María José Cascante: Una importante reforma reglamentaria permite a la UCR avanzar contra el acoso sexual

Confiamos en que prontamente el Consejo Universitario apruebe y ponga en funcionamiento la nueva normativa, pues constituye un paso en firme hacia la erradicación del hostigamiento sexual en nuestros campus.

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María José Cascante, (Dra.), Catedrática.

Celebramos que el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica haya impulsado desde el año pasado un riguroso proceso de revisión y reforma del actual reglamento contra el hostigamiento sexual. Gracias a la movilización de diferentes colectivos de mujeres universitarias, especialmente estudiantes, este inaceptable abuso se ha evidenciado como una problemática de urgente atención en las instituciones de educación superior.

La amplia participación de especialistas y representantes de distintos sectores de la comunidad universitaria en dicho esfuerzo colectivo, evidencia que cuando las autoridades superiores tienen voluntad política para dialogar y aprovechar plenamente las capacidades institucionales, nuestra universidad puede avanzar de manera efectiva en la solución de sus problemas.

El más reciente logro en este proceso de mejoramiento de la normativa se concretó el pasado 01 de junio, con el cierre de la consulta pública del documento “Reforma Integral del Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento sexual” (Gaceta Universitaria 14-2020, 23 de marzo de 2020).

Creemos que dicho texto interpreta adecuadamente el sentido de urgencia y compromiso con la erradicación de la impunidad, que distintos sectores universitarios han demandado para que la institución se encamine a ser un espacio libre de acoso y de violencia, tanto para estudiantes, como para personas funcionarias. La propuesta incorpora más y mejores herramientas para abordar los casos de acoso sexual y condiciones apropiadas para proteger a las víctimas.

Destacamos la importancia de la ampliación del número de integrantes de la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual (CICHS), pues se necesita un grupo más amplio de personas capacitadas que puedan atender adecuadamente las demandas que recibe dicho órgano, además de facilitar la posible regionalización de su trabajo.

Otro acierto es la propuesta de creación de la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual que representa una oportunidad para acompañar psicológica y legalmente a las personas afectadas, así como fiscalizar rigurosamente todo el ciclo del proceso de denuncia y abordaje de los casos de hostigamiento sexual. Además, viene a impulsar los procesos de información y educación para la prevención. Sin embargo, es importante evitar la posible duplicidad de funciones entre esta nueva instancia y la CICHS.

Un avance significativo de esta reforma es que establece como requisito la inclusión de cláusulas contra el hostigamiento sexual en los contratos, cartas de entendimiento u otras figuras legales que vinculen a la universidad con actores externos, de manera que la institucionalización de buenas prácticas se extienda a nuestras empresas proveedoras y organizaciones aliadas, entre otras.

La administración superior universitaria debe respaldar la puesta en funcionamiento de la normativa mediante la asignación del tiempo necesario al personal de las instancias correspondientes y la dotación presupuestaria suficiente para darles sostenibilidad en el tiempo. Aunque tenemos consciencia de que la UCR transita por un periodo de estrechez financiera, muchos de los problemas que la reforma intenta solucionar no podrán ser atendidos sin los recursos y las condiciones institucionales adecuadas.

Las políticas de atención, prevención y el cambio cultural que se necesitan para erradicar el hostigamiento sexual en nuestra institución deben ser de la más alta prioridad para la administración y deben involucrar permanentemente a todos los actores de la comunidad académica, especialmente a los órganos de representación estudiantil, como son las asociaciones de estudiantes y la FEUCR (Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica), en las campañas informativas y de sensibilización.

Hemos realizado una revisión exhaustiva de la propuesta y aportado nuestras observaciones y sugerencias, con el interés de que el resultado de la reforma sea el mejor posible. Nuestras contribuciones y las del resto de la comunidad UCR están siendo actualmente analizadas. Confiamos en que prontamente el Consejo Universitario apruebe y ponga en funcionamiento la nueva normativa, pues constituye un paso en firme hacia la erradicación del hostigamiento sexual en nuestros campus.

Dra. María José Cascante
Catedrática
Directora, Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas
Universidad de Costa Rica

 


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