Luis Paulino Vargas Solís, Economista.

El capitalismo no puede existir sin Estado. Eso es lo que la historia y las evidencias nos dicen. Lo necesita, primero que nada, para proteger la propiedad privada, lo cual, en nuestro contexto cultural, se concibe desde los criterios heredados del derecho romano: como un principio de alcances prácticamente irrestrictos. Lo necesita para regular los mercados y que estos funcionen según reglas confiables. Incluso, el Estado posee una especie de poder performativo sobre los mercados, al punto que muchas veces es el que los crea. En Costa Rica tenemos buenos ejemplos de ello: los mercados de los seguros, la banca, las telecomunicaciones y la electricidad, fueron creados por el Estado, durante los decenios del proyecto desarrollista (1950-1980). Y si no los crea, es, como mínimo, el que les da el formato requerido y los pone a caminar.

Pero el capitalismo necesita del Estado también en otro sentido: para ser económica y socialmente viable. Primero, porque los mercados tienden a ser inestables y desequilibrados, proclives a la crisis, el desempleo y la recesión. Lo cual hace necesario una intervención estabilizadora del Estado. Segundo, porque el capitalismo tiende intrínsecamente a generar desigualdad y exclusión, por lo que la intervención pública es necesaria para atenuar inequidades y propiciar mejores oportunidades de vida para la gente, sin lo cual el orden social deviene desorden, anomia y violencia.

Por todo eso, las alucinaciones anarco-libertarias no pasan de ser una pesadilla distópica: en el contexto de un orden capitalista, el Estado es tan imprescindible como el aire o la luz del sol.

No nos extendamos -no de momento, al menos- sobre lo acontecido en Costa Rica durante el período comprendido entre 1984 y 2018, excepto para indicar que ya ahí se crearon condiciones que generaron mayor desigualdad, estrecharon las oportunidades de vida de la gente e inyectaron mayor inestabilidad e incertidumbre en sus proyectos de vida. De ahí el agudo malestar con el sistema político y la institucionalidad democrática. Hablemos, mejor, de lo ocurrido posteriormente a 2018 y hasta este momento.

Lo acaecido en este último lapso se resume en lo siguiente: a partir de la aprobación del plan fiscal de Carlos Alvarado -ley 9.635- y, posteriormente, con la Ley Marco del Empleo Público -número 10.159- hemos entrado en un proceso de acelerado desmantelamiento y debilitamiento de la institucionalidad pública, y, en general, de la institucionalidad estatal.

Esta normativa ha venido a concretar la vieja aspiración de gente que, con el paso del tiempo, desarrolló un odio patológico contra lo público, y, en especial, contra las personas que trabajan en lo público, que son, a fin de cuentas, la que le dan existencia, puesto que los edificios vacíos no podrían hacerlo. Ahí confluyeron cámaras empresariales, medios de comunicación, la intelectualidad de derechas y muchas rutilantes figuras de la política.

Curiosamente fue un gobierno del PAC -un partido que se suponía heredero del viejo ideario socialdemócrata y que alguna vez intento vestir ropajes de progresismo- el que vino a asestar el golpe mortal.

El debilitamiento de la capacidad de respuesta estatal se refleja hoy -por poner un ejemplo muy actual- en el reinado que el narco ha establecido. Simplemente este vino a llenar los vacíos que el Estado dejó, sobre todo entre los muchachos y los hombres jóvenes, quienes, lanzados al desempleo y la marginalidad, constituyen, con mucha diferencia, el sector más expuesto y vulnerable al embrujo mortal del crimen organizado. Como son, asimismo, sus corderos sacrificiales favoritos, a los que, una vez envueltos en las redes del narco, se los asesina como si fueran cucarachas.

Pero, todavía más, hoy la institucionalidad pública ha entrado en un proceso de derretimiento, como si fueran un cubo de hielo expuesto al sol de mediodía. La masiva fuga de personal altamente calificado en la Caja y en el Poder Judicial, dan buen testimonio de ello.

Estamos entrando en la fase terminal de una crisis de largo plazo. Lo que de aquí en adelante ocurra, podría tener consecuencias devastadoras, inimaginables, para Costa Rica. Una verdadera catástrofe. Es algo que exige una rectificación urgente.

Luis Paulino Vargas Solis

Por Luis Paulino Vargas Solis

Economista, investigador independiente jubilado.