Ernesto Hernández Norzagaray/Latinoamérica21

El triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Juntos hacemos historia”, vino inesperadamente acompañada de la noticia de que los partidos de la mencionada coalición podrían, sumados, tener la mayoría calificada en ambas cámaras legislativas. Esto significaría que, al menos, en el próximo trienio, no habría contrapesos legislativos al poder presidencial. 

Esto provocó reacciones, un segmento de la oposición social posicionó en redes el hashtag #Megafraude con imágenes de errores e inconsistencias en las actas que no correspondían con el acta PREP y puso en duda los conteos rápidos. Mientras que la oposición política, aglutinada en la coalición “Fuerza y Corazón por México”, tras reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum, exigió la revisión de 80% de las actas, y no el 60% que ofrece el Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar posibles errores e inconsistencias antes de llevar los resultados ante los magistrados del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Estos serán finalmente los encargados de procesar judicialmente los recursos interpuestos. 

La política de revisión de “voto por voto, casilla por casilla” que se viene practicando desde los comicios de 2009 no ha provocado mayores modificaciones en los resultados electorales. Y dada la diferencia abrumadora de 30 puntos entre la candidata oficialista y la del frente opositor, es probable que el conteo no pase a mayores y se ratifiquen los resultados preliminares dados a conocer por el INE.

Sin embargo, donde sí podría haber cambios es en el Congreso de la Unión, donde la coalición ganadora podría no alcanzar los 84 senadores requeridos para la mayoría calificada. 

¿Qué es la sobrerepresentación?

En la Constitución mexicana, se entiende por sobrerrepresentación, que un partido político obtenga, en función de determinados mecanismos electorales, un porcentaje de curules 8% superior al porcentaje de votos obtenidos. Además, la Constitución establece que ningún partido debe tener más de 300 de los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados.

Sin embargo, los partidos de la coalición ganadora postularon candidatos comunes en muchos de los 300 distritos electorales y transfirieron votos de un partido a otro lo que es inconstitucional. Con esos votos se supera como coalición, y con mucho, el límite de los 300 diputados que, si vale para los partidos, vale para las coaliciones, como sucede en distintas disposiciones del artículo 41. Y es que la Constitución contempla la sobrerrepresentación, más no acumulada, como la que hoy intenta la coalición ganadora que alcanza un 18% y que haciendo justicia al principio de “un voto, un ciudadano” tendrían que ser redistribuidos entre las distintas bancadas.

 

Ahora, sí la mayoría de los consejeros del INE, haciendo una lectura literal de la Constitución le dan trámite a favor, estarían desechando una interpretación sustantiva del espíritu de la Constitución expresado en el artículo 41. 

De ser así, deberán ser los magistrados del TEPJF quienes resuelvan el dilema entre proceder según el espíritu de la Constitución o según la gramaticalidad de la ley. Se trataría de una decisión histórica debido a lo que significaría para la separación de poderes, los contrapesos necesarios en toda democracia y la salvaguarda de los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Los riesgos de las sobrerepresentación

Si el próximo gobierno llegase a tener el control absoluto del Congreso de la Unión, se podría llegar a correr el riesgo de la consolidación de una visión autocrática del poder. Esto pondría fin a la pluralidad construida en la larga transición a la democracia, que dotó al país de controles al poder político. Y es que con las mayorías que contaría el nuevo gobierno, tendría todo para reescribir la Constitución y las leyes. 

Un país sin contrapesos no implica per se un régimen autoritario. Sin embargo, las 20 reformas constitucionales que AMLO ha propuesto, entre ellas el control político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace suponer que de enviarse en septiembre al Congreso de la Unión y votarse con la nueva super-mayoría, podría someter el Poder Judicial al Ejecutivo como lo han hecho gobiernos autoritarios latinoamericanos. Para ello, sin embargo, López Obrador debería contar con el apoyo de Claudia Sheinbaum, quien ya ha adelantado al presidente saliente de la necesidad de abrir el debate en torno a las reformas propuestas.

Más allá de lo que termine decidiendo el oficialismo en torno a estas propuestas de reformas, los contrapesos son esenciales para fortalecer las instituciones y minimizar los riesgos del surgimiento de gobiernos autoritarios. Regímenes como el que ya vivió México durante el largo periodo priista que se mantuvo en el poder durante 71 años hasta que los ciudadanos le pusieron fin en el año 2000 con su voto.

Ernesto Hernández Norzagaray es Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
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