Luis Paulino Vargas Solís: Los “logros” económicos del gobierno de Chaves 3 – “La mejoría en las finanzas públicas”

El punto aquí es básicamente el siguiente: esta política fiscal tiene nefastas consecuencias sociales y humanas, daña la paz social y subvierte las posibilidades futuras de desarrollo de la economía nacional y de nuestra sociedad.

Luis Paulino Vargas Solís, Economista.

Cuando decimos “política fiscal” nos referimos al manejo de los gastos e ingresos del gobierno, o sea, y en breve, al manejo de las finanzas públicas. En lo que a la política fiscal en aplicación se refiere, debemos recordar que el gobierno de Rodrigo Chaves se ha limitado a seguir la política fiscal heredada de Carlos Alvarado. Las innovaciones -si las ha habido- son mínimas. Los logros -supuesto que los haya- le corresponden, en primera instancia, a Alvarado.

El punto aquí es básicamente el siguiente: esta política fiscal tiene nefastas consecuencias sociales y humanas, daña la paz social y subvierte las posibilidades futuras de desarrollo de la economía nacional y de nuestra sociedad.

Pero ¿efectivamente hay méritos que debamos aplaudir? Una cosa es evidente: el déficit fiscal -o sea el exceso de los gastos sobre los ingresos- ha disminuido en forma considerable. Si lo medimos como proporción del valor de la producción nacional (el llamado Producto Interno Bruto, PIB), veremos que el porcentaje respectivo cae desde el 6,7% que se registra en 2019, hasta un 2,5% al finalizar 2022.

En parte esto se logra mediante un incremento de los ingresos, en parte por una reducción de los gastos. La forma correcta de medir esos cambios, es observando la respectiva proporción o porcentaje en el PIB, tal y como se resume en los siguientes datos:

  • Los ingresos tributarios (provenientes de impuestos), como porcentaje del PIB, aumentan del 12,7% en 2018 a 14,1% en 2022.
  • Los gastos totales, sin incluir el pago de intereses de la deuda, pasan de 16,0% en 2018 a 14,1% en 2022.
  • Los gastos corrientes, sin incluir pagos por intereses, disminuyen de 14,7% en 2018 a 12,9% en 2022 (gastos corrientes, recordemos, son todos aquellos que hacen posible el normal funcionamiento de las instituciones y la cotidiana prestación de sus servicios. Su recorte acarrea un deterioro inevitable en la calidad de tales servicios).

Nótese que el ajuste por el lado de los gastos es más fuerte que por el de los ingresos. Nótese, además, que en la medición de los gastos, excluimos los intereses de la deuda. Eso refleja una decisión política: los intereses se pagan porque se pagan. Todo lo demás, en cambio, queda sujeto a restricción. Y, así, mientras los recursos asignados a “todo lo demás” se reducen, la parte de los intereses aumenta: del 3,4% del PIB en 2018 a 4,6% en 2022. Puesto de otra forma: en 2018, los intereses absorbían un 17,6% del total de los gastos. En 2022, esa proporción llega al 24,2%.

Vemos, así, un movimiento de pinza: el esfuerzo por reducir el déficit fiscal presiona desde arriba y el incremento de los pagos por intereses presiona desde abajo. La consecuencia es que se sacrifica todo aquello que es realmente importante para el país: salud, educación, atención a la niñez y a las personas mayores, seguridad pública, vivienda popular, arte y deporte, etc.

Todo esto tiene amplias y muy severas y negativas consecuencias. Su impacto para la calidad de vida de nuestra población es terrible. A fin de demostrarlo, y de entre los muchos ejemplos que podríamos mencionar, voy a seleccionar dos:

  1. La deuda del gobierno con la Caja: es cierto que esta viene de administraciones anteriores, a las cuales debemos pedirles cuentas. Pero también es cierto que, en este gobierno, esa deuda crece a un ritmo alarmante, jamás visto: entre agosto 2022 y agosto 2023, la deuda creció en ₡580 mil, o sea, un 21%, lo que lleva el total a ₡3,3 billones (millones de millones). Contrariamente a los ofensivos pretextos que pone el gobierno de Chaves para negarse a avanzar en un cronograma razonable de pagos, lo cierto es que, excepto por una muy pequeña parte, toda esa deuda está bien documentada, es legítima y, por lo tanto, debe pagarse. Ese gigantesco faltante presiona negativamente sobre la calidad de los servicios de salud, y está poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones IVM de la Caja.
  2. Bonos de vivienda: en 2022 y 2023, el total de los bonos concedidos se ha reducido en aproximadamente un 25% respecto de los patrones históricos. Todavía en el bienio 2018-2019 se colocaban, en promedio, más de 12 mil bonos anuales. Para 2022 y 2023 ese promedio cae a 9 mil. De tal modo, miles de familias pobres no tendrán acceso a su casita.

El punto aquí es básicamente el siguiente: esta política fiscal tiene nefastas consecuencias sociales y humanas, daña la paz social y subvierte las posibilidades futuras de desarrollo de la economía nacional y de nuestra sociedad.

Pero todavía hay un grave problema adicional: desde el punto de vista de los ingresos, esta política fiscal ya tocó techo, pegó con cerca: los ingresos fiscales están frenándose, lo que incrementa la posibilidad de que se apliquen mayores restricciones, y que se recurra -como ha propuesto el FMI- a opciones políticamente explosivas, como poner impuestos sobre el aguinaldo y el salario escolar.

Tengamos claro que esta ruta fiscal es inviable. Urge un replanteamiento en profundidad.
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