La mayoría de las personas que tenemos una discapacidad o que son parientes cercanos de alguien con una discapacidad hemos experimentado hostilidad o rechazo abierto debido a la discapacidad en algún momento de nuestras vidas. El “odio a la discapacidad” existe en un espectro que va desde miradas denigrantes —por ocupar demasiado espacio en el transporte público, por ejemplo, o por verse o comportarse de manera diferente a los demás–, hasta cometer actos delictivos contra alguien porque tiene una discapacidad, se percibe que tiene una discapacidad, o se le asocia con alguien con una discapacidad.

Luz Raquel Padilla Gutiérrez, de 35 años, fue quemada viva luego de que un grupo de personas la rociaran con alcohol y le prendieran fuego en un parque cerca de su casa en Zapopan, estado de Jalisco, México. Su brutal asesinato parece ser un horrible ejemplo en el extremo del espectro del odio por discapacidad. Las declaraciones de sus colegas activistas indican que un factor en su asesinato puede haber sido el odio por discapacidad hacia ella y su hijo, un niño de 11 años con autismo.

Semanas antes de ser asesinada, según reportes de medios, Luz denunció haber sido amenazada por un vecino porque no le gustaban los ruidos que hacía su hijo durante las crisis que en ocasiones tenía. También denunció que el vecino la había atacado con cloro industrial. Sus amigos dicen que ella fue a la policía y pidió un botón de pánico (pulso de vida), que las autoridades proporcionan a las personas en su sistema de protección. En mayo, tuiteó una foto que mostraba que alguien había pintado “Te voy a quemar viva” en las paredes del edificio donde vivían ella y su hijo. A pesar de las denuncias de amenazas, violencia física y señales de escalamiento, las autoridades de Zapopan negaron su solicitud.

En el estado de Jalisco, una persona procesada por homicidio puede enfrentar cargos agravados si el delito fue motivado por el odio a la discapacidad y discriminación basada en la discapacidad. Sin embargo, Jalisco solo aplica esa agravante a los homicidios y a las lesiones, no a las amenazas.

Las autoridades de Jalisco deberían atender este vacío en su legislación. Deberían garantizar que los delitos potencialmente motivados por el odio a la discapacidad se investiguen a fondo y que los perpetradores sean llevados ante la justicia. Asimismo, las autoridades deben implementar políticas y prácticas para responder de manera efectiva a las personas con discapacidad, así como a sus allegados, que denuncian amenazas o violencia.