Luis Paulino Vargas Solís, Economista, investigador independiente jubilado.

Su nombre es bastante rimbombante: “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional”. El expediente respectivo lleva el número 23.414. Aparte su propuesta de referendo -un adefesio jurídico concebido con el exclusivo propósito de sacarse el clavo con la Contraloría- este es el proyecto de ley que más desvelos le ocasiona al presidente Rodrigo Chaves.

Es un proyecto que promete cosas grandiosas: modernización, eficiencia, sostenibilidad, confiabilidad, el menor costo posible. No le puse comillas, pero hágase el cargo de que las comillas están ahí, porque todos esos términos (entre varios más) aparecen en el primer artículo del proyecto.

Es lo que el pensamiento de derechas calificaría como “visionario”, entendiendo que “visionario” es sinónimo de “libre mercado”, y asumiendo, con desbordado optimismo, que el mercado es realmente “libre”.  Todo lo cual es, en rigor, pura ideología, de modo que lo “visionario” en el pensamiento de derechas -o sea, en el discurso neoliberal- es solamente una petición (o una exigencia) para que usted crea que el mundo es como esa gente dice que es, no como realmente es.

El caso es que se despoja al ICE de la rectoría del sistema eléctrico, la cual pasa a un órgano eminentemente politizado -el MINAE- sin experiencia en tan delicada y compleja materia, y carente del necesario bagaje teórico y técnico. Se crea, asimismo, un “Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional” (ECOSEN). Aparte lo pomposo de su nombre, este “Ente” tendrá una junta directiva, en la que claramente predominarán dos fuerzas: la parte empresarial directamente interesada en este negocio, es la primera, y las autoridades políticas del gobierno de turno, la segunda. No habrá nadie en capacidad de aportar una visión profesional, técnica y científica independiente. Las personas usuarias comunes y silvestres aquí no cuentan, como, en general, no cuenta la ciudadanía.

Siguiendo con la línea de los nombres fastuosos y sonoros, tendremos, asimismo, un “Plan de la Expansión de la Generación y la Transmisión”, el cual funcionará según los principios de la “planificación indicativa”. Este último es un concepto menos estruendoso, más modesto, el cual, en el contexto de este proyecto significa…bueno, en realidad, no significa nada. Vendría a ser como una especie de listado de amables sugerencias, que los actores participantes en el mercado podrían tener en cuenta…si quisieran hacerlo. Por lo que, igualmente, podrían ignorarlos. Queda a su entero gusto y conveniencia.

Por eso digo que lo de la “planificación indicativa” no significa nada. Es solo un antifaz para disimular la imposición del criterio de rentabilidad como principio organizador del mercado. Y, bueno ¿qué les voy a decir yo a ustedes? El mercado guiado por la rentabilidad es, como bien sabemos, sabiduría pura, un hado maravilloso que todo lo resuelve, una suerte de infalible sortilegio.

Se cuelan, aquí, las influencias provenientes de economistas como León Walras o Friedrich Hayek. En la cuestión de las subastas (una idea de raíces walrasianas) o en la representación ideológica hayekiana que imagina el mercado como una especie de virtuoso mecanismo cibernético, que recoge, agrupa, sintetiza y transmite la información, de forma altamente eficiente y flexible. Quienes propusieron el proyecto seguramente ni se enteran de nada de eso, como probablemente tampoco lo sabe el “doctor en economía” Chaves.

Suena bonito, pero lo bonito no le quita lo falaz. Y, si, mucho más que bonito es falaz.

Si hacemos a un lado esas construcciones fantasmagóricas, lo que nos queda es el mercado realmente existente. Y este, aunque eficaz en otros ámbitos, no tiene capacidad para resolver esta cuestión. Por su forma de funcionamiento intrínseco, y por su tendencia a privilegiar una visión cortoplacista y de alcances estrechos, el mercado lo mismo puede dar lugar a situaciones de oferta insuficiente que de sobreoferta. Y tratándose de algo tan importante como la electricidad, cualquiera de esas dos posibilidades resultaría muy problemática. Y puesto que el mercado responde a la demanda solvente -o sea, a la demanda de quienes tiene plata para pagar- por ello mismo es casi seguro que atenderá muy bien a los sectores que tiene más dinero y a las regiones donde circula más riqueza, y desatenderá al resto, agudizando así las desigualdades sociales y los desequilibrios regionales, que ya, de por sí, alcanzan hoy niveles realmente ofensivos.

Resulta sintomático que nociones como “equidad social” o “justicia social” están totalmente ausentes. Lo cual confirma el sesgo ideológico subyacente, el cual normaliza los desbalances y asimetrías que el mercado genera, al punto que ni siquiera contempla mecanismo alguno de compensación.

En cambio, el proyecto incluye disposiciones cuyo propósito evidente es blindar la rentabilidad privada frente a cualquier posible vicisitud que pudiera amenazarla, puesto que se ordena que el pago a las empresas generadoras o productoras se mantenga, incluso aunque estas no estén generando y, por lo tanto, tampoco aportando al sistema eléctrico nacional. Podría darse el caso de un invierno especialmente lluvioso, que propicie un sustancial incremento de la generación, o bien, podría suceder, como ya lo indiqué, que el automatismo sin dirección del mercado, provoque sobreinversión y, por lo tanto, una sobrecapacidad instalada. En tales casos la demanda sería insuficiente, pero ninguna de tales empresas, presuntamente “en competencia” podría perder, ni siquiera aunque reduzca o detenga la generación. La sociedad, como un todo, deberá darles un generoso subsidio y asumir el costo.

Y puesto que, asimismo, se ordena que se aseguren los “…costos más bajos para los sectores de consumo nacional que permitan impulsar la competitividad” -o sea, y eufemismos aparte, para el empresariado- ello significa que el financiamiento de esos pagos que preservan intacta la rentabilidad de empresas que no están produciendo, seguramente ha de cargarse a las tarifas de la gente común y corriente, incluso las familias más pobres. 

Con lo que resulta que decir que el proyecto se desentiende de la equidad social, se queda corto. En realidad, propone una suerte de “equidad invertida”, o de inequidad alevosa y deliberada. No solo privatizar ganancias y socializar pérdidas, sino socializarlas a cuenta de quienes menos tienen.

El proyecto, en su conjunto, es un atentado contra las posibilidades de desarrollo de la economía, y para la justicia y la paz social. Y lo es, no simplemente porque privatiza, sino porque privatiza confiándose sin más a los mecanismos ciegos del mercado, puesto que todavía podría concebirse alguna forma de privatización que contemple rigurosos mecanismos de control y direccionamiento estatal, de forma que el desarrollo de la electricidad responda a una perspectiva estratégica y de largo plazo, imbuida de objetivos de equidad social y cuido de la naturaleza. Nada, absolutamente nada de eso, está aquí contemplado.

Luis Paulino Vargas Solis

Por Luis Paulino Vargas Solis

Economista, investigador independiente jubilado.