Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Economista (Ph.D.).

Es de justicia reconocer los muchos logros que nos deja la Administración del hoy Expresidente don Carlos Alvarado. Desdichadamente la opinión pública confundida por tanta oposición muchas veces infundada, mayoritariamente no se los reconoce.

En parte esto es fruto de la falsa pero generalizada creencia de que los puestos públicos, en especial los de miembros del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, son simples privilegios y prerrogativas, verdaderas prebendas inmerecidas que solo existen para la satisfacción personal de quienes las detentan.

No soy de su partido. Su partido, el PAC, es en gran medida culpable de esa concepción creada por promover un clima de opinión que hace que muchos ciudadanos consideren que todos son corruptos salvo ellos. Además, el PAC me ha perseguido injustamente como lo demuestran las resoluciones judiciales que reiteradamente han declarado mi inocencia. Como si lo anterior fuera poco, la única vez que hablé con el Presidente Alvarado de algo personal fue para ponerlo en conocimiento de que los órganos que llevaban en mi contra la dura persecución, el fiscal, el procurador y el abogado del ICE, estaban de acuerdo en no seguir en ella eternamente y llegar a un acuerdo. El INS con conocimiento del Presidente no estuvo de acuerdo. Que ese acuerdo se justificaba vino a confirmarlo este año la Sala Constitucional, al resolver en mi favor un recurso de amparo que declaró se ha violado mi derecho humano a justicia pronta y cumplida con una persecución penal que 21 años después de iniciada no ha llegado siquiera a juicio.

Pero como ciudadano estoy agradecido por los frutos obtenidos por la administración que recién terminó, como Expresidente siento la obligación de comunicárselo a mis conciudadanos dando mis razones, y como cristiano me duele el mal trato que representa para don Carlos y para doña Claudia esta opinión temporalmente desfavorable que no reconoce sus esfuerzos ni sus realizaciones.

Veamos los hechos

Traté de 1998 al 2000 de mejorar la capacidad del gobierno de construir más infraestructura y de proveer de mejores servicios sociales especialmente a los más vulnerables sin aumentar impuestos racionalizando el gasto, cobrando mejor los impuestos, abriendo a la competencia los monopolios estatales y vendiendo algunas instituciones que podían trabajar en competencia. Cuando con engaños se imposibilitó esa salida, convoqué a los Exministros de Hacienda quienes prepararon una propuesta de reforma fiscal estableciendo el IVA y globalizando el impuesto de renta, y lo presentamos a la Asamblea Legislativa. Además, desde 1988 había propuesto establecer constitucionalmente una regla fiscal. No fue sino hasta 2018 que el gobierno de don Carlos con apoyo multipartidista logró se aprobara esa reforma tributaria y una regla fiscal, desdichadamente esta última sin rango constitucional. ¿Adónde estaríamos hoy si no se hubiera aprobado esas medidas, que eran absolutamente indispensables desde años atrás y urgentes en ese año ante el “hueco fiscal” que había dejado el anterior gobierno del PAC? ¿Cuáles habrían sido los sacrificios adicionales que habrían sufrido las familias más vulnerables con la pandemia, las rupturas de las cadenas de producción y el incremento en el costo de los fletes, la inflación internacional y el aumento en las tasas de interés, y la invasión de Rusia a Ucrania con sus efectos en el precio de alimentos, fertilizantes, metales y combustibles si no se hubieran tomado esas medidas?

La reforma procesal laboral se originó en una iniciativa presentada por mi gobierno para mediante procedimientos sumarios evitar la acción de patronos haciendo nugatorio el derecho a la sindicalización laboral. Fue aprobada 14 años después en 2016, incluyendo modificaciones adicionales que constituyen toda una nueva legislación procesal en este campo, y que amplió dejando desprotegidos a los ciudadanos, las posibilidades de huelgas en los servicios públicos. A principios del año 2020 el Gobierno de don Carlos Alvarado, de nuevo con apoyo multipartidista, logró reformar esa legislación procesal laboral que había sido aprobada por el anterior gobierno PAC e introdujo reformas muy importantes al ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos.

Por años se venía discutiendo en el país la necesidad de reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa para facilitar la aprobación de las leyes e impedir que una ínfima minoría de diputados impidiera la votación de proyectos urgentemente requeridos por el país. Esto había sido recomendado por diversas comisiones de notables, asesoras a gobiernos anteriores. De nuevo la anterior administración lo logró.

En la última década el INA vino instruyendo cada vez menos trabajadores, y cada vez con peores resultados en cuanto al empleabilidad de sus graduados. De nuevo en campo tan indispensable para la productividad, el crecimiento económico y sobre todo el bienestar de las familias de trabajadores, se logró aprobar una reforma sustancial de los procedimientos del INA a propuesta del gobierno 2018-2022.

Después de una intensa brega política y venciendo innumerables obstáculos obtuvo el gobierno Alvarado Quesada la aprobación de la Ley de Empleo Público, para tratar de ordenar nuestro aparato burocrático.

Se aprobó toda la legislación necesaria para acceder a la OCDE, a pesar de que alguna era directamente conflictiva con los postulados del PAC.

Se aprobaron la Ley de Enseñanza Dual que había sido imposible de lograr anteriormente, y una Ley para obligar a hacer exámenes de idoneidad para ingresar a la carrera docente. Ambas fueron iniciativa del diputado del PLN don Wagner Jiménez, pero contaron con la aprobación del gobierno, a pesar de que había oposición sindical a ambas legislaciones.

En política ambiental se estableció el Plan de Descarbonización que fue respaldado por una evaluación del BID y se fortaleció el liderazgo nacional reconocido internacionalmente.

Se volvió a dinamizar la construcción de infraestructura vial y revivió la sectorización del transporte público de personas que había caído en coma a partir de 2002.

El manejo de la política monetaria y crediticia que consideró fue muy exitosa en períodos de dificultades fiscales graves y serios empobrecimientos causados por factores externos, aunque no es responsabilidad del gobierno sino del BCCR, contó con el apoyo del Presidente Alvarado.

El manejo de la pandemia mostró las bondades de nuestro sistema de salud, que ya desde inicios de este siglo había merecido las felicitaciones de la Organización Mundial de la Salud, y que ejemplifica las bondades de dar continuidad a las políticas de estado, como se ha hecho en este campo. Pero también debe reconocerse la buena tarea del gobierno en la provisión y distribución de las vacunas, y en las disposiciones sanitarias que limitaron la actividad económica, pero salvaron vidas de nuestros compatriotas. Los datos son claros, por ejemplo:

También en este campo fue un éxito el Programa del Bono Proteger para llevar auxilio económico a las familias más necesitadas por la crisis económica causada por la pandemia, claro con casos de abusos de algunos avivatos que son inevitables en una acción tan amplia y urgente.

Ciertamente y en mi opinión también hubo políticas equivocadas:

No arreglar la torpe medida sanitaria contra el aguacate mexicano que se perdió en la OMC ni querer negociar el acceso a la Alianza del Pacífico.

No modificar en la CCSS las condiciones de aseguranza para trabajadores independientes.

No apoyar a la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar cuando enfrentó las consecuencias de asegurar la continuidad de la acción del gobierno ante el “hueco fiscal” heredado y no lograr retener los servicios de la Ministra de Comercio Exterior Dyalá Jiménez.

Meter al país -en medio de urgencias económicas y sociales- en confrontaciones culturales, que a la par que contrarias a los valores de una mayoría de los ciudadanos a la que me sumo, nos inmiscuyeron en luchas que no eran urgentes e incluso irrespetaron en el campo de la educación pública conceptos de su acuerdo político para la segunda ronda.

No avanzar en los cambios sustanciales requeridos por el ICE ni en una reforma profunda del aparato estatal.

No coordinar ni resolver los problemas de relaciones entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y la SUTEL para impedir que siguieran imperando relaciones confusas, lentas y excesivamente burocráticas entre ellos y la falta de acción para recobrar las frecuencias en manos del ICE necesarias para la red 5G. Estas actuaciones en el campo de las comunicaciones digitales son en mi concepto las más negativas de la Administración saliente, pues dejan al país con gran atraso tecnológico y son, al menos en parte, responsables del grave apagón educativo que nuestros estudiantes sufrieron con la pandemia.

Pero el resultado global es altamente positivo.

Ese resultado es fruto de la fortaleza del Presidente Carlos Alvarado para enfrentar los graves problemas en buena medida creados por su propio partido y cambiar la dirección de su gobierno cuando ello fue necesario. Fue posible por su decisión de un gobierno de unidad nacional, por el acuerdo con Rodolfo Piza y por haber con desprendimiento buscado la colaboración de personas ajenas al PAC con una diferente visión y con gran dedicación a la construcción del bien común. Rescato la participación al inicio de su gobierno de Rodolfo Piza, Rocío Aguilar, Edna Camacho, Rodrigo Cubero, Rodolfo Méndez, André Garner, Luis Adrián Salazar, Dyalá Jiménez, Agustín Castro, Betsy Rojas, Esmeralda Britton, Juan Ramón Rivera, Patricia Vega.

Es evidente que se contó con el apoyo patriótico de fuerzas políticas de oposición que aprobaron en la Asamblea legislativa cambios sustanciales. Ese apoyo también se debe agradecer. En buena medida esa actuación patriótica fue posible por las características que acabo de enumerar de la presidencia de don Carlos Alvarado.

Me recuerda el gobierno de don Carlos Alvarado algunos aspectos de las acciones políticas que tantas veces he reconocido y admirado de don Luis Alberto Monge, quien frente a la crisis de inicios de los ochenta del siglo XX cambió la dirección de las políticas económicas de su PLN y construyó acuerdos con la oposición.

Creo con sinceridad que por encima de emociones pasajeras los costarricenses debemos reconocer y agradecer los importantes servicios ofrendados al país por el Presidente don Carlos Alvarado.


En La República

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Por Miguel Angel Rodríguez Echeverría

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Economista (Ph.D.), Abogado y político costarricense. Fue Ministro Director de la Oficina de Planificación (1968) y Ministro de la Presidencia (1970), Diputado de la Asamblea Legislativa 1990-1994, período en que ejerció la Presidencia del Congreso, Expresidente de Costa Rica (1998-2002) y Ex Secretario General de la OEA.