Menos armas, mas seguridad

Hay que estar claros que la portación de armas no es una garantía de seguridad, una sociedad con más armas, es una sociedad menos segura.

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Lilliana Sánchez Bolaños., Politóloga (Msc.).

La no existencia en nuestro país de fuerzas militares desde 1949 es un verdadero privilegio para la sociedad costarricense. Este gran logro social ha permitido que el Estado costarricense contar con mayores recursos para invertir en gastos sociales, educativos y de salud pública.

La proscripción del ejército como institución permanente convirtió a las fuerzas policiales en el ente encargado de velar por la vigilancia y conservación del orden público, tal como lo señala el artículo 12 de la Constitución Política.

La interpretación de este artículo por parte de la Sala Constitucional permite señalar que el Estado puede legítimamente regular los aspectos de control de las armas de fuego, sea en cantidad y tipo de armas permitidas para uso de la población civil, en aras de garantizar la seguridad de las personas y dado el alto poder destructivo que poseen, razón por la que limitar la inscripción a un arma por persona no lesiona derechos legales ni constitucionales.

Sobre el poder regulatorio del Estado sobre las armas de fuego, la Sala Constitucional en su voto 2645-98 manifestó lo siguiente:

“…si bien se reconoce el derecho de los particulares a defenderse de ataques ilegítimos, incluso utilizando armas de fuego para ello, el Estado debe tener un estricto control acerca del tipo y cantidad de armas en manos de la sociedad civil y los requisitos para su portación. En este sentido, la Ley de Armas se presenta como la herramienta del Estado para establecer reglas de seguridad y control entorno a armas de fuego, municiones y explosivos.
No se infringen los principios de Estado de Derecho ni legalidad, dado que ámbito de libertad de las personas puede legítimamente regularse cuando estén de por medio conductas que lesionen o pongan en peligro los derechos de terceros, lo cual, es clarísimo en el caso de la utilización de armas”. 

La última reforma a la Ley de Armas y Explosivos No. 7530, procura un mejor control y regulación estableciendo la para que los habitantes de la República puedan adquirir, poseer y portar armas, en las condiciones y bajo los requisitos establecidos en esa norma y su reglamento. En consecuencia,   portar un arma no es un derecho sino una autorización meramente legal, la cual es susceptible de regulación por parte del Estado, especialmente si se considera que dicha regulación va dirigida a salvaguardar la paz, la seguridad y el bienestar de la sociedad.

Muchos de los defensores de otorgar más armas a los ciudadanos deberían repensar con mucha seriedad que aquellas sociedades donde más armas existen, también son las que más violencia viven. Ante tal circunstancia, los ciudadanos debemos preguntarnos: ¿es armarse verdaderamente una solución ante la inseguridad ciudadana?

Cuando en una sociedad la percepción de inseguridad aumenta, por el débil trabajo que realizan las instituciones públicas, manifestado en el aumento de delitos y acciones que dañan directa e indirectamente a las personas y sus bienes, los ciudadanos tienden a buscar mecanismos de defensa propia para garantizar su seguridad, lamentablemente entre esos mecanismos está la opción de adquirir un arma ya sea de forma legal o ilegal.

Hay que estar claros que la portación de armas no es una garantía de seguridad, una sociedad con más armas, es una sociedad menos segura.

Elvira Cuadra, socióloga especialista en temas de seguridad, investigadora del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Nicaragua afirma que:

“…hay estudios realizados en diferentes partes del mundo que demuestran que cuando un civil intenta defenderse con un arma de fuego, a menos que esté especialmente entrenado para eso casi nunca es efectivo, y termina o perdiendo el arma o termina lesionado o muerto”.

La incidencia de las armas en las tasas de homicidio es alarmante. En Costa Rica se estima que más del 78% de los homicidios en Costa Rica estuvieron relacionados con la utilización de armas de fuego, según las Estadísticas del Poder Judicial.

Otros datos reconocen que la participación del crimen organizado en la cantidad de homicidios ocurridos en Costa Rica ha incrementado considerablemente.

La solución entonces es, como lo ha resuelto la legislación, aumentar los mecanismos de control, restricciones y penas para la venta, inscripción y tenencia de armas lo que conlleva a un interés superior por el cual el Estado debe velar: el interés público.

Democracia, Estado de Derecho y Seguridad constituyen un triángulo primordial que establece una base sólida para el desarrollo y la paz. Estos valores deben de ser base fundamental de la política pública en materia de seguridad.

Como país no podemos permitir convertirnos, como muchos de nuestros hermanos centroamericanos, en una sociedad de violencia, criminalidad, trasiego de drogas y armas. Debemos más bien, revertir la desigualdad social para lograr el Bien Común para todos los habitantes.

 

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