Melissa Vargas Camacho, Politóloga.
Desde hace algunos años a la fecha, tanto líderes políticos, como analistas, todólogos, costarricenses en general, han arremetido una y otra vez contra las instituciones que dan estabilidad, fortaleza y sostén a nuestro sistema democrático.
Con la investigación denominada Caso Cochinilla nos percatamos de otro lamentable caso de corrupción, cuyos alcances aún desconocemos, pero que envuelve tanto a funcionarios públicos como a empresarios. Ante esto, los detractores de la democracia e instigadores del caos gozan a sus anchas.
Y es que parece que existe un grupo de ciudadanos que disfruta los golpes que pueda sufrir la institucionalidad. En esta ocasión los señalamientos recaen sobre el Poder Judicial y la Contraloría General de la República.
Sin embargo, la irresponsabilidad y la demagogia política electorera, en momentos difíciles poco o nada ayuda a la solución de las crisis, más bien las acentúa, propiciando exageraciones, desvirtuando así los hechos y nublando la realidad.
Ante los hechos de corrupción, las acciones obviamente tienen que ser llevadas ante las instancias judiciales que correspondan y afrontar allí hasta las últimas consecuencias, pues para eso han sido establecidas. Esto no quita que la opinión pública pueda formar su criterio y condenar al tiempo en que se llevan a cabo todas las investigaciones.
¿Cómo culparlos? Si como ciudadanos estamos cansados de los constantes retrasos en el manejo de los procesos judiciales que minan la credibilidad y el prestigio del Poder Judicial al dejar atrás aquellos principios de justicia pronta y cumplida. Percepción que preocupa, justo porque es este Poder uno de los bastiones que asegura constitucionalmente nuestros derechos ciudadanos.
Por más deseos que tengamos de conocer la verdad y ver pagar a los culpables de desfalcos tan graves al erario público, no debemos caer en el error de confundir la eficiencia de la administración de la justicia, con la debilidad institucional puesto que son cosas muy diferentes. Las instituciones persisten en el tiempo y dan continuidad a los sistemas políticos democráticos y los funcionarios con sus acciones son temporales.
Si bien es cierto muchos tenemos nuestras reservas con la actuación de la anterior Fiscal General, y sentimos que la Corte Plena pudo abordar el tema de otra manera. Debemos tener siempre presente que las instituciones, en este caso el Poder Judicial, está por encima de los actuales magistrados y funcionarios. ¡Mismo caso con el CONAVI! Los funcionarios investigados no deben traer abajo la imagen de esta institución.
Otro caso traído a la palestra, es el de la Contraloría General de la República, brazo derecho de la Asamblea Legislativa, así se establece en nuestra Constitución Política, cuyas funciones son muy claras y muy técnicas.
Con la Contraloría tenemos una relación de amor- odio. Por un lado, se le responsabiliza de obstaculizar la gestión pública por sus exhaustivos procedimientos ante la aprobación de presupuestos, licitaciones, adjudicaciones, compras, y una serie de auditorias institucionales, que estén ligadas al uso de recursos públicos. Por otro se les ve en la búsqueda de la agilización de trámites: simplificaciones y omisiones en las autorizaciones.
Por más riguroso que sea el ente contralor, es imposible que pueda verificar la calidad del asfalto aplicado en un camino, el atraso en el movimiento de tierras o los entendimientos entre autoridades y empresarios en la esfera privada de una llamada telefónica.
¿Cómo podría la Contraloría supervisar en el día a día las acciones de todos los funcionarios públicos, regidos por las leyes de la República y por los reglamentos de cada institución?
Sin duda este tema merece una discusión aún más amplia, finalmente estamos hablando de instituciones que no merecen ser juzgadas por el accionar de personas dentro o fuera de ellas. El Caso Cochinilla, y cualquier otro tipo de investigación debe recaer sobre quienes actuaron mal.
Estamos a pocos meses de celebrar nuestro Bicentenario. Celebremos gozando de la paz social que se garantiza con la institucionalidad de quienes que dan estabilidad, fortaleza y sostén a nuestro sistema democrático
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