Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Economista (Ph.D.) Abogado.

Desde hace varios meses he venido insistiendo con quienes me han pedido opinión, y en ocasiones sin que se me haya solicitado, en la conveniencia de autorizar la colocación de los $6.000 millones de los llamados eurobonos que solicita el gobierno.

Frente a esa posición, muchas personas me han manifestado reticencia a que se apruebe la emisión de 4 emisiones anuales de $1.500 millones, porque tener recursos disponibles podría debilitar la disciplina de control del gasto público que se ha logrado gracias a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de 2018 que incluyó la regla fiscal, finalmente aprobada 30 años después de cuando la propuse.

Claro que estoy de acuerdo en seguir por el camino que establece la regla fiscal, que nos ha llevado a que en su reciente Informe de Política Monetaria el BCCR afirme que se alcanzó el año pasado la cima de la relación Deuda Pública a PIB, y que este año ya está en descenso esa proporción.

Continuar por esa senda es muy necesario para que al disminuir esa relación a menos de 60% se pueda moderar la restricción al gasto. Así se podrá incrementar la inversión en infraestructura que se encuentra tan deteriorada y que afecta negativamente el bienestar y la productividad; se podrá también incrementar los programas de asistencia social, tan necesarios por las olas de empobrecimiento que nuestro país ha venido padeciendo; y se podrá ajustar los salarios del sector público por la inflación que estamos sufriendo y que, aunque menor que para este año, también se proyecta elevada para el entrante.

Por eso incluso es importante ponernos de acuerdo en otras avenidas para bajar esa relación deuda a PIB más rápido, como por ejemplo con la venta de algunos activos para hacer amortizaciones extraordinarias.

Otras personas han expresado su oposición a que se autorice más de los $1.500 millones de la primera colocación destinada en buena parte a amortizar $1.000 millones que se deben pagar de una colocación anterior, por los efectos en el tipo de cambio de la colocación de deuda externa en dólares en vez de interna y sus repercusiones contrarias a la competitividad de nuestras exportaciones y de la producción de bienes que compiten con los importados. También porque la tasa de interés menor respecto al mercado interno que se pueda alcanzar depende de condiciones económicas y financieras futuras que hoy no conocemos.

A la primera objeción por válida preocupación de que no se acelere el gasto público he respondido que el control de este se hace por medio de las aprobaciones presupuestarias, cuya adopción es potestad de la Asamblea Legislativa. Allí en las autorizaciones al gasto radica la competencia para su control. Luego de lo que se trata es de buscar la manera menos costosa y más eficiente de financiar el monto de las erogaciones que no se pagan con los ingresos corrientes, que son básicamente los impuestos.

Que ya la relación deuda pública a PIB esté disminuyendo no significa que el valor nominal de la deuda también esté bajando. Aunque el déficit primario se haya convertido en superávit, y ese superávit este aumentado, siempre hay al menos parte del gasto total que se debe financiar con deuda, y además se debe amortizar colocaciones anteriores de bonos.

Que el monto de erogaciones no pagadas con los impuestos sea cada vez una proporción menor del PIB es lo importante, y eso depende del aumento del superávit primario y de pagar la menor tasa de interés posible.

Para pagar una tasa de interés menor y no presionar nuestro pequeño mercado financiero en muchas ocasiones es ventajoso colocar la deuda en el exterior.

Ya este año en el mercado internacional el diferencial de costo de colocar deuda de Costa Rica respecto a la de EEUU es menor al promedio para Latinoamérica y también menor al promedio para mercados emergentes. Este es un cambio muy importante después de que por nuestra fragilidad fiscal éramos uno de los países de nuestra área que debía pagar la tasa más alta de interés.

Tener autorizaciones para colocar deuda por varios años da garantías a los mercados internacionales de que no se tendrá problemas en el futuro por dificultades políticas para su aprobación. Esas dificultades han estado presentes entre las razones para la baja calificación del país en la evaluación de su riesgo, lo que encarece el costo de colocar deuda.

Para evitar colocación de las emisiones de los años posteriores a 2023 sin aprobación legislativa posterior si se deteriora la situación fiscal, por no seguir la regla fiscal o por otras razones, basta con condicionar su emisión a que el superávit primario respecto al PIB haya sido positivo y creciente y la relación deuda a PIB haya sido descendente, ambos en el año anterior a su colocación.

Para evitar que se aumente el crédito externo en dólares cuando las condiciones macroeconómicas hagan inconveniente el ingreso de esas divisas, bastaría con condicionar la emisión a un dictamen favorable del BCCR.

Pero bueno, no se ha logrado aprobar esa autorización de los $6.000 millones y las manifestaciones de dos fracciones de diputados hacen evidente que no se cuenta con los 38 votos necesarios para hacerlo.

Parece pues que estamos en una de esas circunstancias cuando hay que escoger una segunda mejor alternativa. Dado que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, me parece que lo bueno es, como hace unas semanas me lo planteó un joven amigo diputado, una aprobación urgente de al menos dos emisiones anuales de $1.500 cada. Así el Ministerio de Hacienda pueda colocar lo antes posible la primera, y se da garantía a los mercados financieros de que al menos se cuenta ya con una autorización para 2024. Se puede luego seguir con calma analizando la tercera y cuarta emisión.


La República