Luis Paulino Vargas Solís, Economista, investigador independiente jubilado.

Recientemente vuelve a ganar titulares de prensa el asunto de las reformas a los sistemas de pensiones. La visita de una delegación de la OCDE lo ha propiciado, pero, al plantearse la discusión, los planteamientos que se escuchan son los convencionales, centrados en una agenda regresiva anti-derechos: incrementar contribuciones; elevar edad de retiro; disminuir el monto de la pensión considerando para su cálculo un mayor número de años laborados.

En general, y a fin de justificarse, estos planteamientos apelan a ciertas problemáticas bastante obvias: el progresivo envejecimiento de la población y los cambios en el ámbito laboral, asociados a empleos más inestables y mayor desempleo, entre otros.

  • Ineludible punto de partida: ir más allá de lo existente

Siendo cierto que hay cambios demográficos y en el empleo, no es menos cierto que eso se acompaña de un nivel de ingreso promedio por persona mucho más alto, en un mundo que, empujado por la inteligencia artificial, avanza hacia niveles de automatización crecientes, con niveles de productividad promedio al alza y, posiblemente, un menor número de empleos, cosa que, además, obliga a reconsiderar seriamente la duración de las jornadas laborales y desaconseja las jubilaciones a edad avanzada. Si, frente a eso, nos limitados a un derrotista y conservador “nada podemos hacer”, con ello estaremos dando por sentado un estatus quo violentamente inequitativo, que implicaría la concentración del ingreso y la riqueza a niveles demenciales.

Si las sociedades actuales ya dan signos de violencia y polarización que arriesgan volverlas inviables, la persistencia de ese estado de cosas, agudizaría todas esas patologías hasta niveles insoportables, posiblemente insostenibles. Si no queremos vivir en una guerra de “todos contra todos”, algo importante ha de cambiar. Y los sistemas de pensiones forman parte de ese cambio.

Por lo tanto, si realmente interesa la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones público, la perspectiva que se asuma debe ser mucho más amplia: no solo de largo plazo, sino abierta a un discusión -crítica, rigurosa y en profundidad- sobre las realidades del contexto costarricense, que condicionan los sistemas de pensiones.

  • Las cuestiones clave que deben debatirse
  1. La tremenda desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, que debilita la capacidad contributiva de la mayor parte de la población, y coloca en muy pocas manos una proporción bárbara de los ingresos y los patrimonios, los cuales prácticamente no aportan nada, ni al sistema público de pensiones ni, en general, a los sistemas de seguridad social, incluidos los servicios de salud y educación.
  2. Por lo tanto, y asociado a lo anterior, una profunda transformación del sistema tributario y, en general, de los mecanismos de financiamiento de los servicios públicos, para imprimirles los rasgos de progresividad y justicia contributiva de que hoy carecen, y avanzar hacia mecanismos más eficaces para el combate del fraude fiscal.
  3. La bajísima participación en los mercados laborales de la población en edad de trabajar y, concomitante a esto último, la bajísima proporción de quienes realmente tienen un empleo remunerado fuera de su hogar. El problema es grave, en general, pero resulta especialmente agudo en el caso de las mujeres. Siendo una situación que pone en evidencia una falla fundamental en el modelo económico de Costa Rica, también tiene graves implicaciones para el sostenimiento de los sistemas de pensiones y, en general, de todo el Estado social, puesto que muchísimas personas que podrían estar cotizando, no lo hacen.
  4. El estancamiento a largo plazo -cuando no el efectivo retroceso- del poder adquisitivo real del ingreso de porciones sustanciales de la población trabajadora. Esto, junto con el inequitativo e ineficaz sistema tributario, es una de las contrapartes del problema que mencioné en el primer punto -el de la agudizada desigualdad- y también tiene un efecto pernicioso sobre los sistemas de seguridad social, puesto que impone un techo muy bajo a las cotizaciones que la gente puede dar. He aquí, por otra parte, otra de las groseras anomalías del actual modelo económico.
  5. La baja productividad en una parte muy considerable del aparato productivo de la economía costarricense, que es, a fin de cuentas, el factor fundamental detrás de los altos niveles de informalidad laboral, y que incide negativamente sobre el nivel de ingreso de la población y, por lo tanto, sobre su capacidad para contribuir a los sistemas de pensiones y al Estado social en general. La contracara de esto son los altos niveles de productividad en las corporaciones transnacionales de zona franca, especialmente las manufacturas de alta tecnología. Aquí se evidencia otra falla del modelo económico: una dualización realmente grosera, donde una parte de la economía funciona como si fuera un fragmento de las economías ricas inserto en el territorio costarricense, con ligámenes muy débiles con el resto de la economía.

Omitir estos temas fundamentales, equivaldría a ponerse a “jugar de casita”.

Luis Paulino Vargas Solis

Por Luis Paulino Vargas Solis

Economista, investigador independiente jubilado.