Manuel Rojas: ¿Insensatez o locura?

Las universidades estatales son un gran logro de esta sociedad y por tanto a ella pertenecen. Así deben entenderlo las y los costarricenses, incluyendo a todas las personas involucradas en el día a día universitario. Por esa razón todos estamos obligados a mantenerlas y mejorarlas.

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Manuel Rojas Bolaños, Sociólogo, Politólogo (Dr.).

Las crisis dejan ver deficiencias y enfrentan a las sociedades a la necesaria toma de decisiones para intentar subsanarlas. Edgar Morin, el conocido intelectual francés, en un libro escrito en medio de la pandemia, ha dicho que “Las crisis nos vuelven más locos y más sabios. Una cosa y la otra. La mayoría de las personas pierden la cabeza y otras se hacen más lúcidas”. El problema es que en algunas sociedades la lucidez no siempre termina imponiéndose y la locura termina enseñoreándose. ¿Será acaso lo que sucede en nuestro país?
Hay momentos en que uno estaría tentado a afirmar que sí; que la locura o la insensatez va ganando espacio, dado el comportamiento errático y muchas veces contradictorio de los diversos actores sociales y políticos, a lo largo de todos estos meses de pandemia. Quizás sea en la Asamblea Legislativa donde esos comportamientos parecen manifestarse con mayor claridad, dadas las iniciativas y propuestas —-léase ocurrencias— de las señoras y señores diputados, empoderados por el cargo, pero la mayoría de ellos sin experiencia ni mayores calidades profesionales y políticas.
A lo mejor la aparente insensatez solo sea un distractor; una especie de mampara que oculta las maniobras de quienes ejercen el poder político y económico, para impulsar reformas que, desde su particular punto de vista son absolutamente necesarias en lo político y en lo social. Todo justificado por un supuesto interés general, del cual, según ellos, son los legítimos representantes. Y en momentos en los que la disparidad de fuerzas sociales impide la discusión abierta, la resistencia organizada y la búsqueda de acuerdos con mayor representación del conjunto nacional.
Ciertamente, hay deficiencias que corregir y reformas que realizar, pero no con la vista puesta en el pasado, como está sucediendo en la actualidad. Porque detrás de lo que se ha venido proponiendo hay visiones de la sociedad y la economía que corresponden a corrientes que fueron dominantes en el mundo en los años ochenta y noventa del siglo pasado. Estamos en peligro de ser lanzados por un equivocado camino que nos puede llevar, como sociedad, a un lugar de desventaja internacional en la etapa post pandemia.
Como es conocido, la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de fuertes instituciones estatales, sobre todo en el sector salud, pero también en otros ámbitos sociales, como única forma de salir de la crisis que aquella ha provocado y enfrentar las que inevitablemente vendrán en el futuro. Pero nuestro país parece marchar al revés. En lugar de relanzar la inversión pública, para mantener el empleo y el consumo, lo que se propone es la reducción del gasto y el achicamiento del tamaño del estado, con la consiguiente privatización de las empresas públicas rentables. Trasladar al sector privado todo lo que se considera que este podría “hacer mejor”, incluyendo por supuesto la salud y la educación públicas. Es en ese contexto en el cual hay que localizar la discusión actual alrededor del proyecto de empleo público, y la inclusión que se ha hecho en él de las universidades estatales, con abierta violación de la autonomía que les otorga la Constitución.
Es el corolario de toda una campaña que se ha montado en torno a la educación superior de carácter estatal, impulsada, por una parte, por sectores interesados en su descalabro por diversas razones y, por otra, por la miopía de actores políticos y económicos que solamente miran a las universidades como fábricas de títulos en profesiones que favorecen los negocios. La formación de nuevos cuadros profesionales es uno de los pilares de la educación superior estatal; pero dicha formación no logrará alcanzar niveles óptimos en comparación con los estándares internacionales, si no va acompañada de sólidos programas de investigación y de componentes de relacionamiento directo con sectores sociales y productivos del país. Y eso cuesta dinero.
Ciertamente, las universidades estatales tienen que mirarse internamente, iniciar un proceso de evaluación y realizar las reformas que sean necesarias para adaptarse a las nuevas circunstancias sociales del país. Como bien lo indica Manuel Castells, ministro de Universidades español, en un artículo reciente en el diario El País: “La producción de conocimiento en la Universidad debe articularse con las necesidades económicas y sociales de su entorno territorial y del país en su conjunto, en colaboración con las Administraciones, con las empresas, con la sociedad civil y con los agentes sociales”.
Deben, además, revisar obligatoriamente sus estructuras salariales y establecer un sistema único acorde con la especificidad de sus tareas y con el entorno económico nacional. Esa revisión se debió haber hecho años atrás; indudablemente faltó previsión para evitar lo que ahora se plantea: la regulación externa. Porque las adaptaciones y cambios necesarios tienen que ser obra de las mismas universidades estatales; no pueden hacerlo agencias externas donde lo que predomina es el interés político o el económico, y las visiones de corto plazo que no miran más allá de un período fiscal, un gobierno o un convenio con un organismo internacional.
Las universidades estatales son un gran logro de esta sociedad y por tanto a ella pertenecen. Así deben entenderlo las y los costarricenses, incluyendo a todas las personas involucradas en el día a día universitario. Por esa razón todos estamos obligados a mantenerlas y mejorarlas.

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