Mario Ramírez Granados: Peligrosos terrenos desconocidos

Bajo estas consideraciones, una democracia madura no debería caer en el anzuelo de los usos canallas, y evitar que estos se vuelvan en medios de distracción de otros asuntos públicos en el arranque de la presente administración. Como se dijo, el establecimiento sobre la antijuridicidad o no de los mecanismos de financiamiento de la campaña anterior son los Tribunales de Justicia.

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Mario Ramírez Granados.

Con cada cuatrienio, aparecen y desaparecen nuevas palabras en el campo político. Sobre el uso de las palabras en política, ya  Norberto Bobbio advertía  que este no es inocente, puesto  que  se  confunden  con facilidad   descripciones  y  juicios de valor.   En nuestro caso, ha tomado fuerza la palabra canalla para referirse a un tipo de prensa y de acción jurídica.

Si se revisa la expresión canalla, sus acepciones principales refieren a gente baja o ruin y personas despreciables y de bajo proceder.  Pero este no es el caso de “las demandas canallas”, estas tesis se originaron a partir de investigaciones periodísticas en torno al financiamiento del hoy en partido en el gobierno. A partir de la reforma del Código Electoral del año 2008, se establecieron reformas dirigidas a mejorar la transparencia de las campañas políticas. Se implantó como norma jurídica que el manejo de donaciones solo podría entrar a las cuentas de la Tesorería Nacional.  El mecanismo que visibilizó la investigación periodística fue el aparente uso de la figura jurídica del fideicomiso, así como cuentas paralelas, y aún se encuentra en investigación en el Tribunal Supremo de Elecciones.

La acción presidencial aquí se refiere entonces a un tipo de litigio estratégico. El litigio estratégico tradicional es una forma de acción que emplean individuos y grupos en favor de ciertas causas mediante el uso de medios de comunicación para posicionar en la opinión pública, logrando sensibilizar a un sector de la población en favor de sus representados, así como presentar una tesis mediante medios que se encuentra en los tribunales de justicia para tratar de incidir en la conciencia de los jueces. Su principal objetivo es lograr un cambio en el clima de opinión.

Pero en el presente caso, la calificación de ciertas publicaciones o acciones, en esta fase procesal     cuando el tema del financiamiento apenas se encuentra en  investigación, introduce más riesgos que ventajas, ya  que  la expresión canalla  entendida como una formas  bajas de  hacer políticas,  convierte a sus  portavoces en canallas,  algo peligroso  en democracia, cuando  es necesario  que existan pesos y contrapesos, es decir que existan voces diferentes  a la  oficial, e incluso  que la voz  en el poder escuche  argumentos  que nos desea oír. El disenso entonces es necesario como una garantía de pluralismo, entenderlo de otra forma convierte al disidente en enemigo, al ser contrario a la oficialidad.

Una segunda tesis que se desprende del uso político de canalla es que “lo canalla” se confunde en el discurso con las denuncias infundadas o calumniosas. Pero la calificación de infundado o calumnioso, no le corresponde a quien ejerce al Poder Político, y que es solo una parte más dentro del conflicto. Esta valoración en democracia, y bajo el principio de separación de poderes solo le corresponde a los Tribunales de Justicia, como garantía de acceso a la justicia y a ambas partes.

Bajo esta consideración, entonces usar la expresión «canalla», para referirse a temas que aún se encuentran en trámite, sirve para crear audiencias y seguidores, pero deja de lado su papel corrosivo para la democracia, al introducir la suspicacia en el ejercicio del periodismo de investigación, al degradarlo a una forma de oposición política, y de esta manera privilegiar el uso de las redes sociales como medios de información alternativos.

Las redes, a diferencia de  los medios  tradicionales, pueden ser ejercidas por cualquier persona,  y a diferencia de los medios, no se encuentran  obligados de corroborar  una fuente de información,  por lo que se recurre con facilidad  a  las llamadas fake news, los refritos (noticias  antiguas  que son vueltas a poner en circulación, sin contexto)  e incluso teorías conspirativas.  Nótese que desde este tipo de “militancia de teclado”, el papel de las instituciones   también se pone en cuestionamiento. Esto es especialmente preocupante en el caso de organismos como el Tribunal Supremo de Elecciones o el Ministerio Público, los cuales deben ser vistos como instituciones neutras.

Bajo estas consideraciones, una democracia madura no debería caer en el anzuelo de los usos canallas, y evitar que estos se vuelvan en medios de distracción de otros asuntos públicos en el arranque de la presente administración. Como se dijo, el establecimiento sobre la antijuridicidad o no de los mecanismos de financiamiento de la campaña anterior son los Tribunales de Justicia. Pretender su discusión actual, solo puede servir para que la política atraviese por peligrosos terrenos desconocidos.

 

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