Costa Rica desde 1971 despenalizó la conducta homosexual consensual y privada. Fue hasta en el Gobierno de Abel Pacheco, en el 2002 que se eliminó del Código Penal toda alusión a sodomía.
En la actualidad las parejas del mismo sexo, pueden asegurarse en la Caja Costarricense del Seguro Social, realizar visitas hospitalarias, decisiones médicas, cuido en caso de enfermedad, permisos por duelos y además tienen acceso a visitas en las cárceles.
Basados en el Código Penal, en el país se sanciona cualquier acción discriminatoria por orientación sexual y la homofobia es castigada en lugares de trabajo.
Tras la interpretación de la Ley General de la Persona Joven en conjunto con convenios internacionales, en junio del 2015 Costa Rica reconoció la unión civil entre parejas del mismo sexo.
Costa Rica con respecto a este tema tiene pendientes, entre estos el proyecto de Sociedades de Convivencia, que se buscará crear una normativa jurídica para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, que en la actualidad está en debate por la Asamblea Legislativa, así como la reforma del Código de Familia y la legalización del matrimonio homosexual, en conjunto con la adopción legal, avalado por diputados de las principales bancadas del Congreso (PLN, FA, PAC).
¿Qué significa que la CIDH obliga al país el reconocimiento al matrimonio de las parejas del mismo sexo?
Efectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a principios de enero del 2018, hizo un fallo vinculante en el que ordenó al país específicamente:
- Otorgar a parejas del mismo sexo los derechos comprendidos en la legislación a otras parejas incluyendo el matrimonio.
- Permitir el cambio de género, dependiendo de la auto-identificación del ciudadano en el documento de identificación.
- Otorgar el mismo reconocimiento de las familias homoparentales.
Este fallo se dio a raíz de la consulta realizada por la vicepresidenta Ana Helena Chacón ante la CIDH, en mayo del 2016, sobre si la Convención Americana de Derechos Humanos obligaba al país otorgarle el reconocimiento a las parejas del mismo sexo, caso que este Gobierno ha impulsado por medio de la inclusión de la ley de uniones civiles y otorgar a las personas transgénero de una identificación acorde a su género de preferencia.
Por lo que afirma que los Estados deberán garantizar:
“…el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales…”
Análisis
Los altos jueces afirman que este fallo obliga a Costa Rica, junto con los 19 países involucrados, al acatamiento obligatorio, por lo que mientras el país realice reformas formales, deberá garantizar los derechos adquiridos, sin discriminación.
«Los Estados que tuviesen dificultades institucionales para adecuar las figuras existentes, transitoriamente, y en tanto de buena fe impulsen esas reformas, tienen de la misma manera el deber de garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo, sin discriminación alguna», indica el fallo.
Con el fin de profundizar sobre este tema, se entrevistó a Deiby Porras, sociólogo, trabajador de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y actual Presidente de la Asamblea Nacional de la Persona Joven. Porras afirma que los derechos humanos no son negociables, que se debe ser garante de inclusión e igualdad de oportunidades para las personas.
“Un tema importante es que acá la declaración de Comisión Interamericana de derechos humanos hace énfasis a varios temas importantes:
- Es el principio a la no discriminación y de la igualdad de derechos humanos para las personas.
- El tema del matrimonio igualitario y en eso habla de derecho del matrimonio para personas del mismo sexo.
- 3.El derecho de las personas transexuales, cuando hablamos de derechos para las personas transexuales nos referimos al derecho de una identidad como tal de como se siente.
Y entonces yo creo que también esos son derechos humanos que tienen que ser respetados”, señala Porras..
Al poner este tema sobre la mesa, la población deberá generar mayor tolerancia para esta población, que ha sido marcada por perjuicios, recordando que son personas que también le aportan al desarrollo del país y Costa Rica debe avanzar en materia de igualdad de derechos humanos.
“Las personas que somos sexualmente diversas no somos personas que atentamos contra los modelos de ciudadanos y mucho menos influenciamos para que existan organismos de violencia, más bien muchos de nosotros y nosotras aportamos al país, construimos país, lideramos procesos de trabajo y creo que en ese sentido también tenemos derechos y esos derechos deben de ser respetados”, apuntó Porras.
Posiciones de los candidatos
En este momento la sociedad costarricense vive una encrucijada entre posiciones, que traen consigo creencias conservadoras y enfoques que defienden la igualdad de derechos. Este debate nacional se ha unido a las contiendas electorales, donde los partidos han tomado posiciones con respecto al tema, que es importante destacar la posición entre los partidos:
- Antonio Álvarez Desanti (PLN): Fue claro al reprochar el pronunciamiento por parte de la Corte, en donde su mensaje se basó en indicar que este es un tema que no le compete al derecho internacional, sino que es un debate desde el congreso. El mismo defendió su posición al ser garante y defensor de la familia, pero respeta el derecho internacional ya que va por encima de las leyes del país.
- Rodolfo Piza (PUSC): Indicó que respeta la decisión por la Corte pero no comparte la resolución ya que su convicción se basa en el matrimonio entre hombre y mujer.
- Mario Redondo (ADC): señaló que fue un “compadre hablado” entre el Gobierno y la CIDH, donde solo falta que impongan el aborto, por lo que luchará por el rescate y defensa de la soberanía para que no impongan decisiones al país.
- Fabricio Alvarado (PRN): Fue quien causó más revuelto sobre el tema, describiendo como irrespeto por parte de la CIDH al obligar a Costa Rica a aprobar el matrimonio homosexual, quien se comprometió a defender la familia hasta las últimas consecuencias. Propone al país salirse de la Corte.
- Rodolfo Hernández (PRSC): Donde el fallo de la Corte lo describe como error, ya que matrimonio solo hay uno, entre el hombre y luchar, quien asegura luchar por defender los valores de la familia costarricense.
- Juan Diego Castro (PIN): Se describió como jurista católico que conoce muy bien la interpretación de la ley, por lo que asegura que la solución no es salirse de la CIDH sino por medio de su conocimiento defenderá los valores de las familias costarricenses.
- Carlos Alvarado (PAC): Defiende la resolución por parte de la Corte y respetará el acatamiento, así como los derechos de los homosexuales.
- Edgardo Araya (FA): No hay pronunciamientos, pero claro está que este partido y el propio candidato se ha referido al tema indicando su compromiso con el matrimonio igualitario.
- Otto Guevara (ML): Afirma que este tema no es de relevancia, por lo que el fallo no será prioritario ya que el país debe concentrarse en temas de más importancia.
- Óscar López (PASE): Si no es vinculante, no deberá aplicarse, afirmando que como hoy la Corte impone este tema a futuro legalizará la droga y el aborto.
- Sergio Mena (PNG): Cumplirá con el acatamiento por el fallo de la Corte, sin embargo su convicción es en la imagen de la familia, pero respetará los derechos de las personas sexualmente diversas.
- Stephanie Campos (PRC): El partido se ha referido al tema indicando que no es vinculante, por lo que la resolución no deberá obligar al país a cambiar sus obligaciones conforme a los valores de la familia actual en Costa Rica.
- Jhon Vega (PT): Apoya los derechos de los homosexuales y respeta la decisión de la CIDH.
En las próximas semanas y al calor de la contienda electoral este tema, su impacto social en un país que se ha demostrado reacio a producir cambios en este ámbito –según lo señalan las mediciones de opinión pública-, es de esperar reacciones a la hora de llevarse a cabo los dictados de la CIDH.