Luis Varela Quirós, Embajador

El conflicto diplomático entre Ecuador y México debe analizarse desde varias perspectivas tanto política como diplomáticamente.

En el aspecto político debe tomarse en cuenta varios factores: El ex-Vicepresidente de Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, Jorge Glas se ve enfrentado a diversas acusaciones por, supuestos delitos funcionales, resultando culpable de ellos y siendo condenado por los Tribunales competentes.

El Señor Glas se asila en la Embajada de México en Quito, alegando una persecución de carácter político y obtiene la protección del Gobierno mexicano, quien lo considera un perseguido político. El Gobierno ecuatoriano le niega el respectivo salvoconducto para que pueda trasladarse a México y disfrutar del asilo territorial en dicho país.

En medio del proceso, el Presidente de México Manuel López Obrador, hace una serie de comentarios impropios, referentes a asuntos internos del Ecuador, lo que indisponen al Gobierno del Presidente Daniel Noboa, quien decide declarar non grata a la Embajadora de México, Raquel Serur.

Hasta ahí el asunto permanece como un conflicto diplomático normal, porque, como de ordinario pasa, el estado asilante, que es a quien corresponde calificar la procedencia del asilo, lo hace por considerarlo un delito político, el Estado de nacionalidad del perseguido lo calificará, invariablemente, como un delito común.

Por ello artículo IV de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, de 28 de Marzo de 1954, expresamente dispone: “Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”, lo que es lógico, porque de otra manera se haría nugatorio el derecho de asilo.

Ese impasse ya se ha dado en varias ocasiones, siendo el más conocido de todos el otorgado por Colombia al político peruano Raúl Haya De la Torre, quien permaneció varios años en la Embajada colombiana en Lima y ha sido objeto de diversas convenciones en nuestra región, donde se ha practicado más eficazmente el asilo diplomático. En Costa Rica recordamos el asilo acordado al dirigente izquierdista Pascal Allende, por parte de nuestra Embajada en Santiago de Chile, durante el régimen de Augusto Pinochet.

El asilo diplomático constituye un asilo no territorial que permite a una persona que se considerara indebidamente perseguida, buscar protección en la sede de una misión diplomática, o la residencia oficial del Jefe de Misión pues ambas se encuentran protegidas por un fuero de inviolabilidad, conforme a la práctica internacional y las convenciones vigente en materia de relaciones diplomáticas. Hoy día se entiende que tal inviolabilidad alcanza, incluso, al vehículo oficial del Jefe de Misión.

Lo que es novedoso y preocupante en este caso es precisamente el atropello a la inviolabilidad de la sede diplomática mexicana por parte de las autoridades de Ecuador, en abierta violación a lo dispuesto por el artículo 22 de la Convención de Viena sobre las relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961.

Aún en casos de mayor gravedad, en nuestra región y en mundo, siempre ha privado el deber recíproco de los estados de garantizar la inviolabilidad de la sede diplomática y de la abstención de penetrar en dichas sedes, salvo que se cuente con la autorización del Jefe de Misión. Y menos, como en este caso, violentando al funcionario diplomático encargado de la sede, en el momento de los hechos.

Bien han hecho la OEA y varios estados latinoamericanos en condenar o repudiar el acto, que es a todas luces violatorio de las normas y principios del derecho internacional. Lo que no es admisible, ni tiene precedentes, es que un tercer Estado, ajeno al conflicto decida romper relaciones con uno de los dos Estados envueltos en la contienda. Aunque uno podría encontrar explicaciones en el hecho de que el Estado que así lo hizo, tenga una disputa, por parecidas razones, con otro.

Tampoco es válido descalificar el derecho de México a otorgar el asilo por simpatías ideológicas, o porque alguna empresa ligada al ex vicepresidente preste asesoría al movimiento “morena” y la candidata oficial para sustituir a López Obrador en México, Claudia Sheinbaum, o a que el fallecido esposo de la Embajadora mexicana fuera ecuatoriano. Esos detalles son intrascendentes para analizar el fondo de la cuestión desde un punto de vista jurídico.

No hay duda alguna. Ecuador, que, en el caso del asilo brindado, en Londres a Julián Assange defendió, como Estado, el principio de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, hoy hecha por la borda el mismo y comete un atropello al derecho internacional, cuyo propósito es garantizar la convivencia pacífica entre las naciones.