Manifiesto por la justicia tributaria

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Walter Antillón MontealegreJurista.

Tal vez el mío sea un pensamiento inactual, rezagado con respecto a la doctrina moderna en el campo tributario, pero sigo convencido (hasta que los sabios me convenzan de lo contrario) de que los impuestos directos, y en especial los que recaen sobre la ‘renta’, son los impuestos comparativamente más justos; que su mayor peso dentro del sistema tributario le otorga a éste un carácter progresivo; y que un sistema tributario progresivo es, por definición, el más justo.  La justicia tributaria, a más de un imperativo moral, es parte principalísima de la justicia social.

El impuesto sobre la renta se había establecido en varios países europeos ya en el Siglo XIX.  Don Alfredo González Flores lo conoció y seguramente lo estudió en Inglaterra, donde residió entre 1898 y 1905.  Don Alfredo fue abogado de profesión, pero economista y financista de afición, a partir de su experiencia inglesa.  Cuando regresó al País, rodeado de libros y con una serie de ideas claras acerca de Economía y Política Financiera, tenía plena conciencia de la injusticia del arcaico  sistema impositivo costarricense, tal como lo dejaría explicado años más tarde:

“…Ricos y pobres siempre ha habido, y siempre los habrá; pero no es justo que, descargando todo el peso de las contribuciones sobre los pobres, estos sientan más de lo necesario su pobreza, mientras los ricos se hagan más ricos cada día, por no tener que pagar lo que en razón y equidad deben pagar y pueden soportar sin fatiga ni sacrificio.”

Conversaciones con el Pueblo, 1916.

Sabemos que cuando don Alfredo González Flores llegó inesperadamente a la Presidencia de la República en 1914, llevaba diez años de formación autodidacta en las Ciencias Económicas y Hacendarias y había hecho sus primeras armas en la política nacional como diputado por el Partido Republicano. Creo que nadie en Costa Rica ha llegado a la Presidencia tan bien preparado y con tantos proyectos como don Alfredo.  Inmediatamente se puso a la obra, de modo que entre 1914 y 1917, en medio de la severa crisis económica que se abatió sobre los pueblos, producto de la Primera Guerra Mundial (1914/18),  fundó la Escuela Normal de Heredia, que fue una enorme cantera para la formación de educadores; abrió el primer banco estatal (el actual Banco Nacional); creó  las Juntas de Crédito Agrícola; ideó e inició la construcción de un hospital para los enfermos de tuberculosis (el Sanatorio Durán); fundó los Almacenes Generales de Depósito; etc. Pero posiblemente el proyecto más deseado que consiguió se hiciera realidad fue la promulgación, en 1916, de las Leyes de Catastro, de Impuesto Territorial y de Impuesto sobre la Renta; proyecto cuya aprobación fue para él un imperativo moral y social: poner a Costa Rica en el camino del progreso que años antes habían seguido con éxito los países “del Norte”. Lo expresó con las siguientes palabras:

“…Toda la enorme diferencia que hay, en cuanto al modo de administrar el Estado y en cuanto a las entidades administrativas, entre el Norte y nuestros países, consiste simple y únicamente en que allá se paga impuestos y aquí no. Entre nosotros todo el sistema se reduce hasta ahora a cobrar derechos de aduana y otra contribución indirecta sobre el consumo, como ella no sea difícil de colectar. Estas contribuciones pesan de manera más injusta sobre el pueblo consumidor y dejan libres o casi a los más obligados a contribuir; es decir, a los ricos, a los grandes propietarios, a las empresas extrajeras, a éstos que en Londres, París, New York y otras ciudades lejanas reciben el importe de sus dividendos, sin molestia ninguna, ni gravamen ninguno; estos que, por no consumir nada en el país, no pagan derechos de aduana, en ninguna forma, en nada contribuyen para sostener los gastos inherentes a la administración pública, a cuya sombra obtienen, sin embargo, todas sus ganancias .” 

Carta a un salvadoreño, 1916.

Don Alfredo fue derrocado por los Tinoco en 1917 porque sus leyes de impuestos afectaban los intereses de la oligarquía nacional y de los accionistas de las empresas extranjeras. Y de hecho no hubo en Costa Rica impuesto sobre la renta hasta 30 años después (ley 837 de 1946).

  Dicen los que saben que la ley actual (número 7092 de 1988), con gran cantidad de reformas que dificultan su aplicación, ha permitido por su estructura y por su deficiente administración, una altísima cifra de elusiones y evasiones que están pidiendo a gritos un nuevo texto legal y una batería de reglamentos idóneos para colocar a éste, nuestro impuesto progresivo por excelencia, en el centro del sistema tributario.

Hace más de veinticinco años venimos hablando de la crisis fiscal, pero los políticos tradicionales han pretendido resolverla depositando el pesado fardo impositivo en las espaldas del Pueblo. Hasta ahora han fracasado, y la crisis luce peor que nunca.

 En mi gran ignorancia, sospecho que esa crisis no se resolverá sino hasta que, al fin, hagamos lo que la oligarquía y las transnacionales impidieron hacer a don Alfredo González Flores en 1917, y han evitado en los siguientes cien años:  implantar un sistema tributario justo y progresivo, flexible y equilibrado, sobre la base de un moderno y eficiente impuesto sobre la renta que tendrá que ser el buque insignia del sistema mismo.

Por descontado que la oligarquía, al igual que en 1917, se defenderá con uñas y dientes. Pero el Pueblo costarricense tiene aquí una bandera: luchemos porque nuestro Gobierno reformule su actual proyecto tomando como base un impuesto sobre la renta moderno y justo, cuya progresividad prevalezca sobre la regresividad del IVA y los otros miembros del sistema.  Formemos un gran foro nacional bajo el nombre de Alfredo González Flores.

El autor es Abogado y Catedrático Emérito de la Universidad de Costa Rica.

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