México debe abordar la violencia incesante contra periodistas

(Washington D.C.) – La agudización de la violencia contra periodistas en México debilita gravemente la libertad de prensa, señaló Human Rights Watch hoy, con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa. El presidente Andrés Manuel López Obrador debería adoptar medidas urgentes para fortalecer el mecanismo de protección del gobierno federal, cesar el hostigamiento a periodistas que critican al gobierno y asegurar que los fiscales pongan fin a la impunidad casi absoluta de estos crímenes.

En lo que va de 2022, ocho periodistas han sido asesinados en México —más que en todo 2021 y en segunda posición después de Ucrania, donde al menos 12 periodistas han sido asesinados, la mayoría mientras cubría la guerra, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Al menos 33 periodistas han sido asesinados en México en relación con su trabajo desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018, conforme señala la organización de libertad de prensa Artículo 19, que realiza un seguimiento de estos asesinatos.

“Este año va en camino a convertirse en el más letal de la historia para los periodistas en México”, indicó Tyler Mattiace, investigador para las Américas de Human Rights Watch. “El presidente López Obrador no solo no ha abordado la violencia contra la prensa, sino que además sigue utilizando sus conferencias mañaneras para hostigar e intimidar a periodistas”.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, en cuanto a la cantidad de asesinatos cada año. Las autoridades rara vez esclarecen estos crímenes o enjuician a los responsables. El mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas del gobierno federal tiene una capacidad limitada para responder a todas las necesidades de protección.

La mayoría de los crímenes en México quedan impunes, incluyendo los asesinatos de periodistas. De las 105 investigaciones sobre asesinatos de periodistas realizadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) desde su creación en 2010, tan solo seis han resultado en condenas por homicidio. Ante estos hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura.

Durante las conferencias de prensa matutinas del presidente López Obrador, funcionarios del gobierno han exhibido los nombres y fotografías de personas que alegan son responsables del asesinato de periodistas y otros delitos, junto con mensajes sobre “cero impunidad”. Por lo general, se trata de individuos que han sido detenidos por autoridades estatales o federales pero que todavía no han sido juzgados o condenados por estos delitos y, en ocasiones, no han sido llevados ante un juez.

Este teatro de orden público no garantiza que habrá justicia por los asesinatos de periodistas, señaló Human Rights Watch. La mayoría de las denuncias penales en México no avanzan más allá de la investigación inicial, incluso cuando las autoridades han identificado presuntos responsables. Tan solo 2.5 % de las investigaciones penales en 2020 resultaron en una vinculación a proceso, y poco menos de 0.3 % llegaron a un juicio oral, conforme indica México Evalúa. Aproximadamente 95 % de todos los crímenes nunca se esclarecen, según México Evalúa.

El presidente López Obrador ha adoptado una actitud hostil hacia los periodistas independientes. A menudo señala abiertamente a periodistas que critican su gestión, mencionando sus nombres y otros datos personales durante las conferencias de prensa matutinas, y acusándolos de “corruptos” o “criminales”, con la presunta intención de hostigarlos e intimidarlos.

El gobierno federal y los estados implementan mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Estos mecanismos brindan sistemas de cámaras, botones de pánico, protección policial y asistencia para la reubicación a periodistas amenazados. El mecanismo federal, creado en 2012, cubría a 521 periodistas y 1045 defensores de derechos humanos bajo amenaza al 29 de abril.

Estos mecanismos son de suma importancia, pero presentan falencias y no han podido responder a todas las necesidades de protección, indicó Human Rights Watch. El mecanismo de protección federal frecuentemente agota su presupuesto antes de culminar el año y no cuenta con personal suficiente, lo cual genera demoras, según señalaron integrantes de su junta de gobierno a Human Rights Watch. Esta situación se ve agravada por el número de personas que solicitan protección, que se ha duplicado desde 2018. Adicionalmente, el mecanismo a menudo enfrenta dificultades para coordinar su trabajo con el de funcionarios estatales y locales, conforme un diagnóstico que realizó la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en 2019.

Nueve periodistas han sido asesinados mientras recibían protección del gobierno federal, su mayoría durante el gobierno de López Obrador, indicó un representante del mecanismo federal a Human Rights Watch. En otros casos, periodistas solicitaron protección al gobierno pero fueron asesinados antes de recibirla, conforme señala el Comité para la Protección de los Periodistas.

El gobierno de López Obrador ha propuesto una reforma del sistema de protección y afirma que tiene intención de enviar un proyecto al Congreso en septiembre. Los funcionarios todavía no han divulgado el texto preliminar del proyecto. Esta reforma podría mejorar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos en México, pero solamente si aborda los graves desafíos que enfrenta sistema actual, que han sido identificados por la Oficina de la ACNUDH y otros actores, apuntó Human Rights Watch.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado a López Obrador a que ponga fin a la intimidación de la prensa y reconozca la crisis de violencia contra los periodistas en México. En 2019, la Oficina de la ACNUDH reconoció que el hostigamiento oficial es un factor estructural que contribuye a la violencia contra periodistas e instó al gobierno de López Obrador a encabezar una campaña nacional que reconozca el papel positivo que tienen los periodistas y defensores de derechos humanos en la sociedad.

Los gobiernos tienen la obligación conforme al derecho internacional de proteger la libertad de prensa, lo cual incluye adoptar medidas para prevenir los ataques contra periodistas y asegurar que dichos ataques sean investigados y se juzgados.

“Cada día, periodistas valientes en todo México se exponen al riesgo de violencia o muerte para hacer su trabajo y mantener informada a la población”, señaló Mattiace. “En vez de atacar y denigrar a los periodistas, el presidente López Obrador debería respaldarlos”.

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