Marvin Atencio: Ley de empleo público – Más complicaciones para los usuarios del sistema de salud social

Una lectura minuciosa de este proyecto saca a la luz tres problemas, que dejan claro, que la aprobación del proyecto socavaría el sistema de salud, en una maraña de más burocracia que afectará la calidad del servicio.

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Marvin Atencio, Secretario General de Siprocimeca

La Ley marco de empleo público, ya aprobada en primer debate por 32 diputados, propone crear un solo régimen de empleo y ocho familias salariales bajo la administración del Ministerio de Planificación (Mideplan). Hoy el proyecto está en manos de los 7 magistrados de la Sala Constitucional, quienes deberán analizar la constitucionalidad de este.

Una lectura minuciosa de este proyecto saca a la luz tres problemas, que dejan claro, que la aprobación del proyecto socavaría el sistema de salud, en una maraña de más burocracia que afectará la calidad del servicio.

  1. Más burocracia en detrimento de la atención de los pacientes.  Según el proyecto, en su artículo 29, todos los servidores públicos, incluidos los profesionales en ciencias médicas, deberán sacar tiempo de su jornada laboral para llenar periódicamente una base de datos de ‘‘evaluación del desempeño’’ con información repetitiva y de poca utilidad en términos de salud pública. En caso de no hacerlo, se les podría castigar con una falta grave. El tiempo que cada profesional en ciencias médicas dedique a esto implicará menos tiempo para la atención integral de nuestros pacientes. Esto se torna más crítico en espacios como consulta externa y atención de emergencias.   Esta burocracia absurda, con un carácter totalmente punitivo, implicará al final menos transparencia y más papeles que no tienen un objetivo.
  2. Menos especialistas a disposición de la población costarricense.  La iniciativa, que establece una precarización salarial para quienes servimos en el sector público, provocará sin menor duda, una fuga de especialistas de los hospitales y centros de atención de la Caja Costarricense del Seguro Social. Este proyecto lastimosamente sólo está pensado en “reducción de costos”, dejando de lado la importancia de que el Estado cuente con los mejores profesionales a su servicio. Tal y como está planteado, para muchos profesionales del área de la salud no será llamativo concursar o mantenerse con un empleador que no ofrece salarios competitivos. En este contexto la imposición de límites como los que contiene el expediente 21.336, condenará a la Caja Costarricense del Seguro Social a perder el mejor recurso humano.
  3. Clientelismo político.  La injerencia de MIDEPLAN en materia de recursos humanos tendrá implicaciones nefastas.  Hablo de la politización en los procesos de reclutamiento de personal.  El compadrazgo y el color político podrían interferir en decisiones importantes a la hora de concursar por un puesto profesional. Esto, en el sector salud es muy sensible, pues en medio está la salud de los miles de costarricenses que confían en que el sistema vela por la escogencia de profesionales con base a idoneidad comprobada y no mediante un asunto antojadizo de la administración de turno.

Hoy como nunca, la salud está en la picota con argumentos que no resisten el más mínimo rigor académico. Espero que los diputados actuales entiendan lo que está en juego. Esta Asamblea Legislativa debe ver el perjuicio que le van a provocar a la salud de los costarricenses. El problema fiscal no se resuelve con estas ocurrencias del gobierno, no se soluciona desmantelando el Estado Social de Derecho.

Espero que también los magistrados de la Sala Constitucional lo entiendan. Ustedes tienen la palabra.

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