luis Paulino Vargas Solis

Economista, investigador independiente jubilado.