Mary Fitzgerald y Peter Geoghegan: El gran problema de la pequeña Inglaterra por la COVID-19

by Mary Fitzgerald,Peter Geoghegan

LONDRES – A fines de septiembre los escolares ingleses llegaron a casa con una carta del organismo oficial a cargo de combatir la pandemia, Public Health England, que indicaba a los padres que no les hicieran análisis de COVID-19 a sus hijos, a menos que tuvieran uno de estos tres síntomas: fiebre, tos seca continua, o pérdida del olfato o del gusto.
Era un mensaje desconcertante si consideramos la creciente evidencia de que los síntomas más frecuentes de la COVID-19 en los niños son en realidad fatiga y dolor de cabeza, y la admisión del propio gobierno de que hasta el 80 % de los casos en adultos (y posiblemente más en los niños) probablemente sean asintomáticos. Hace muy poco, en julio, el secretario de salud del Reino Unido, Matt Hancock, urgía a los ciudadanos a hacerse análisis «si tenían alguna duda».
Pero la carta explicaba el motivo del cambio de táctica: «Cada vez que se hace un análisis innecesario, es posible que alguien con síntomas de COVID-19 no pueda acceder a él».
Fue una admisión franca de lo que el primer ministro Boris Johnson y su gabinete intentaron durante mucho tiempo negar u ocultar: el RU (y especialmente Inglaterra) aún carece de la capacidad para realizar las pruebas necesarias para controlar el virus. Con tasas de contagio que se disparan y el regreso a los confinamientos en todo el país —incluso en universidades que recientemente habían reabierto sus puertas— este fracaso amenaza con tornarse aún más costoso.
La carta resalta los graves fallos de gobernanza y rendición de cuentas que llevaron al RU a tener la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en Europa. Mientras muchos de nuestros vecinos europeos —especialmente Italia— muestran ahora resultados mucho mejores en la lucha contra el virus, la situación en Gran Bretaña se asemeja más a la de Estados Unidos, azotado por la pandemia. No solo tanto Johnson como el presidente estadounidense Donald Trump contrajeron el virus después de desoír las directrices oficiales, el gobierno de Trump —que enfrenta su propia crisis para hacer los análisis necesarios— también intentó desincentivar los análisis entre su población, en contra de los consejos de los científicos.
Gales, Escocia e Irlanda del Norte adoptaron enfoques diferentes al del gobierno de Johnson, frecuentemente con confinamientos más restrictivos. Hasta hace poco, también tenían menores tasas de contagio, aunque ahora que se acerca el invierno, están aumentando. Pero la escalada de las tasas de contagio y mortalidad del RU se entiende mejor como parte de un conjunto trágico —y particularmente inglés— de fracasos y engaños.
En primer lugar, las tareas de análisis y seguimiento del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS, por su sigla en inglés) no son implementadas en realidad por el NHS —un organismo muy valorado (y público) al que sucesivos gobiernos liderados por los conservadores desfinanciaron en forma crónica durante una década—, sino que para administrar el programa se contrató a una maraña de empresas privadas, entre las que se cuentan gigantes multinacionales de consultoría y contabilidad como Deloitte, o empresas dirigidas por aliados del partido conservador. A pesar de que involucran grandes sumas de dinero de los contribuyentes, muchos de sus contratos fueron otorgados sin licitaciones. A menudo sus términos son secretos —en contravención de leyes y directrices válidas— y no parecen incluir penalizaciones por incumplimiento. Algunas empresas hasta pueden reescribir unilateralmente sus propios acuerdos de servicio.
Esos contratos son parte de una tendencia que comenzó hace décadas para privatizar partes clave del NHS sin consultar al público, seguir los procedimientos adecuados, ni rendir cuentas. En mayo, openDemocracy (el medio de difusión donde trabajamos) tuvo que amenazar con acciones legales al gobierno del RU para obtener información sobre los polémicos acuerdos de datos sobre la COVID-19 del NHS, en los que participaron grandes empresas de tecnología como Amazon, Google y Palantir. Cuando finalmente se dieron a conocer las 160 páginas de los contratos, revelaron un proyecto a mucho más largo plazo para «asentar» silenciosamente a empresas privadas.
Mientras tanto, diez años de austeridad dejaron los servicios públicos en dificultades para salir adelante. Desde que Public Health England fue creado en 2012, se recortó el 40 % su presupuesto en términos reales. No sorprende entonces que la COVID-19 haya golpeado más a las partes más desfavorecidas del país y afectado desproporcionadamente a las comunidades de minorías étnicas y negras en todo en el RU.
Los fracasos del RU relacionados con la pandemia —especialmente los de Inglaterra— también son claramente políticos. Fue Inglaterra la que votó fuertemente por la brexit (Escocia, por el contrario, votó a favor de seguir en la Unión Europea con un margen del 62-38 %). Y fue el electorado inglés el que otorgó a Johnson su «gran mandato» en las elecciones generales de diciembre de 2019. En guerra con la UE por los términos de su salida, el gobierno no priorizó demasiado la coordinación con el bloque para las compras por la COVID-19 ni otras cuestiones. Johnson frecuentemente promocionó la respuesta «mundialmente exitosa» del RU ante la pandemia, pero toda la evidencia indica lo contrario. El excepcionalismo británico, impulsado en gran medida por los partidarios de la brexit, está resultando fatal.
Lo que es peor aún, quienes gestionan la narrativa optimista del gobierno han sido ridiculizados como antipatriotas, o atacados por su intencionalidad política. A James Cusick, corresponsal de openDemocracy en Westminster, se le prohibió hacer preguntas en los informes de prensa sobre la COVID-19 en Downing Street después de que sus informes enfatizaron la preocupación de los médicos por la seguridad de niños en condiciones graves de salud, revelaron registros hospitalarios que sustentaban esos temores y resaltaron los costosos litigios por negligencia relacionados con las muertes por la pandemia de los trabajadores del NHS para los que se está preparando el gobierno. Reporters Without Borders condenó este y otros incidentes similares por ser ataques «trumpistas» a la libertad de prensa.
Es cierto, durante los primeros meses de 2020 los gobiernos y autoridades sanitarias en todo el mundo estaban desesperados por responder a una situación sin precedentes, pero 6 meses más tarde el gobierno intenta activamente evitar que los padres lleven a sus hijos a que se hagan análisis para detectar un virus que ya mató a casi 50 000 personas en el RU. Además, hay señales preocupantes de que Inglaterra carece de suficientes existencias de la vacuna contra la gripe, a pesar de una intensa campaña de mensajes públicos que insta a los británicos a vacunarse.
En abril se erigió temporalmente una gigantesca carpa en un parque cercano a una escuela en el este de Londres, apenas fuera del alcance de la vista de los niños. Era una morgue improvisada. Johnson y sus ministros buscaron trasladar continuamente la culpa por la crisis de la COVID-19, principalmente hacia los jóvenes. Pero si reaparecen esas carpas, los únicos culpables serán ellos mismos.
Traducción al español por www.Ant-Translation.com

María Fitzgerald

Mary Fitzgerald es editora en jefe de openDemocracy .

Peter Geoghegan

Peter Geoghegan es editor de investigaciones en openDemocracy  y autor de Democracy for Sale: Dark Money and Dirty Politics .

Copyright: Project Syndicate, 2019.
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