CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En un artículo publicado en el diario La Nación, “En honor a la verdad” la Contralora Marta Acosta desmiente distorsiones sobre proyecto Ciudad Gobierno

En un artículo publicado en el reconocido diario La Nación, “En honor a la verdad” , la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, rompe el silencio en respuesta a las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros, el Presidente Rodrigo Chaves y la Ministra de Planificación Laura Fernández. En un acto de transparencia y defensa de la verdad, Acosta Zúñiga aborda la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) en relación al Proyecto Ciudad Gobierno. Ante la evidente distorsión de los hechos, la Contralora se ve en la obligación de aclarar cada punto, revelando la verdadera naturaleza de las acciones de la CGR en el marco de su deber constitucional.

La Contralora General comienza señalando la campaña que, según ella, busca falsear la verdad en torno al Proyecto Ciudad Gobierno. Acosta Zúñiga afirma que el propósito único de las resoluciones emitidas por la CGR es garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico para asegurar que el proyecto beneficie a la colectividad.

Desmiente las insinuaciones de protección de intereses ajenos, tachándolas de distorsionadas y carentes de fundamento.

“El propósito único, de las resoluciones que emite la Contraloría, también en el caso de Ciudad Gobierno, es que se cumpla con lo que determina nuestro ordenamiento jurídico y técnico para asegurar que el proyecto alcance su objetivo, en beneficio de la colectividad. Esto es básicamente lo que corresponde en un Estado de Derecho. Por tanto, las insinuaciones de dichas autoridades sobre la protección de intereses ajenos, son distorsionadas y carentes de fundamento.”

En relación a la advertencia emitida por la CGR, la Contralora explica que su intención fue prevenir errores o incumplimientos que pudieran afectar el proyecto, no paralizarlo. La acción preventiva, originada en una denuncia recibida, es presentada como un acto responsable en pro de la viabilidad del proyecto, fundamentado en criterios técnicos y jurídicos.

Acosta Zúñiga aborda con firmeza la cuestión del ahorro de recursos públicos, compartiendo la finalidad loable de reducir gastos en alquileres. Sin embargo, señala que esta meta no justifica la ejecución de proyectos con errores evidentes, los cuales podrían prevenirse con una planificación adecuada. La insistencia en llevar adelante el proyecto con errores, según la Contralora, es injustificable e inadmisible, planteando dudas sobre la actitud de las autoridades frente a las argumentaciones de la CGR.

En cuanto a las acusaciones de arbitrariedades, Acosta Zúñiga defiende que la Contraloría ha argumentado jurídica y técnicamente contra las posiciones del Poder Ejecutivo. Critica la respuesta de la diputada, el presidente y la ministra, quienes, en lugar de respetar la decisión y plantear desacuerdos legítimos, optan por agredir a la Contraloría General y a la institucionalidad costarricense.

La resolución de la CGR es presentada como clara y accesible a la ciudadanía, abordando con respeto y técnica los reclamos del Poder Ejecutivo.

La Contralora destaca la importancia de no desinformar a la población, refutando la idea de que casos iguales son tratados de manera diferente por la CGR. Subraya las diferencias del Proyecto Ciudad Gobierno, cuestionando la estructuración del mismo y su comparación con otros proyectos ya ejecutados.

“No se vale desinformar a nuestra población esgrimiendo que casos iguales son tratados de manera distinta por la CGR. El proyecto Ciudad Gobierno no es igual a ninguno de los casos presentados por el Poder Ejecutivo en su recurso. Es un proyecto en el que además el Poder Ejecutivo ha dicho que no está estructurado, y sin embargo al mismo tiempo dice que estaba listo para iniciar su ejecución en el mes de setiembre con un acto de demolición, y pretende compararlo, en lo que le conviene, con otros proyectos ya ejecutados.”

En relación al arrendamiento operativo o financiero, Acosta Zúñiga aclara que la CGR no desautorizó el criterio del Contador Nacional, sino que cuestionó la base utilizada para sustentarlo, emitida por el BCIE, entidad parte interesada. La Contralora destaca la inviabilidad jurídica de la no transferencia de los inmuebles al Estado, resaltando que se trata de un arrendamiento financiero que debe ser valorado como deuda pública por la Asamblea Legislativa.

En cuanto a la coadministración, la Contralora reitera que no es tarea de la CGR, sino del Poder Ejecutivo, discernir y definir alternativas viables para llevar adelante el proyecto. La responsabilidad de la CGR, según Acosta Zúñiga, es fiscalizar, tarea esencial que le asigna la Constitución Política.

En un cierre contundente, Marta Acosta Zúñiga reafirma el papel de la Contraloría General como parte del sistema de pesos y contrapesos, diseñado por los constituyentes. La Contralora asegura que seguirán cumpliendo con su responsabilidad, defendiendo la objetividad, imparcialidad y rigor técnico que garantizan a la ciudadanía.

En honor a la verdad y en medio de desafíos democráticos, la Contralora concluye su declaración como un acto de compromiso con la integridad y responsabilidad en la gestión pública.