Miguel Ángel Rodríguez: Urgencias y reformas estructurales

Con realismo, sin tapujos se nos ha ido informando sobre los hechos, sin ocultar los peligros y los costos, y señalando las consecuencias de no atender adecuadamente el impacto de este coronavirus.

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Miguel Angel Rodríguez Echeverría, Economista (Ph.D.).

Todos lo sabemos, pero es el punto de partida y debemos empezar por allí: el COVID-19 nos ha empobrecido triplemente. Primero obligándonos a atender la emergencia y a invertir más en salud. Segundo interrumpiendo la producción y la generación de ingresos con las medidas de confinamiento necesarias para preservar la vida y la salud. Tercero, por ser universal, empobreciendo también a nuestros socios comerciales afectando las exportaciones de bienes y servicios, la inversión y el financiamiento externo.

También sabemos que este virus SARS-CoV-2 nos atacó cuando ya estábamos en malas condiciones económicas: déficit fiscal insostenible en el tiempo; deuda pública en niveles muy peligrosos en relación con la producción nacional; desempleo y niveles de informalidad en su más alta medición y crecientes; la producción con una continua disminución en su crecimiento desde finales de 2015 y la desigualdad haciéndose más intensa en este siglo.

Como si fuera poco la situación fiscal actual y proyectada, y nuestra condición de país pequeño de ingresos medios nos ubican en una categoría de naciones con especial dificultad en los mercados financieros, en los cuales ha bajado sustancialmente el valor de nuestros bonos encareciendo el costo de colocarlos internacionalmente. Esto ya se ha reflejado en tres bajas en la nota que nos otorgan las calificadoras de riesgo.

Claro que en esas circunstancias esta crisis sanitaria y económica nos obliga a atender las urgencias.

Debemos agradecer que la urgencia para impedir que la pandemia hiciera colapsar nuestro sistema de salud ha sido exitosamente enfrentada por nuestras autoridades.

Con realismo, sin tapujos se nos ha ido informando sobre los hechos, sin ocultar los peligros y los costos, y señalando las consecuencias de no atender adecuadamente el impacto de este coronavirus.

También es de reconocer que la urgencia de buscar el financiamiento para el déficit fiscal que antes de la pandemia ya se proyectaba para este año, y su agravamiento por la pérdida de ingresos tributarios y el incremento del gasto para atender los aspectos sanitarios y sociales, igualmente ha sido bien atendida buscando rápidamente créditos en las instituciones internacionales.

El frente económico y sus consecuencias sociales para los meses y años siguientes deberían ser atendidos de la misma manera. En este campo, a mi entender, las autoridades nos han quedado debiendo.

Para aceptar las soluciones que deberemos adoptar las personas debemos estar bien entendidas de los retos, problemas y dificultades que tenemos por delante. Nadie acepta un costo si no le es claro que pagarlo es mejor que la alternativa de no incurrir en él.

Desde que nos llegó el COVID-19 he venido insistiendo que el 2021 y el 2022 serán aún más demandantes que la situación actual. No porque tuviera un ojo clínico para saber que la pandemia duraría activa más de lo que en marzo todos suponíamos, sino por entender el incremento en la deuda externa que se produciría, las mayores dificultades para financiar un déficit mayor, y las condiciones adversas que encontraríamos en la economía mundial.

Pero la población en general no ha sido avisada de esta grave perspectiva. Requerimos realismo en señalar las condiciones que nos esperan y manejar las urgencias de manera que tengamos en los próximos años el menor costo posible por su atención. Eso requiere que a la vez que se negocia con el FMI para asegurar que el ajuste no sea impuesto a rajatabla por los mercados mediante una catastrófica crisis financiera, se tomen en consideración los cambios estructurales que nos permitan que la actividad económica se recupere con la mayor velocidad posible.

Es más, las voces del gobierno han sido disonantes. No solo ha habido ausencia en señalar las realidades y el camino, también se ha generado confusión.

Mientras la Ministra de Planificación, el Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central señalan la necesidad de negociar un acuerdo con el FMI, el Ministro de la Presidencia equivocadamente quita importancia a la baja en la nota que las calificadoras de riesgo nos otorgan y señala que “las calificadoras no le van a dar de comer a nadie”. Esa afirmación es contraria a la necesidad de llegar a un acuerdo con el FMI, pues si no es importante la baja nota que nos asignan las calificadoras de riesgo, podríamos colocar en buenas condiciones financieras con bajas tasas de interés deuda externa en los mercados financieros y no necesitaríamos convenio de stand-by.

Esa descoordinación del equipo de gobierno se da con otras incongruencias que dificultan a los agentes económicos formar las expectativas requeridas para que con sus acciones generen la reactivación de la economía. En otras declaraciones el Ministro de la Presidencia resta importancia a restringir el gasto corriente, y afirma que “el gasto público es un elemento fundamental de la reactivación económica” como si esto no dependiera de su costo (el gasto o la inversión privada que lo financia) y del uso que se le dé. Además, señaló que él no considera que se debe aplicar a las universidades la regla fiscal. Si eso fuera como lo señala el Ministro Prieto, ¿cómo podrían empresarios, trabajadores y financistas tomar en serio las declaraciones de otros funcionarios públicos que indican que se deben tomar medidas del lado de los egresos para minimizar el déficit fiscal?

Y en esa misma entrevista había agregado: “hay un estudio muy importante del Estado de la Nación que demuestra que, comparativamente, las pequeñas empresas contribuyen más que las grandes empresas al financiamiento de los gastos públicos. Hay un sesgo malvado que hace que, porcentualmente, las pequeñas empresas contribuyan más que las grandes empresas”. Eso también es incorrecto. En sus notas metodológicas ese estudio señala: “Las empresas que se estudian son las que se encuentran ubicadas alrededor del primer y segundo umbral del impuesto que tienen ventas por debajo de los 150 millones de colones y representan el 85% de las 80,000 empresas que compilan la declaración de impuestos cada año. Estas empresas representan el 25% de la renta neta total y 15% de lo recaudado con este impuesto.” En consecuencia, ese estudio ni siquiera considera la tributación de las empresas medianas y grandes por lo que esa afirmación es totalmente infundada. ¿Para que esparcir este tipo de noticias sin sustento que indisponen a los mismos agentes económicos cuyas inversiones se requieren para reactivar la economía?

¿Será que la negociación con el FMI además de necesaria y urgente para asegurar que el ajuste fiscal y estructural se pueda paliar en el tiempo, es también necesaria y urgente para poder saber a qué atenernos gracias al programa que se acuerde? Parece que solo así podrán los agentes económicos tener claridad de cuáles son las medidas que va a adoptar el gobierno frente a las urgencias y a las reformas estructurales necesarias.


Miguel Angel Rodríguez Echeverría, Economista (Ph.D.) y político costarricense.

Fue Ministro Director de la Oficina de Planificación (1968) y Ministro de la Presidencia (1970), Diputado de la Asamblea Legislativa 1990-1994, período en que ejerció la Presidencia del Congreso,
Expresidente de Costa Rica (1998-2002) y Exsecretario General de la OEA.

 

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