Luis Paulino Vargas Solís, Economista.

El problema que estamos enfrentando, ante los inminentes racionamientos de la electricidad, me pone a meditar sobre los mitos ideológicos en los que Costa Rica ha quedado atrapada. El mito de que la liberalización de los mercados es el camino hacia el desarrollo. O su complemento: el mito de que ese desarrollo puede lograrse, sin más, mediante la atracción de inversión extranjera. Y, por supuesto, su contracara: el mito de un sector público chiquitito, prácticamente de mentirijillas.

Si nos atenemos a la experiencia histórica a lo largo de los últimos 250 años, encontramos que, prácticamente sin excepción, los procesos de desarrollo de los países económicamente exitosos, han sido liderados por gobiernos y sectores públicos, suficientemente grandes y fuertes para poder cumplir eficazmente ese rol de conducción estratégica.

Como también es cierto que las grandes revoluciones tecnológicas contemporáneas han surgido gracias a masivos programas públicos de investigación o, como mínimo, programas de investigación que, desarrollados por el sector privado, respondían a demandas y criterios definidos desde el sector público y favorecidos por abundosos subsidios públicos.

Así, los sedicentes “liberales en lo económico”, fácilmente olvidan que, durante más de un siglo, y hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos mantuvo niveles arancelarios que oscilaban entre 35 y 50%. También es cierto que tanto la computadora como Internet surgieron a partir de grandes programas públicos de investigación. Resultan ilustrativos los intentos recientes del gobierno de Joe Biden por reposicionar una renovada política industrial en relación con la tecnología de los semiconductores, lo cual incluye subsidios públicos por $50 mil millones, así como un reconocimiento explícito de que el desinterés estatal por la inversión en investigación científica y tecnológica, ha facilitado la erosión de la hegemonía tecnológica de Estados Unidos frente a China. Asimismo, los susodichos “liberales” omiten reconocer el alto grado de intervencionismo estatal, que hizo posible el ascenso de los llamados “Tigres Asiáticos” (Corea del Sur, Taiwán, Singapur), como también el de Japón y China, lo cual, por cierto, no incluía esa política -permisiva, complaciente y manirrota en materia de inversión extranjera- que caracteriza a Costa Rica. Todo lo contrario, más bien.

Lo anterior resume solo un fragmento de lo que la evidencia nos dice. Es una evidencia abundante y contundente. Se la puede rechazar por un asunto puramente ideológico, pero eso no pasará de ser un burdo engaño.

Si la electricidad no está privatizada en Costa Rica no es porque no hayan querido privatizarla. De hecho, hacia ese objetivo apuntaba el famoso “Combo ICE” del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, como es claro que este señor no pierde la ilusión de ver satisfechas sus obsesiones ideológicas. En todo caso, aunque con diferencias de énfasis y matiz, los sucesivos gobiernos propiciaron que el ICE se viera contaminado por esa ideología libremercadista. Es el influjo de la politiquería cortoplacista, que vehiculiza la influencia de intereses privados que miran con hambre el sector eléctrico.

Y, sin embargo, es cierto que la electricidad es un sector que, por su misma naturaleza, requiere de una mirada amplia y de largo plazo. Algo imposible en corporaciones o empresas privadas que deben satisfacer las exigencias de rentabilidad cortoplacistas de sus dueños y accionistas. Algo que solo es posible desde un sector público suficientemente fuerte para poder actuar con independencia de mitos ideológicos y de presiones por parte de intereses políticos y empresariales cortoplacistas. Y esto cobra mayor importancia cuando se hace necesario explorar y aprovechar nuevas fuentes energéticas. Dejarlo a la buena del libre mercado es una apuesta al fracaso. Ello sigue siendo cierto, incluso en relación con una tecnología como la de la energía solar, no obstante que esta permite una relativa descentralización de la generación. La cuestión es que, incluso en ese caso, el mercado no está en capacidad de garantizar ni los niveles necesarios de inversión a largo plazo, ni la deseable satisfacción de las diversas necesidades sociales, y, en particular, las necesidades de los sectores más carenciados de nuestra sociedad.

Y, en fin, la falla del ICE ha estado en que, aun cuando sigue siendo público, una y otra vez, se le ponen zancadillas, puesto que es dirigido por gente que responde a conveniencias políticas inmediatistas, y cuando a su interior se filtran los mitos ideológico neoliberales que, a su vez, transmiten la avidez de ganancia del sector privado.

Para el caso del ICE, como también para muchas otras empresas e instituciones públicas -la Caja en lugar prioritario- necesitamos reformas legales que las blinden frente a los intereses políticos del momento y frente a angurrientos intereses privados. Con apego a estrictos mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, debe poder trabajar desde una planificación de largo plazo y con una perspectiva realmente amplia y comprensiva.

Luis Paulino Vargas Solis

Por Luis Paulino Vargas Solis

Economista, investigador independiente jubilado.