Mauricio Ramírez: Gestión pública y responsabilidad social en la era digital

Mauricio Ramírez Núñez, Académico.

Una de las propuestas que comienzan a tomar fuerza desde ha ya algún tiempo hablando de responsabilidad ética para con la sociedad, y que se viene implementando en Europa desde hace ya algún tiempo, es el de la incorporación de la responsabilidad social en la administración pública (RSAP). Tradicionalmente, es un concepto que ha sido aplicado para las empresas (responsabilidad social empresarial) con el fin de acercarlas a la sociedad y colaborar responsablemente en la dirección de buscar soluciones a problemáticas que detonen en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

En este sentido, la RSAP cobra fuerza porque permite facilitar una mayor transparencia en la función pública mediante la creación de códigos éticos y modernización de prácticas donde se enfatice en la participación de los diversos actores sociales y se pueda dar espacio a sectores históricamente excluidos y ampliar las dimensiones para la búsqueda de soluciones creativas, tal como lo plantea el CICAP de la Universidad de Costa Rica.

La RSAP es una oportunidad para diseñar valores organizacionales acorde a los tiempos y las demandas que la realidad impone sobre cada institución, ayuda a acelerar la transición hacía nuevas metodologías de trabajo enfocadas en la cultura de inclusión, la calidad en la gestión, el compromiso con la sostenibilidad y la solidaridad territorial. Las coyunturas plantean necesidades de cambio constante, de actualización y resignificación conceptual que sea parte del desarrollo de una estrategia general de gobernanza en la que la RSAP sea parte de ese engranaje y conlleve a una praxis innovadora cuya experiencia se sistematice y esté en constante proceso de mejora.

Por otro lado, las unidades de cumplimiento de políticas públicas multisectoriales, de la mano de una agenda pública digital, vienen a desempeñar un rol que brinda certezas en medio de la incertidumbre de cara a los diversos panoramas que pueden visualizarse en el mediano plazo. Estas unidades han venido evolucionando con el tiempo y cuentan con características que permiten una mayor adaptabilidad a las demandas del aparato público; están a la par de los centros de toma de decisiones, tienen una curva de aprendizaje más corta que en épocas pasadas debido a la digitalización de la información, así como sistematización de las experiencias y permiten un mayor aprovechamiento de las nuevas tecnologías disponibles. Esto sin lugar a duda, requiere un compromiso de carácter político que trascienda lo meramente coyuntural y electoral, que en el caso de América Latina puede denominarse, como la consolidación de políticas de Estado según lo expone el profesor argentino y experto en gestión pública, Oscar Oszlak.

Entre los dilemas más importantes para la administración pública durante este periodo de emergencia sanitaria, se encuentra el tener que pensar en elegir entre la salud y la economía. Las medidas de aislamiento necesariamente detienen le actividad económica de los países, por lo que el evidente impacto en las capacidades estatales para resolver tareas pendientes a la ciudadanía se vuelve cada vez más notorio. Viejos problemas estructurales sin resolver como son la desigualdad o la pobreza, sumado a las nuevas brechas tecnológicas, exigen mejores servicios y espacios creativos para la innovación a partir de enfoques estratégicos con carácter abiertamente disruptivos. La proyección de contextos múltiples donde se integren variables de diversa índole pasa por la comprensión de los fenómenos exteriores, mismos que inciden directamente en cada realidad a lo interno.

El rol del conocimiento juega un papel fundamental en la construcción de nuevas narrativas pluralistas e inclusiva en el imaginario de lo público; nuevas lógicas y dinámicas se tornan parte indispensable de los procesos creativos que son necesarios para producir las ideas adecuadas y a la altura de los tiempos. Enseñar a desaprender es menester para poder abrirse a concepciones que reten el malentendido “sentido común” tradicional y generen nuevos equilibrios entre lo público y lo privado, dando prioridad en ese sentido a las demandas que nacen en medio del actual periodo donde algo está terminando su ciclo y lo nuevo aún no surge por completo. Es prioridad la formación en esquemas y categorías analíticas que se salen por completo de los patrones académicos tradicionales.

En este periodo de confusión, el bienestar de la población y la sostenibilidad pasan a ser base fundamental para la articulación de esfuerzos en aras de construir propuestas, fortalecer instituciones y blindar a la ciudadanía de las amenazas objetivas que comienzan a asomarse en el periodo después de la pandemia. Esas realidades concretas muy relacionadas a problemáticas de tipo global y geopolíticas; migraciones masivas, conflictos armados, cambio climático, hambrunas y nuevas pandemias. Todo dentro del esquema de adaptación que la administración pública deberá considerar, donde exista el acceso amplio e irrestricto al conocimiento que permita prever, predecir y proyectar las necesidades, limitaciones y posibilidades de lo público.

Dentro de las grandes mega tendencias en torno a la administración pública y su evolución, la modernización del aparato del Estado es pieza clave. La relevancia que adquiere la democratización de la participación ciudadana en el diseño y reestructuración estatal es alta, especialmente en momentos donde la falta de una idea de autoridad firme o refugio que sea guía y respaldo en medio de las dificultades no ha podido ser hallada a pesar de lo sucedido con el problema mundial que ha significado el virus, tal como lo expone el profesor Ignacio Ramonet. La inclusión de los nuevos grupos sociales de ese nuevo gran sector plural, junto con el uso y desarrollo de las facilidades tecnológicas actuales, se convierte en un ejercicio de confianza, transparencia y seguridad que fortalece la administración pública en el presente y hacia el futuro.

Instituciones sólidas pero sensibles a las realidades internas de los grupos sociales que se encuentran en desventaja respecto a otros con mayores facilidades económicas, en la que los funcionarios cuenten con la adecuada preparación profesional y humana para tratar con calidad y eficiencia sus demandas, que gestionen haciendo uso de la tecnología y brinden respuestas en poco tiempo. La función pública que incorpora a la sociedad y sus actores va a abrir lugar a una serie de responsabilidades mutuas compartidas, que exigen tanto del Estado como de la ciudadanía un trabajo en conjunto, solidario y eficiente en el camino a la obtención de los objetivos y misión país que se establezca, tal y como una sociedad abierta, pluralista y democrática lo demanda.

Mauricio Ramírez Núñez, Académico.