La intervención pública, mirando adelante con la luz bien larga, es mucho más clara en el caso europeo. Y ni se diga China, donde la planificación alcanza los más altos estándares de rigor y meticulosidad.
Luis Paulino Vargas Solís
En un audio que circuló hace unos días, la exdiputada Pilar Cisneros hablaba de la oferta y la demanda de la electricidad como si fuera una mercancía cualquiera, como si fueran detergentes o desodorantes. La falacia en que incurría la exdiputada se hacía evidente tan solo con que recordásemos que una falla generalizada del sistema eléctrico, que provoque un apagón nacional, provocaría un frenazo en seco de toda la economía. Claramente se trata de algo muy distinto a una mercancía común y silvestre.
Pero, además, el chavismo insiste en comparar con el servicio de telefonía móvil o celular, a partir de la “apertura” del mercado que se dio en 2009.
Primero, conviene contextualizar: la oposición que, por entonces, se expresaba contra esa “apertura” tenía como base principal una constatación muy válida y razonable: en aquel momento las tarifas celulares eran considerablemente más baratas en Costa Rica que en cualquiera de los países donde se había privatizado el servicio. Ese dato era fidedigno y no fue desmentido por nadie.
Surge entonces, la pregunta: ¿y por qué no hubo posteriormente un incremento similar de los precios en Costa Rica? La respuesta me parece hasta obvia: porque había una empresa pública, el mismo ICE, cuya presencia ha forzado a las operadoras privadas a mantener las tarifas en niveles razonables. Puede uno ya imaginarse qué ocurriría si Kölbi-ICE desapareciera.
Pero hay todavía otra mentirijilla que debe clarificarse: cuando todavía el ICE operaba como único oferente no se satisfacía toda la demanda existente por servicios celulares, no porque el ICE no tuviera capacidad para hacerlo, sino porque su oferta estaba políticamente controlada. El ICE no decidía por su cuenta ampliar el número de servicios, sino que debía pasar por complicados procesos de autorización, los cuales estaban en manos de los políticos de turno.
Y ¡qué tremenda casualidad! esos políticos se encargaban de dificultar el proceso y de limitar el número de líneas que se podían ofertar.
Pero, además, la comparación entre el servicio de telefonía móvil y la electricidad es un completo disparate, una torpeza y una necedad. Es una diferencia similar a la que pueda existir entre poner una escalera para subir al techo de la casa, o tratar de llegar al techo de un rascacielos de 20 pisos.
Porque las condiciones de infraestructura por medio de las cuales la electricidad se genera, se transmite y se distribuye son muy distintas a las que son propias del servicio celular. Aquella es una infraestructura mucho más compleja, de mucha mayor envergadura y sometida a mayores riesgos y amenazas.
La electricidad demanda una red que cubre todo el país: miles de kilómetros de líneas de transmisión y distribución, las cuales llegan hasta cada hogar, cada institución y cada empresa, así como postes, transformadores, subestaciones y, en el origen de todo, las grandes plantas o centros generadores.
El servicio de telefonía móvil funciona con base en una infraestructura más “liviana”: torres, generalmente fibra óptica, pero, en la última sección, la que lleva la señal al teléfono personal, es inalámbrico.
La infraestructura eléctrica está expuesta a fallos encadenados que, eventualmente, pueden provocar apagones generalizados. Y, ciertamente, por su mayor densidad física, está expuesta a mayores riesgos climáticos o telúricos.
Sin duda, un fallo generalizado del sistema eléctrico tiene consecuencias mucho más graves porque provocarían la paralización de la economía en su conjunto. Sin celular, yo no podría llamar a un amigo ni enviar mensajes por WhatsApp, pero eso no obliga a suspender las cirugías en un hospital ni provoca que los alimentos que requieren refrigeración se descompongan.
La energía mueve toda la economía como también la vida de las personas. Mueve, incluso, el propio servicio celular. Este último también requiere un mínimo de planificación (y por la debilidad de esa planificación persisten en Costa Rica brechas importantes de conectividad).
Pero la electricidad requiere de esa planificación en mucho mayor grado que la telefonía celular. Una planificación integral, compleja, multifacética y de largo plazo.
Esto último es clave.
Si uno se detiene a estudiar las experiencias en los países más avanzados, podrá constatar que, por lo general, hay una conducción estratégica, ejercida por el Estado desde una mirada de largo plazo.
Pero, eso sí, la primera enseñanza que se extrae del examen de esas experiencias, es que el contexto importa. O sea, la trayectoria histórica y el marco cultural y político importan. Por eso lo que hace la Unión Europea difiere de lo que hace China, como estos dos casos son distintos a lo que, en su momento, intentó Biden en Estados Unidos (sobre Trump no hay nada que comentar: todo se reduce a extraer petróleo).
Lo cual significa que, en lo atinente a nuestro país, nadie debiera pretender borrar alegremente el pasado, como si los 77 años de fértil y provechoso trabajo del ICE no hubieran existido.
En el caso estadounidense, la implicación del capital privado es más fuerte. En Europa, con su Green Deal aprobado en 2020, el modelo ofrece mixturas complejas entre lo privado y lo público, mientras en China está fuertemente estatizado. Pero incluso en los Estados Unidos de Biden, el Estado cumpliría una función de planificación y conducción, con mirada de largo plazo, a través de un complejo y diversificado esquema de subsidios fiscales, financiamiento e inversión en ciencia y tecnología.
La intervención pública, mirando adelante con la luz bien larga, es mucho más clara en el caso europeo. Y ni se diga China, donde la planificación alcanza los más altos estándares de rigor y meticulosidad.
Cabría preguntarse: ¿será eso lo que explica que China sea el indiscutible líder mundial en nuevas energías?
