Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Economista (Ph.D.) Abogado.

El pasado 25 de abril la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) planteó al país una propuesta de política energética. El tema es muy importante y amerita un debate serio basado en hechos. El punto más conflictivo es si se debe cambiar la política establecida por un decreto en la Administración del Presidente Pacheco que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos.

Es un tema respecto al cual he tenido dudas y diferentes opiniones en el tiempo.

Desde que había sido Ministro a cargo de la Oficina de Planificación en la Administración de don José Joaquín Trejos había colaborado con el Dr. Cesar Dóndoli Director del Departamento de Geología, Minas y Petróleo del MAG tratando de plantear una reforma a la legislación minera que no se efectuó hasta casi 20 años después. En 1994 se aprobó la ley de hidrocarburos que yo había apoyado en su trámite como diputado.

Recuerdo que en los ochenta plantee al Directorio de mi partido político que se promoviera la exploración fuera de las áreas protegidas para luego generar una explotación de petróleo y de gas. La idea era acelerar la recuperación de la economía después de la gran crisis financiera que habíamos sufrido al inicio de esa década. Además, mi propuesta era que se destinase el 100% de los ingresos por regalías e impuestos a la constitución de un fondo que viniese a sufragar con sus réditos los sistemas de pensiones y de medicina de la CCSS. De esa manera se podrían bajar las cargas sociales todo lo que fuese posible sobre trabajadores y empresas, y de esa manera fomentar mejores salarios, menos informalidad y se pudiese acelerar la universalización de la seguridad social.

Durante mi gobierno fomentamos la exploración y dejamos encaminados los procedimientos para la concesión para la perforación del primer pozo de profundidad que diese ya posibilidades a la explotación.

Desde entonces la abundante evidencia científica sobre el cambio climático y los perniciosos efectos de la actividad humana sobre la vida de nuestro planeta se han tornado mucho más evidentes y graves, y la necesidad de evitar las peores consecuencias del calentamiento global y la pérdida de biodiversidad son cada vez más evidentes.

Además, los avances de las energías limpias, la disminución de su costo, así como el propio desarrollo del turismo en mucho basado en la naturaleza y el creciente prestigio y posicionamiento de nuestro país internacionalmente como defensor de la naturaleza obligan a ser mucho más cuidadosos en esta materia. Ese prestigio se ha ganado con importantes actividades pioneras en pago por servicios ambientales, en la conservación de áreas protegidas y en duplicar la cobertura forestal sin disminuir nuestra capacidad agropecuaria. Esas realizaciones y nuestra generación eléctrica con fuentes renovables son causa importante de atracción de inversión directa extranjera que ha sido en los últimos años la causa principal de nuestro crecimiento económico y de generación de buenas oportunidades laborales. Por cierto, que es una lástima la conducta del ICE prefiriendo generar electricidad este año quemando fuel oíl que utilizando las plantas hidráulicas privadas.

Además, no se puede dejar de lado los efectos nocivos para la salud que se derivan de la contaminación atmosférica.

Hoy estoy predispuesto a no incursionar en la explotación de hidrocarburos por esas razones y por los efectos distorsionantes a mediano plazo que podría acarrear esa actividad al condicionar nuestra futura estructura productiva.

El objetivo de la descarbonización no debe ser abandonado. Ello requiere un esfuerzo extraordinario en el sector transporte que es el mayor usuario de hidrocarburos. Es preciso por ello promover el uso de energía no contaminante en ese sector, y la sectorización y electrificación del transporte público y hacerlo atractivo y eficiente para promover un uso más generalizado.

Pero tampoco creo que simplemente se debe evitar el debate.

La propuesta de UCCAEP toca importantes puntos que deberíamos analizar como son la conveniencia de usar gas para sustituir el petróleo importado que hoy representa más del 60% de nuestra energía. Esa proporción de derivados del petróleo lejos de disminuir su importancia relativa en la matriz energética, la ha venido incrementando. La sustitución por gas natural tendría además de la ventaja de ser menos contaminante (25 a 30 % menos contaminante que el fuel oil) la de ser mucho más barato que el petróleo (del orden de un 80% menor). Además, generaría ingresos fiscales para sustituir los que hoy provienen de la importación de combustibles y para otras finalidades como las que había propuesto en los ochenta, o incluso mejor aún para financiar la evolución a energías renovables limpias y permitir la disminución del costo de la electricidad.

Pero ¿podremos dedicar recursos nacionales a un objetivo incierto en nuestras actuales condiciones?

Mi respuesta es negativa. Necesitamos infraestructura, trenes y buses eléctricos, sectorización del transporte, mejora de la planificación urbana, un aparato de seguridad civilista y eficiente para volver a niveles de criminalidad como los de hace 20 años y no habría manera de justificar redireccionar los escasos recursos para un proyecto incierto en sus resultados cuando aún ni hemos acabado de salir de la negativa situación fiscal acumulada desde 2008.

Además, tendría efectos negativos para nuestra actual pauta de desarrollo.

¿Habría alguna circunstancia en la que se justificaría cambiar ahora la política respecto a exploración y explotación de hidrocarburos?

En mi opinión sería conveniente hacerlo si el riesgo lo asumiera en un 100% otro actor, si se hiciera por medio de una concesión según la ley de hidrocarburos que nos blindara contra el fracaso, que fuera en condiciones muy seguras para evitar efectos negativos al ambiente y con medidas muy claras para forzar el uso del gas que resultase de ese proyecto en el transporte durante el período de transición a energías renovables no contaminantes.

Pero según me informan los entendidos en estas materias, se tardaría unos 10 años para poder madurar un proyecto de esta naturaleza. De manera que solo en ese plazo si los resultados de exploración y explotación resultasen favorables, se podría llegar a contar con los recursos fiscales que eso produciría y con las ventajas de usar el gas como una fuente alternativa de energía al petróleo, en la etapa de migración a 100% de energías renovables limpias.

¿Tendría interés alguna empresa con capacidad financiera y técnica para realizar la exploración y explotación de manera amigable y cuidadosa con la naturaleza de invertir en un sitio nuevo en estas condiciones, o les es más atractivo explotar yacimientos ya conocidos y seguros?

Los proponentes del cambio tendrían que probar que se dan este tipo de condiciones para que se pueda justificar cambiar el marco jurídico hoy establecido.

En La República

 

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Por Miguel Angel Rodríguez Echeverría

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Economista (Ph.D.), Abogado y político costarricense. Fue Ministro Director de la Oficina de Planificación (1968) y Ministro de la Presidencia (1970), Diputado de la Asamblea Legislativa 1990-1994, período en que ejerció la Presidencia del Congreso, Expresidente de Costa Rica (1998-2002) y Ex Secretario General de la OEA.