Mario Rivera Lizano: Una conquista de las Organizaciones de Personas con Discapacidad y las Personas Adultas Mayores

Mario Rivera Lizano, Asesor Legislativo

Para el año 2006, luego de aprobada en Naciones Unidas la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, se empieza a diseñar una estrategia de incidencia política, liderada por el “Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad”, junto a otras organizaciones de personas con discapacidad, para que la Asamblea Legislativa ratificara, como corresponde constitucionalmente, esta Convención.

Lo anterior se logra en el año 2008, con el apoyo de varios partidos políticos, por lo que dentro de esa estrategia, correspondía luchar por crear una comisión parlamentaria, cuya tarea principal, sería transversalizar en todos los proyectos de ley el tema de derechos de personas con discapacidad.

Un paso más allá del anterior sera que la comisión realizara un control político efectivo, sobre la administración pública; la cual, hasta ese momento, seguía manteniendo una deuda histórica con esta población, en su derecho a ser parte del desarrollo cantonal, territorial y nacional.

Es así como en el año 2017, el Reglamento Legislativo vía reforma, crea la Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor, con las siguientes funciones:

1.- Conocerá y dictaminará los proyectos de ley que involucren la temática referida a las personas con discapacidad y a la población adulta mayor.

2.- Analizará los problemas sociales relativos a la calidad de vida y los derechos humanos de las personas con discapacidad y la población adulta mayor y propondrá las reformas de la legislación vigente que considere necesarias.

3.- Propondrá las modificaciones que requiera la legislación nacional relacionada con las personas con discapacidad y la población adulta mayor para ajustarse a lo estipulado en los tratados internacionales sobre la materia, procurando el desarrollo pleno e integral de estas poblaciones.

4.- Realizará un control político sobre la actuación de la administración pública, en todo lo referente a la situación de las personas con discapacidad y la población adulta mayor.

Sin embargo, pese a estos logros deben ser planteados algunos temas de interés y desafíos:

1. Es notable y evidente que las organizaciones de personas con discapacidad, casi en su absoluta mayoría, desconocen la existencia y el papel de esta Comisión, lo que genera que “el análisis de los problemas sociales relativos a la calidad de vida y los derechos humanos de las personas con discapacidad…” en la gran mayoría de los casos, esté en manos de asesores y asesoras legislativos.
2. Se puede decir lo mismo a la hora de proponer las reformas de la legislación vigente que se consideran necesarias.
3. De las más de doscientas organizaciones de personas con discapacidad registradas en este país, ya sea ante el Consejo Nacional de Persona con Discapacidad, o bien en otros ámbitos institucionales y de gobiernos locales, muy pocas han desarrollado acciones de incidencia política. Hasta ahora, han sido más excepción que regla, que sería lo deseable.
4. La Comisión parlamentaria de discapacidad y adulto mayor, debe necesariamente trabajar de la mano de las organizaciones de personas con discapacidad, en un mecanismo de consulta estrecha y con colaboración activa; tal como lo plantea la Convención en su artículo 4, inciso 3.
5. Lo anterior alentará la participación de las organizaciones, incluidas aquellas que representan los territorios rurales, costeros e indígenas, para que la comisión se convierta en un verdadero espacio para el análisis, la reflexión y la toma de decisiones que una vez por todas impacte en el bienestar de este sector tan importante de la sociedad costarricense