Luis Varela Quirós, Embajador

Los gobernantes, son simples depositarios del poder, en un sistema democrático, y deben tener presente que sus actos están reglados por la Constitución y las Leyes de la Republica, y que en el ejercicio de sus funciones están sometidos a principios esenciales del Derecho Publico, como el de legalidad, de manera que solamente pueden hacer aquello que la Ley permite.

Es importante por eso, que tanto los ciudadanos como los candidatos a la Presidencia de la Republica en la segunda ronda electoral, tengan presente lo límites constitucionales del poder que el pueblo costarricense le confíe a alguno de los dos contendientes actuales el próximo 3 de abril. No está por demás señalar dichos límites.

El Artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica de 7 de Noviembre de 1949 establece que el Gobierno de la Republica lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de las funciones que le son propias. Es decir cada uno de los poderes tiene sus propias atribuciones y si bien deben cooperar y coordinar sus acciones en pro del bien de la Republica, no pueden darse interferencias a las funciones asignadas a cada cual por la propia Constitución. Mas que independencia lo que existe es una separación de funciones, teniendo como mira el bienestar de la Nacion. Cada uno de los Poderes tiene asignadas tareas distintas aunque complementarias.

Aquí vamos a discutir lo referente a los poderes, atribuciones y competencias del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de hacerlo, en su oportunidad, respecto de los otros Poderes, como tampoco nos vamos a referir a la particularidad de nuestra Constitución al establecer, en ese mismo artículo, y no en artículo separado un Tribunal Supremo de elecciones exclusivamente para la organización, dirección y vigilancia del sufragio, con el mismo rango e independencia de aquellos, pero que no lo constituye en un cuarto Poder, como algunos pretenden.

El artículo 11 de la Constitución Política vigente establece que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la Ley no les concede. Como lo ha resuelto la Sala Constitucional en el voto 1739-92 “…toda autoridad o institución pública….solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo, por el mismo ordenamiento , y normalmente a texto expreso. Para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado….” De forma tal que el Presidente de la República, solo puede hacer lo que está permitido por la Constitución y las Leyes de la Republica y sus actos no pueden exceder sus competencias.

Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la Republica: Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno. Representar a la Nación en los actos de carácter oficial. Ejercer el mando supremo de la fuerza pública. Presentar a la Asamblea Legislativa un informe anual sobre la marcha de la Administración y proponer las medidas para la buena marcha del Gobierno. Y junto con el respectivo Ministro de Gobierno, nombrar libremente a los miembros de las fuerza pública, sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento.

Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, y el derecho de veto. Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación. Disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales. Ejecutar y hacer cumplir lo que resuelvan los Tribunales de Justicia y los organismos electorales. Celebrar convenios, tratados públicos y Concordatos, promulgarlos y ejecutar una vez aprobados por la Asamblea Legislativa. Dirigir las relaciones internacionales. Recibir a los Jefes de Estado, así como a los Representantes diplomáticos y admitir a los cónsules de otras naciones. Convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones ordinaries y extraordinarias. Enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto nacional.

Debe señalarse, además, que el Presidente de la Republica no gobierna en solitario, sino que los Decretos, Acuerdos, Resoluciones y Órdenes que dicte requieren, para su validez, junto con su firma, la del respectivo Ministro del ramo. Y en los casos que fija el articulo 147 de la Constitución debe contar con la aprobación del Consejo de Gobierno, como cuando se solicite a la Asamblea la declaratoria del estado de defensa nacional y la autorización para el reclutamiento militar, organizar el ejército y negociar la Paz, porque aunque el ejército fue abolido como institución permanente por el artículo 12 de nuestra Carta Fundamental, en el caso señalado, el Jefe de Estado puede ordenar el llamado a las armas. Ejercer el derecho de gracia. Nombrar y remover a los representantes diplomáticos de la Republica, entendiéndose por tales a los Jefes de La misión diplomática. Nombrar a los directores de las instituciones autónomas cuya designación corresponda al Poder Ejecutivo.

Bien se podría argumentar que siendo los Ministros obligados colaboradores del Presidente de la Republica, y pudiendo este nombrarlos y removerlos libremente, deben actuar siguiendo estrictamente sus instrucciones, pero deben tener muy presente al firmar dichas ordenes, Decretos, Resoluciones o acuerdos, o autorizar con su voto en el Consejo de Gobierno actos contrarios a la Ley o la Constitución, incurren en responsabilidad conjuntamente con quien ejerza la Presidencia de la Republica. No son pues invitados de papel, ni pueden excusar su responsabilidad alegando obediencia debida.

La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es pública, lo que equivale a decir que puede ser ejercida por cualquier ciudadano, estén o no en ejercicio del cargo.

De manera tal que el Presidente de la Republica, por más que haya sido escogido por el pueblo no puede en el ejercicio de su cargo, actuar según su voluntad, ni ir en contra de la división de poderes, o exceder los que la Ley le fija, pues como la propia Sala Constitucional lo ha señalado “…Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, y la acción para exigirles responsabilidad penal por hechos cometidos en el ejercicio del cargo, es de acción pública, según lo que dispone el artículo 11 de la Constitución Política. Quien ha escogido la función pública se encuentra, en virtud de la citada disposición constitucional, bajo la vigilancia constante del conglomerado social, en relación con su vida pública y en algunos casos de la privada, sin poder alegar que esa esfera de su persona debe ser sustraída de esa vigilancia o fiscalización, lo que si puede alegar en su favor el particular, quien en protección de su ámbito de intimidad goza de un mayor espacio de actividad sustraída de la injerencia de las autoridades y de los particulares.Si se escoge la función pública como fuente de trabajo, se debe permitir ciertas injerencias en el reservado círculo de acción, en interés de una sana administración, injerencia que, como ya se anotó, no está permitida en relación con los particulares” S.C.voto 5061-94 .

En conclusión: Los límites del poder son los que son y el Presidente no puede hacer lo que se le ocurra, aunque como candidato lo pueda ofrecer.